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| Javier Diez Canseco. |
LA REPÚBLICA.PE – Alan García logró durante su
segundo gobierno que las mineras se comprometan a un óbolo minero de 500
millones de soles, y la actual administración de Ollanta Humala anuncia
ahora un acuerdo de gravamen por un monto de 3 mil millones de soles.
¿Qué pasó?, en busca de responder esto, escribe Javier Diez Canseco.
¿Lobos o corderos?, por Javier Diez Canseco
Lo imposible se hizo realidad.
Los mineros –articulados en la
Sociedad Nacional de Minería– abrieron la billetera para el crecimiento
con inclusión.
Sacaron 3,000 millones de soles anuales, si los precios
de los minerales se mantienen, como aporte adicional y fresco al
presupuesto nacional, bajo el nombre de gravamen.
¿Por qué?
Pues por el triunfo electoral de Ollanta Humala y Gana
Perú, con un claro mensaje, expresando una coalición en la que destacan
elementos políticos y sociales claramente comprometidos con el cambio.
Y
es que, más allá de los personajes que hoy representan los puntos de
vista e intereses del gran capital en el BCR, el MEF u otro ministerio,
hay un gobierno amplio pero que no es un Estado privatizado, servil a
los más poderosos.
Además, resulta evidente el peso de un movimiento
social con alta expectativa y vigilante al cumplimiento de los
compromisos asumidos:
Lo que García prometió e incumplió, el fantasmal impuesto a las
sobreganancias mineras, se hizo realidad.
¿Espontánea inspiración de los
poderosos?
No: cambio político y social en el proceso electoral
reciente y una fuerte presión de una vasta opinión pública que dio
fuerza a la voluntad política del gobierno de comenzar a cumplir con lo
ofrecido.
Cierto, varios pensamos que la cantidad debe ser mayor, pasando de
los actuales 3,000 millones de soles a más de S/.6,000 millones dadas
las gigantes utilidades que han acumulado.
Creemos que debe ser un
porcentaje de las ventas mineras y no de sus utilidades, siempre
maquilladas.
¿No sabemos que Antamina ha tenido ventas por unos 3,000
millones de dólares con costos operativos de apenas $600 millones y
utilidades brutas de más de 2,400 millones de dólares el 2010? Pero, es
un avance.
Como lo deberá ser el cobro de las regalías mineras que no
han pagado las empresas que tenían contratos de estabilidad tributaria a
pesar de que el TC dispuso que debieran pagarlas.
Son muchos millones
que podrían servir a la educación, salud, infraestructura o el apoyo al
agro y las PYMES del país.
Y claro, sigue pendiente el tema de services y
contratas abusivas.
Lo que García no cumplió en 5 años se hizo realidad en un mes.
Este
no es el gobierno del Perro del Hortelano y de los petroaudios.
Por eso
también se aprobó la Ley de la Consulta Previa a las comunidades
indígenas amazónicas y andinas, retenida y dilatada años por un
engorroso debate, a pesar de la concertación con las organizaciones
representativas de los pueblos originarios.
¡Con voto unánime!, sumando
al fujimorismo, el APRA y la derecha más cavernaria que lo habían
impedido.
Claro que los Mulder y Eguren argumentaron contra la necesidad
de la ley su papel de espantapájaros de los inversionistas o de
promotora y azuzadora de conflictos más que de canal de solución y
respeto a los pueblos.
Pero al votar, lo hicieron a favor.
Sin embargo, no todo el gran capital juega con la misma estrategia.
El mensaje del gabinete Lerner dejó claro que el Consorcio de Camisea no
quería retornar a la norma que reservaba todo el gas del lote 88 para
consumo nacional y no para exportación.
Y que tampoco abrían las puertas
a bajar el precio de un gas caro que nos venden a precio de gas
importado aunque sea nacional.
En verdad, más allá de la decisión
gubernamental y de sus importantes compromisos de llevar adelante el
gasoducto del sur, decuplicar el abastecimiento domiciliario y
fortalecer las empresas públicas de energía, el Consorcio de Camisea
sigue terco.
Nos muestra que no todos los lobos juegan a corderos ahora.
Muestra los colmillos, pero, no lo dudo, encontrará respuesta no solo
en el gobierno, sino en la gente de a pie que ya sabe que su fuerza
social y política no solo es real y puede obtener cambios, sino que está
harta de ser ninguneada por quienes obtuvieron privilegios indebidos
gracias a sus padrinos en el Estado.
Y es que muchos esperan el fin del
Estado privatizado y están dispuestos a hacer respetar sus derechos y su
soberanía.
El Consorcio de Camisea haría bien en entenderlo de una
buena vez, pues pronto podrían estar viendo a varios de sus padrinos en
el banquillo de acusados, como parece anunciarlo el caso BTR.
