Mientras los ojos del Pueblo estaban distraídos en el circo montado por los diputiteres golpistas sobre las reformas al Artículo 5, al mismo tiempo (ayer 12 de enero) fue introducido al Congreso Nacional un Proyecto de Decreto que prácticamente inicia la entrega de nuestra soberanía nacional a los empresarios extranjeros.
Me refiero a la pretensión de crear las llamadas “Regiones Administrativas Especiales” o “Ciudades Modelo”, eufemismo con el que pretenden encubrir a verdaderas zonas de ocupación extranjera.
Según la noticia (ver abajo las notas de prensa), esta macabra idea consiste en que las empresas extranjeras que se asienten ahí, estarán exentas de cumplir las leyes del Estado de Honduras con el pretexto de atraer la inversión. Se trata de un régimen distinto al de las Zonas Libres porque en estas el Estado no renuncia a aplicar a los extranjeros la jurisdicción de la Constitución y sus leyes, a quienes se les conceden privilegios.
En cambio, en las “Regiones Administrativas Especiales”, los extranjeros podrán utilizar su propia moneda, sus propias leyes, su propia policía, su propio régimen aduanero, sin el aval del Estado de Honduras, conservando la nacionalidad de origen de los inversionistas, y por tanto, la jurisdicción de otros estados dentro del Estado de Honduras.
A tal extremo llega la idea que ni la Corte Suprema de Justicia tendrá jurisdicción en esos territorios pues podrán tener sus propios juzgados.
A los hondureños y hondureñas que habiten en esas zonas solo les serán aplicadas las leyes de Defensa, la Ley Electoral, las relativas a la identidad de los hondureños(as) y la del Presupuesto, de acuerdo a la información. Prácticamente serán extranjeros dentro de su propio país, ¡… salvo que podrán votar por golpistas!
Es un modelo similar al que tiene China en Hong Kong y Macao, donde ha entregado a las transnacionales gringas y europeas prácticamente la jurisdicción de esas ciudades.
Independientemente de si le es funcional a los chinos, en el caso de Honduras, un proyecto de ese tipo será de consecuencias nefastas para nuestra Soberanía nacional, con lo cual tendrá que lidiar cualquier otro gobierno que asuma la conducción del país.
A estos traidores a la patria, no les basta con haber concesionado las cuencas de agua y los minerales, propiedad soberana del Pueblo de Honduras, ni con mantener tropas extranjeras en nuestro territorio, sino que ahora pretenden hacer realidad su sueño de entregar el país a los voraces empresarios extranjeros para que exploten nuestros recursos y nuestra mano de obra según sus propias leyes, a cambio, estamos seguros, de una buena tajada en dólares.
Alerta Resistencia. En lugar de estar pensando en quienes serán los y las candidatas al circo electoral de la oligarquía, aprestémonos para defender la Soberanía nacional de las criminales pretensiones del golpismo “reformista”.
NO A LAS “REGIONES ADMNISTRATIVAS ESPECIALES”
ABAJO EL GOLPISMO VENDEPATRIA
A CONTINUACION LA NOTICIA…
En manos del CN proyecto de “regiones especiales”
Con la aprobación del decreto se creará un territorio autónomo con idioma y moneda propia donde se instalará la “ciudad modelo”
El pleno del Congreso Nacional conoció ayer un proyecto de decreto en el que crea las “regiones administrativas especiales” donde pretende instalar la “ciudad modelo” que operará sobre un territorio autónomo y podrá tener su propio idioma y moneda.
Se trata de un proyecto de inversión jamás visto en Honduras y Centroamérica, mediante el cual el país abrirá sus puertas a una masiva inversión nacional y extranjera, generará miles de empleos y tendrá la particularidad de que los trabajadores y ejecutivos podrán vivir en la zona adjudicada.
Este decreto, que amerita las dos terceras partes del voto calificado de la Cámara por ser de naturaleza constitucional, de ser aprobado creará las condiciones jurídicas para desarrollar la zona donde se instalarán industrias ensambladoras de carros, fábricas de computadoras, de barcos y hasta de turbinas de aviones.
El proyecto, turnado a una Comisión de Dictamen, reforma el artículo 308 de la Constitución, que dice: “La Corte Suprema de Justicia es el máximo organismo jurisdiccional; su jurisdicción comprende todo el territorio del Estado...”
Las modificaciones
Con la reforma se leería así: “La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional; su competencia comprende todo el territorio del Estado, con excepción de las regiones administrativas especiales creadas por el Congreso Nacional, en las cuales habrá un sistema legal especial aprobado por el Congreso Nacional”.
En otras palabras, en el territorio donde se desarrollará la región no podrán funcionar los operadores de justicia (la Policía, los tribunales y el Ministerio Público).
El proyecto modifica el artículo 329 constitucional suprimiendo sus dos últimos párrafos sustituyéndolos así: “Cuando lo considere necesario, el Estado podrá establecer regiones administrativas especiales en las que será el único propietario en dominio pleno de la totalidad de las tierras ubicadas en la misma”.
“Las regiones administrativas especiales tienen personalidad jurídica propia y gozan de la más amplia autonomía para crear sus propios órganos administrativos, emitir sus propias leyes, firmar tratados y convenios internacionales en cuestiones relacionados con el comercio y la cooperación... crear sus propias instancias jurisdiccionales para la resolución de conflictos legales estableciendo o designando juzgados, tribunales de última instancia, tribunales para el conocimiento de recursos relacionados a garantías constitucionales, así como entidades que ejerzan funciones de Ministerio Público y el arbitraje obligatorio para resolución de ciertas disputas”.
Tendrá su propia moneda
La región especial podrá tener su propia moneda y su idioma. “En las regiones administrativas especiales que se creen podrán tener carácter oficial otros idiomas además del español, y podrán tener curso legal monedas que no sean emitidas por el Banco Central de Honduras”, dice el proyecto.
“Las regiones”, agrega, “estarán sujetas al Gobierno de la República” en lo relacionado con defensa nacional, relaciones exteriores, elecciones nacionales, identidad y pasaportes.