Empresarios denuncian coacciones para declarar contra Cristina Kirchner en el juicio oral. Se derrumba el sistema de “arrepentidos” que fue central en el macrismo y que hoy persiste como soporte al clima político del gobierno de Javier Milei.
Imaginen un proceso judicial donde los jueces y fiscales son elegidos a dedo por los denunciantes, donde la prueba principal son fotocopias de documentos que el propio autor confesó haber quemado, y donde los testigos fueron amenazados con la cárcel si no mencionan un nombre específico. Esto sería un escándalo de nulidad inmediata, en Argentina, es el corazón de la “causa Cuadernos”.
"La dirigencia política, social y sindical está en libertad condicional". Así definió Cristina Fernández de Kirchner el objetivo de un mecanismo que busca castigar la última experiencia de desarrollo e independencia en el país.
Esta persecución se complementa con una instalación mediática que insiste en expedientes diseñados para las portadas, pero que al llegar al estrado revelan que la supuesta montaña de pruebas funcionó como un sistema de extorsión.
Cristina fue condenada en la causa Vialidad en lo que describió como un "pelotón de fusilamiento".
Mientras cumple esa condena, avanza este otro expediente que funcionó como el gran "tanque mediático" de finales del macrismo: una pieza de artillería comunicacional que saturó la opinión pública durante años y que ahora, en el juicio oral, revela su carácter de armado judicial y mediático en clave de lawfare
"La dirigencia política, social y sindical está en libertad condicional, así Cristina Fernández de Kirchner definió el objetivo de un mecanismo que busca castigar la última experiencia de desarrollo e independencia en el país
Los medios: La Nación recibe “la prueba”
El periodista del diario La Nación Diego Cabot declaró como testigo en el juicio oral y relató el origen de la causa.
Contó que en 2018 el policía retirado Jorge Bacigalupo le entregó los cuadernos atribuidos a Oscar Centeno, exchofer de un funcionario del Ministerio de Planificación, que registraban supuestos recorridos vinculados al pago de coimas.
Los fotocopió durante una noche en la redacción de La Nación y luego los trabajó en su casa junto a colaboradores, transcribiendo el contenido a un Excel.
Durante meses, la prueba principal circuló sin control judicial, custodiada por un periodista.
En su declaración ante el tribunal, Cabot admitió que su libro, Los cuadernos, no era una reproducción literal del material original, sino una “reconstrucción periodística” organizada mediante recursos del género narrativo para hacer comprensible la historia. Esta confesión de “licencias literarias” expuso la distancia con el rigor de una prueba judicial.
Sobre cómo llegó al fiscal Carlos Stornelli, Cabot fue directo: "No tenía contactos en Comodoro Py.
Solo tenía el suyo por algún llamado anterior. Le pregunté si él podía tomar la denuncia, me dijo que sí y esa fue la decisión".
Es decir, la causa nació sin pasar por el sorteo de la Cámara Federal. Los denunciantes eligieron a sus operadores de confianza, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli, rompiendo la garantía del "juez natural".
El peritaje técnico sobre los cuadernos, firmado por peritos oficiales y de parte, resultó concluyente: el material presenta miles de enmiendas, tachaduras y sobreescritos.
Se detectó la intervención de al menos cuatro manos distintas a la de Centeno y velocidades de escritura que sugieren un dictado. La tinta utilizada era no evolutiva, lo que impidió determinar la fecha de confección.
Lo que durante años se presentó como confesiones voluntarias de empresarios arrepentidos, colapsa ahora que los protagonistas declaran bajo juramento en el juicio oral
La justicia: extorsión versión arrepentidos
La acusación recae nuevamente en la figura de asociación ilícita, un tipo penal criticado internacionalmente por su vaguedad y su uso para la persecución política.
Lo que durante años se presentó como confesiones voluntarias de empresarios arrepentidos, colapsa ahora que los protagonistas declaran bajo juramento en el juicio oral. Es en esta instancia donde el mecanismo de coacción quedó documentado de manera oficial.
Según relevó la periodista Irina Hauser en Página/12, durante las audiencias actuales ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7), Mario Rovella, dueño de una de las constructoras más grandes del país, explicó cómo se obtuvo su declaración original: "Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Nunca, bajo ningún concepto, entregué dinero. Pero si no lo aceptaba, me detenían".
El día previo a su indagatoria original con el fiscal Stornelli, Rovella fue a una escribanía y dejó asentado por escrito que iba a mentir para no ir preso. Oscar Sansiseña (Cleanosol) realizó la misma maniobra preventiva ante escribano público para dejar constancia del apriete. Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, pasó más de un año preso por negarse a convalidar el guion de la fiscalía. Relató que le decían que su familia lo esperaba en el pasillo y que si "colaboraba" podía irse con ellos.
Ante su pregunta sobre de qué debía arrepentirse, la respuesta fue: "De haber colaborado con estos mugrientos", señalando hacia la Casa Rosada.
En su declaración ante el tribunal, Cristina Fernández de Kirchner fue más allá y planteó un cambio de escala en la interpretación del expediente. “Debo reconocer que esta causa, titulada Cuadernos, ha desalojado del podio a Vialidad”, afirmó.
Y agregó: “Ya no se trata de persecución política: estamos ante prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”. Para la exmandataria, el problema no es la falta de pruebas sino su construcción: “Ya no es que condenan sin pruebas. Fraguan y construyen las pruebas”.
En su declaración ante el tribunal, Cristina Fernández de Kirchner dijo “Ya no se trata de persecución política: estamos ante prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”
Acusadores que no declaran
Uno de los puntos de mayor gravedad institucional es la situación de Oscar Centeno y el financista Ernesto Clarens. Ambos, figuras centrales de la acusación, se negaron a declarar en el juicio oral.
Esto genera un "vicio de nulidad" que las defensas denuncian: si el arrepentido no ratifica sus dichos ante el tribunal y no se somete a las preguntas de los abogados defensores, esa prueba no debería tener valor.
En el sistema acusatorio, el derecho al contrainterrogatorio es sagrado. No se puede condenar a alguien basándose en el testimonio de una persona a la que la defensa no puede interrogar para testear su veracidad.
Como señaló Maximiliano Rusconi, defensor de Julio de Vido, el juicio está entrando en un terreno "insostenible" y profundamente "antijurídico".
La fiscalía pretende que valgan las confesiones tomadas bajo presión en la etapa de instrucción, ignorando que el juicio oral es la instancia donde la prueba debe producirse.
Ante el desmoronamiento del relato, el tribunal (TOF7) tomó una medida drástica: suspender la transmisión de las audiencias por YouTube.
El argumento es evitar que los testigos se influyan entre sí, pero el efecto real es el apagón informativo sobre las denuncias de aprietes.
Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, presentó una recopilación de casi 30 relatos de aprietes y pidió que testifiquen los agentes del Servicio Penitenciario y los escribanos que protocolizaron las denuncias de coacción.
Los jueces rechazaron los pedidos y postergaron su consideración para el final del juicio.
"Hay que avanzar en la línea de prueba para mostrar que el juez Bonadio y el fiscal Stornelli se comportaron de manera ilegal", sintetizó Beraldi. El proceso recién comienza y cuenta con alrededor de 600 testigos citados.
Esta ofensiva trasciende la condena individual, como advirtió Cristina Kirchner en sus análisis sobre la libertad condicional de la política argentina
La proscripción de la memoria
Como advirtió Cristina Kirchner en sus análisis sobre la libertad condicional de la política argentina, esta ofensiva trasciende la condena individual.
El objetivo de fondo busca quebrar la capacidad de los pueblos para recordar y defender sus propios procesos de soberanía, instalando una sospecha permanente sobre la última experiencia de un gobierno de participación popular en el país.
Se trata de un mecanismo que apunta a inhibir las posibilidades del peronismo de volver a gobernar, deslegitimando sus voces y apostando contra el nacimiento de cualquier liderazgo soberano en la región.
En este escenario, el lawfare opera como una maquinaria de desgaste temporal. Cuando la distancia con aquella experiencia política se estira y las movidas mediáticas comienzan a caerse por su propio peso ante la ausencia de pruebas, el daño ya está hecho.
Sin embargo, la persistencia de esta causa en la agenda pública cumple hoy una función de relevo: sirve como el velo necesario para que los medios de comunicación tapen los desastres sociales y económicos del gobierno de Javier Milei.
Mientras las cámaras se apagan por orden del tribunal, la verdad se filtra en un expediente que nació quemado.
https://www.diario-red.com/articulo/argentina/lawfare-argentina-arrepentidos-cuadernos/20260513100000069321.html
