Iván Cepeda, líder de la intención de voto en Colombia y a su derecha Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, los candidatos del uribismo. Fotos: Colprensa
La ofensiva de la derecha en Colombia está echada a andar. A unas horas de la primera vuelta presidencial en Colombia, el escenario es de alta tensión política.
En las elecciones del domingo 31 en Colombia hay mucho más en juego que una competencia presidencial en un contexto de polarización política. Se trata, por un lado, de una disputa más profunda entre las oligarquías históricas y sus capataces —medios, instituciones electorales, operadores digitales— que buscan recuperar el gobierno y cerrar el paso a un proyecto político popular que comenzó a construirse hace cuatro años, luego de dos siglos de independencia.
Pero también tiene una implicación regional: mantener el rumbo de un gobierno soberano frente a las intenciones declaradas de Estados Unidos de convertir en un protectorado a todo el continente.
La fórmula del Pacto Histórico, con el abogado Iván Cepeda —hijo de líderes comunistas y quien llevó a la cárcel al expresidente Álvaro Uribe— y la lideresa indígena Aída Quilcué —del pueblo Nasa—, llega con posibilidades reales de ganar la elección en la primera vuelta.
Sin embargo, enfrenta una ofensiva electoral que en las últimas semanas ha echado a andar una maquinaria de bots, presión empresarial y la construcción mediática de una narrativa de fraude que empieza a normalizarse incluso antes de la jornada electoral.
Encuestas, bots y presión empresarial
A unos días de la elección, Colombia ha vuelto a ser un laboratorio político donde se ensayan fórmulas de miedo, desinformación, lawfare, presión empresarial y reorganización conservadora, en un escenario de máxima tensión política.
Cepeda ha encabezado las preferencias de voto de punta a punta de todo el proceso electoral, rompiendo incluso el techo inicial del Pacto Histórico.. Sorpresivamente, el último fin de semana una serie de encuestas amplificadas en redes sociales le dieron un “empate técnico” con el uribista Abelardo de la Espriella.
“Ese movimiento no puede leerse como un dato aislado, sino como parte de una operación para instalar artificialmente un consenso: presentar una elección cerrada, preparar el terreno para cuestionar resultados y debilitar de antemano la confianza en un posible triunfo progresista —dice la periodista Diana Carolina Alfonso, en entrevista para Sinsonte—. La preocupación no está solo en las mediciones, sino en el entramado que las sostiene: campañas de bots, guerra de redes sociales y medios con suficiente respaldo político y corporativo para legitimar narrativas distorsivas a la democracia".
El Plan Júpiter estaría coordinado por Jaime Bermúdez, excanciller de Álvaro Uribe y estratega de su campaña de 2002, quien, de acuerdo con Señal Investigativa, habría admitido que su objetivo es “recuperar el control del país para los grandes empresarios”
A eso se suman denuncias de presión empresarial contra trabajadores que habrían enviado mensajes coactivos para orientar el voto.
“La patronal colombiana está cerrando filas de manera agresiva frente al progresismo, como ya ocurrió en otros momentos electorales de la región”, dice la periodista, quien vincula estas denuncias con el Proyecto Júpiter, una estrategia de manipulación electoral para exacerbar el miedo y la incertidumbre revelada a finales de abril por la Revista RAYA y Señal Colombia (RTVC).
La operación estaría coordinada por Jaime Bermúdez, excanciller de Álvaro Uribe y estratega de su campaña de 2002, quien, de acuerdo con Señal Investigativa, habría admitido que su objetivo es “recuperar el control del país para los grandes empresarios”.
El proyecto trabajaría en dos frentes: primero, campañas masivas en redes sociales dirigidas a 17 millones de colombianos; y segundo, talleres en empresas privadas como Carvajal, Tecnoquímicas, Sura y Constructora Amarilo, espacios donde se habría presionado a trabajadores para incidir en su voto. La investigación también vincula al estratega con juntas directivas de grandes corporaciones y con el Consejo Superior de la Universidad de los Andes.
Una guerra blanda con operadores regionales
Las campañas digitales no son simples exageraciones de redes ni fenómenos espontáneos de opinión pública, sino dispositivos de intervención política. En una serie de artículos publicados en Diario Red bajo el título de "Mercenarios de la Comunicación", Alfonso destaca la participación de operadores como Fernando Cerimedo, quien ha estado asociado a estrategias digitales de la ultraderecha en Brasil y otros países, así como a figuras vinculadas a campañas conservadoras en Colombia y la región. Su señalamiento apunta a una lógica continental: técnicas que se prueban en un país, se reciclan en otro y terminan formando parte de un repertorio común contra proyectos progresistas.
En Brasil, las redes sociales fueron utilizadas para alimentar el fallido intento de golpe al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, en enero de 2023, encabezado por el expresidente Jair Bolsonario, quien ha sido condenado por eso a 27 años de prisión junto con otros militares. El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, respaldó con documentos, audios, intercambios de mensajes y discursos, la comisión de "13 actos ejecutivos" que podrían ser un manual de acción repetidos ahora en Colombia y otros países donde se han usado campañas de miedo para impedir procesos de cambio político. O como en Argentina y Honduras, donde la combinación de propaganda digital, operadores externos y narrativas de fraude ha sido utilizada para tensionar la democracia.
Destaca la presencia de operadores como Fernando Cerimedo, quien ha estado asociado a estrategias digitales de la ultraderecha en Brasil
En Colombia, como en muchos países de la región, esa maquinaria encuentra terreno fértil por la concentración mediática, el poder empresarial y la historia de violencia política que ha acompañado a la derecha tradicional, evalúa la periodista.
"Lo más grave no son las mentiras que circulan, sino el aval que reciben cuando medios con fuerza corporativa las convierten en línea editorial homogénea. Esa validación transforma una operación de redes en sentido común político".
Estados Unidos y la estrategia continental
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella son dos figuras del campo uribista, pero con perfiles distintos. La fórmula no es nueva. Ya en las elecciones pasadas, en 2022, el uribismo también tuvo un candidato orgánico, Federico Gutiérrez, mientras Rodolfo Hernández fue presentado como outsider. ahora, la derecha ha vuelto a tener una candidatura tradicional en la figura de Valencia, y, al mismo tiempo, empujar una figura aparentemente externa que pueda concentrar el voto antisistema de la derecha, como De la Espriella.
De la Espriella, el outsider del caso, es la punta de la madeja de una trama donde aparecen abogados, asesores y sectores relacionados con defensas de narcotraficantes, paramilitares y estructuras de poder asociadas a la violencia. Pero sobre todo, es el candidato del trumpismo.
Su crecimiento no puede entenderse fuera de la estrategia regional de Estados Unidos y la recién anunciada "guerra contra los carteles", una bandera que en Colombia conocen muy bien y que nunca ha servido para combatir estructuras criminales sino para intervenir políticamente y legitimar proyectos conservadores, militarizados o autoritarios.
"Es el candidato que mejor encaja con ese proyecto continental: una figura con estética de choque, discurso violento, lógica de confrontación y construcción mediática similar a la que llevó a Javier Milei al poder en Argentina. No se trataría únicamente de una disputa interna del uribismo, sino de una candidatura que responde a un momento continental de reorganización de las derechas bajo tutela estadounidense", dice Alfonso.
Instituciones cuestionadas, violencia y riesgo de fraude
¿Existe un riesgo real de fraude? Los antecedentes inmediatos muestran que sí. En 2022 el Pacto Histórico denunció la pérdida de cientos de 600 mil votos, que después tuvieron que ser defendidos mesa por mesa.
El problema no se limita a las campañas mediáticas o a las granjas digitales, sino a la posibilidad de que las instituciones encargadas de garantizar la elección estén atravesadas por intereses políticos y corporativos. El Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría, que son las instituciones encargadas de garantizar la elección, han sido fuertemente cuestionados por defender intereses de grupos políticos y empresariales y no el derecho ciudadano a que su voto cuente.
Por eso, para el equipo de Cepeda es fundamental la veeduría ciudadana y ha tenido como objetivo una presencia organizada en cada mesa electoral, algo que no tuvo el Pacto Histórico en 2022. Para eso se requiere una masiva participación electoral.
El Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría, que son las instituciones encargadas de garantizar la elección, han sido fuertemente cuestionados por defender intereses de grupos políticos y empresariales y no el derecho ciudadano a que su voto cuente.
Hace cuatro años, esa participación se desbordó en el Cauca, Valle del Cauca y otras regiones del Pacífico colombiano y otras zonas históricamente excluidas que fueron decisivas para el triunfo de Gustavo Petro. Mucha de esa movilización la provocó la candidatura de Francia Márquez como fórmula para la vicepresidencia, que entusiasmó especialmente entre sectores afrodescendientes, indígenas, campesinos y territorios periféricos que durante años fueron tratados como márgenes del país. Pero Márquez se distanció de las organizaciones y del propio gobierno de Petro.
Ahora, el reto de Cepeda y Quilcué será recuperar el voto desencantado en un contexto de violencia más intenso, similar al de las elecciones de 2002, que estuvieron marcadas por los desplazamientos masivos y el ascenso de Álvaro Uribe.
Esos “laboratorios coactivos del terror”, que en el último mes se han expresado en forma de atentados, buscan producir miedo antes de la elección, quebrar la participación popular y limitar el apoyo al progresismo en zonas donde el voto territorial puede ser decisivo.
https://www.diario-red.com/articulo/colombia/colombia-manual-normalizacion-fraude/20260529100000070485.html
