***Un análisis de la revista 1843 de The Economist destaca cómo la violencia y las redes criminales han erosionado la estabilidad de Ecuador, y cuestiona la capacidad del Estado para enfrentar la crisis.
“Un viaje a través del narcoestado más nuevo del mundo”. Así titula la revista 1843 del prestigioso semanario político The Economist un artículo que pretende responder a la pregunta de cómo la droga transformó Ecuador de “éxito latinoamericano” a zona de guerra.
La revista británica analiza el impacto devastador del narcotráfico en el país, explorando cómo la expansión del negocio de la cocaína ha transformado el panorama social, político y económico del país.
El artículo, escrito por Alexander Clapp y respaldado por el Centro Pulitzer, publicado el viernes 22 de noviembre de 2024, explora la evolución de lo que cataloga sin rodeos como un “narcoestado”.
Además, la revista plantea preguntas incisivas, del tipo: ¿Cómo pasó Ecuador de ser un modelo regional a ser uno de los países más mortíferos en menos de una década?
Entre sus conclusiones, destaca que la creciente violencia y expansión del narcotráfico no son atribuibles exclusivamente a las políticas de ningún gobierno en particular.
Además, apunta a serias falencias en la capacidad de las autoridades civiles, militares y policiales para enfrentar la crisis. Mientras que las bandas criminales se adaptan y operan con independencia de lo que haga o deje de hacer el Estado ecuatoriano.
El análisis también señala que Ecuador, ubicado estratégicamente entre los mayores productores de cocaína del mundo, ha sido terreno fértil para redes delictivas internacionales que explotan su infraestructura y débiles controles estatales.
Estas dinámicas llevaron a un aumento en la tasa de homicidios sin precedentes en 2023 y a un debilitamiento general de las instituciones.
Más allá del controvertido término de «narcoestado», la publicación pone de relieve los desafíos que enfrenta el país en términos de lucha contra la incidencia del narcotráfico y del crimen organizado.
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Human Rights Watch asegura que existen 15 casos de ejecuciones extrajudiciales este año en Ecuador
Primicias, 23-11-2024
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, ofreció declaraciones sobre la situación de los derechos humanos en el Gobierno de Daniel Noboa.
La organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) advirtió que en Ecuador existen al menos 15 denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el marco del «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, y mostró su preocupación al saber que más 100 personas han sido abatidas por la Policía como presuntos delincuentes.
La directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, alertó en una entrevista con la agencia EFE, de que «vienen creciendo significativamente las violaciones a derechos humanos en el marco de esta declaratoria de conflicto armado», al mencionar también más de 80 casos de presuntas torturas y más de 200 casos de extralimitación en el uso de la fuerza que podrían esconder distintos tipos de abusos.
Asimismo, Goebertus incidió en la falta de transparencia en torno a las 104 personas presuntamente neutralizadas en el «uso legítimo de la fuerza» por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecuador.
«Es fundamental que las autoridades den información de quiénes son estas personas, en qué contexto se dieron estas muertes, porque las autoridades deben investigar si estos fueron escenarios de uso legítimo de la fuerza o no» indicó la también exmiembro de la Cámara de Representantes de Colombia.
Cuestionamientos a «conflicto armado»
La representante de HRW recordó que el jueves la Corte Constitucional de Ecuador anuló la suspensión de diferentes derechos fundamentales dentro del último estado de excepción decretado por Noboa, como la libertad de reunión en espacios públicos.
Ese dictamen también recordó al mandatario que la declaratoria de «conflicto armado interno» no es una causa justificada para decretar el estado de excepción.
En este sentido, Goebertus expresó sus dudas a cerca de si era necesaria la categorización de «conflicto armado interno» porque «una cosa es un conflicto armado donde hay partes claramente identificadas, donde hay un grupo uniformado, con una jerarquía y armado, (…) y otra cosa muy distinta son circunstancias de crimen organizado incluso como el de Ecuador, que por supuesto es profundamente violento».
«Nadie se imaginaría que en Chicago o en Nueva York, con el control de la mafia local, la forma de luchar fuera declarando un conflicto armado, porque esas no son las herramientas para enfrentarse al tipo de organizaciones propias de mafias, de criminalidad organizada», explicó.
Fortalecimiento de la justicia
Como solución, la directora de la División de las Américas de HRW apuntó directamente a la tasas de impunidad e indicó que uno de los principales causantes de este contexto violento es la incapacidad de investigar quién está detrás de los distintos hechos delictivos que se registran.
«Sería mucho más efectivo y protector de derechos humanos (que la declaración de conflicto armado interno) apostarle a la administración de justicia y eso requiere proteger a nuestros operadores judiciales» porque «según los datos que nos daba la judicatura, desde 2022, 15 fiscales, jueces y distintos operadores de justicia han sido asesinados», aseguró Goebertus.
Por otra parte, la abogada y politóloga colombiana, que además formó parte de la delegación del Gobierno colombiano en el proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), señaló su sorpresa a cerca de que incluso los jueces encargados de los casos más grandes de criminalidad organizada no cuenten con las medidas suficientes para salvaguardar su integridad, como automóviles blindados.
Jueces y fiscales en riesgo
«(Los jueces están) sometidos no solo al poder corruptor, sino sobre todo a la amenaza directa de seguridad contra ellos y sus familiares», exclamó Goebertus.
En adición, lamentó la falta de recursos y de herramientas para tratar este tipo de problemáticas. «Lo que tenemos son, en el caso de la Fiscalía, 600 vacantes que por todo el problema con los concursos no se han llenado», comentó.
«Estuve en Guayaquil (ciudad epicentro de la crisis de violencia criminal) y nos decían que para poder hacer un estudio de balística hay que traer la máquina de balística desde Quito».
Si bien el Gobierno reporta una disminución del 18 % en el número de homicidios a nivel nacional, las denuncias de extorsiones, secuestros y asesinatos por parte de las bandas criminales se siguen sucediendo en el país, incluidos atentados contra autoridades locales y funcionarios municipales, así como fiscales y funcionarios de prisiones.
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