El ministro de Finanzas, Iván Acosta (derecha), le dice a John Perry que Nicaragua tiene una excelente reputación a nivel mundial por completar proyectos y rendir cuentas del dinero que recibe.
Cuando me reuní con el ministro de Finanzas de Nicaragua, Iván Acosta, acababa de presentar su presupuesto para 2024 a la Asamblea Nacional y dejó claro que gran parte del mismo apunta precisamente a eso.
En términos monetarios, en 2024 el gobierno de Nicaragua estará gastando alrededor de 24% superior al presente año, lo que incluye un enorme aumento (43%) en inversión en el sector público.
Acosta explicó cómo el país continuará con sus recientes avances en salud, educación, transporte, energía, suministro de agua, vivienda y servicios de gobierno local.
Menos del 3% del gasto se destina a defensa y, en todo caso, el ejército de Nicaragua atiende principalmente deberes civiles, como los frecuentes desastres naturales y prevenir la deforestación.
El ingreso per cápita de Nicaragua es uno de los más bajos de América Latina, por lo que el alivio de la pobreza es una alta prioridad. Se podría esperar que el Banco Mundial y otras instituciones internacionales ayudarían al país para lograr este objetivo. Y antes lo hacían, pero ahora ya no. Es preciso señalar, esta renuencia no se debe a la corrupción o mal manejo de los fondos.
Acosta me dice que Nicaragua tiene una excelente reputación a nivel mundial por completar proyectos y rendir cuentas del dinero que recibe.
Cuando el gobierno revolucionario sandinista recuperó el poder en 2007, sólo llegaban entre US$ 70 y 80 millones de dólares de instituciones como el Banco Mundial: una década después, había alcanzado entre US$ 300 y 400 millones de dólares, porque los bancos sabían que el dinero se gastaría sabiamente.
Pero luego Nicaragua fue golpeada por un intento de golpe de estado en 2018, y la economía se detuvo durante tres meses. Habían pasado varios años desde que el país necesitaba apoyo económico del Fondo Monetario Internacional, pero de repente lo necesitaba para evitar el riesgo de que el dinero saliera del país.
Acosta me dijo que los funcionarios del FMI, contentos con el historial del gobierno, estaban dispuestos a aprobar préstamos de emergencia.
Sin embargo, coincidiendo con el intento de golpe, en el Congreso de Estados Unidos se estaba tramitando una legislación que imponía sanciones a Nicaragua. Esto establecería que los funcionarios estadounidenses bloquearían cualquier financiamiento proveniente de organismos internacionales donde tienen el poder para hacerlo, entre estos el FMI.
Ante esta situación, funcionarios del Fondo le pidieron discretamente a Acosta que no solicitara ningún préstamo, ya que sería rechazado una vez que la solicitud llegara a los directores del FMI.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Nicaragua en 2018 y nuevamente en 2021, fueron las primeras desde el bloqueo económico que destruyó la economía del país en la década de 1980.
Esto redundó en que los sandinistas perdieran el poder en 1990. Cabe señalar, Estados Unidos todavía no ha pagado los 17 mil millones de dólares en concepto de reparaciones reclamados por Nicaragua en base al Fallo de 1986 de la Corte Internacional de Justicia. Irrespetando el Fallo de la Corte, Washington había patrocinado el intento de golpe y tenía la intención de devastar a Nicaragua una vez más.
Buscando sacar a los sandinistas del poder por segunda vez, Washington no tenía intención de permitir que el FMI rescatara al gobierno. Sin embargo, en 2018 Nicaragua estaba mejor preparada, superó la violencia, restableció el orden y lanzó un programa de inversión pública para reactivar e impulsar la economía utilizando recursos propios.
La falta de asistencia internacional no se limitó al caso del intento de golpe de estado, por cuanto la respuesta fue prácticamente la misma cuando el Covid-19 golpeó al país en 2020.
A mediados de ese año, cuando la pandemia era más severa, Nicaragua casi no había recibido ayuda de Estados Unidos o sus aliados.
Esto contrasta con su vecino, Honduras, al que Estados Unidos envió rápidamente US$ 8 millones de dólares en efectivo y grandes cantidades de suministros médicos.
En diciembre de ese año, luego de dos huracanes devastadores, la ayuda a Nicaragua de las instituciones financieras internacionales finalmente llegó, pero en cantidades mucho menores a las que habían sido solicitadas.
Nicaragua ha logrado reducir el porcentaje de su población que vive en la pobreza a 24,9%, un nivel más bajo al de todos sus vecinos, excepto Panamá. Pero se podría haber logrado más con ayuda internacional: Iván Acosta estima que al país se le ha negado fondos por un valor total de entre US$ 2.500 y 3.000 millones de dólares desde 2018, todos los cuales se habrían destinado a programas sociales.
Como afirma Acosta, un país cuyo ingreso per cápita es de aproximadamente US$ 2.500 dólares al año, está siendo penalizado por países (Estados Unidos y sus aliados) cuyo ingreso per cápita llega a US$ 70.000 dólares.
Lo anterior, no obstante., Acosta es optimista: señala que Nicaragua está disfrutando del crecimiento económico más rápido en Centroamérica desde la pandemia: 15,9% en tres años, en comparación con el promedio regional del 12,1%. Nicaragua luchó con éxito contra Covid-19, en gran medida por sí sola, y su recuperación desde entonces redunda en que los ingresos del gobierno estén aumentando.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sigue proporcionando cantidades menores de financiamiento. Acosta señala, dado Estados Unidos no tiene control sobre cómo el BCIE desembolsa sus fondos, estos probablemente continuarán.
Además, la nueva relación del país con China ya ha propiciado inversiones en proyectos como el de vivienda accesible (China acaba de conceder financiamiento para más de 700 nuevas viviendas). Nicaragua mantiene una estrecha relación con muchos otros países como Rusia, Japón y Corea del Sur, muchos de los cuales también proporcionan financiamiento para el desarrollo.
Nicaragua tiene, con diferencia, la mayor cantidad de hospitales públicos de Centroamérica
Un gráfico publicado recientemente muestra que Nicaragua tiene la mayor cantidad de hospitales públicos en Centroamérica: 77 en total, mientras Costa Rica y Panamá, mucho más ricos, tienen sólo 29 y 18 respectivamente. Un tercio de estos hospitales son nuevos, construidos en los últimos 16 años.
Pero Iván Acosta quiere construir más. Señala que construir un hospital de 450 camas cuesta US$ 130 millones de dólares. ¿Cuántos más podría tener Nicaragua, se pregunta, si Washington no hubiera impedido que el Banco Mundial y otras instituciones internacionales los financiaran?
*John Perry reside en Masaya, Nicaragua, y escribe para el Consejo de Asuntos Hemisféricos, London Review of Books, FAIR y otros medios.
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:146870-nicanotes-sanciones-de-eeuu-afectan-los-programas-de-inversion-social-de-nicaragua
