Cuando en Occidente se autoproclaman defensores de los derechos humanos y los valores democráticos con gran pomposidad y supremacismo, hay una serie de Gobiernos o regímenes aliados occidentales que, con su sola existencia, aniquilan por completo este relato.
Pues es imposible defender los derechos humanos y los valores democráticos al tiempo que se estrechan alianzas y vínculos comerciales, militares o políticos con determinados Gobiernos o regímenes.
Marruecos es uno de ellos, en el norte de África, y Colombia es otro de esos países malditos en América del Sur —o lo era hasta las últimas elecciones—.
Sin duda, el país que más cocaína exporta del mundo ha sido durante décadas uno de los mayores aliados de la OTAN y de EE.UU. en Latinoamérica.
Una alianza que se afianzó mientras el Gobierno colombiano perpetraba las tropelías más salvajes, de las que el actual presidente, Gustavo Petro, tiene claro conocimiento por sus propias vivencias. Él fue uno de los perseguidos.
Y señalo a Colombia porque la noticia de estos días es que uno de estos cadáveres que tantos países o aliados occidentales guardan en el armario, mientras celebran sus cócteles y pícnics en los que se congratulan por sus valores democráticos, acaba de caer del armario en mitad del salón.
La mayoría de los invitados, tras un silencio incómodo, como era de esperar, ha continuado como si no hubiera pasado nada.
Pero ha pasado: la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de condenar al Estado colombiano por haber perpetrado el exterminio de todo un partido político.
Que se dice pronto. Según la resolución, Colombia exterminó a más de 6.000 componentes del partido político izquierdista Unión Patriótica, un partido surgido en el transcurso de las negociaciones entre las extintas FARC y el Gobierno, que fracasaron en 1985.
El país que más cocaína exporta del mundo ha sido durante décadas uno de los mayores aliados de la OTAN y de EE.UU. en Latinoamérica.
Una alianza que se afianzó mientras el Gobierno colombiano perpetraba las tropelías más salvajes, de las que el actual presidente, Gustavo Petro, tiene claro conocimiento por sus propias vivencias. Él fue uno de los perseguidos.
Así, según la Corte IDH, "Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica" a partir de 1984.
Una resolución que eleva de forma exponencial las cifras hasta ahora sostenidas por el Gobierno colombiano, el cual había aceptado la existencia de 219 víctimas.
Y no es menor asesinar a más de doscientas personas, episodio tétrico e insoportable para cualquier persona decente, pero se encuentra a un abismo de las más de 6.000 víctimas que ha documentado la Corte IDH. Una matanza que, según la Corte IDH, se produjo tanto por participación directa, mediante "agentes estatales", como indirecta, "mediante agentes no estatales", gracias a la "tolerancia, aquiescencia y colaboración" del Gobierno colombiano, imprescindible para que los crímenes se perpetraran.
En 1986, poco después de la creación de la Unión Patriótica, que se forjó entre 1984 y 1985, el partido izquierdista consiguió 15 parlamentarios, lo que encendió las alarmas de las élites colombianas, muy vinculadas a EE.UU. y Occidente.
Fue en ese momento cuando sectores de los partidos políticos, empresarios, narcotraficantes y fuerzas públicas organizaron grupos paramilitares que comenzaron el exterminio. Nadie estuvo a salvo en esa orgía sangrienta de izquierdistas, tan del gusto del paladar de EE.UU., Europa y el resto de Occidente.
Un militante y luego otro. Y otro. Y otro. Así hasta cinco congresistas, once diputados, más de un centenar de concejales y exconcejales, más de una decena de alcaldes y exalcaldes, dos candidatos presidenciales y miles de militantes.
En Colombia, ser un militante o un candidato de Unión Patriótica, electo o no, era casi un 'ticket' para el otro barrio. Tal fue la situación que, ante esta semejante carnicería, el partido político no se presentó en las elecciones de 2002: no había candidatos que quisieran firmar una condena de muerte.
Puede ser que Colombia, con el nuevo Gobierno de Gustavo Petro, repare a las víctimas y trabaje para terminar con las matanzas que acontecen, en lugar de ampararlas y promocionarlas, como hicieron los anteriores presidentes colombianos tan amigos de EE.UU. y de la OTAN.
Debido a ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tuvo otra ocurrencia que eliminar su personalidad jurídica e impedirle presentarse a los siguientes comicios. Lo que demuestra hasta qué punto las élites gubernamentales fueron cómplices de esta brutal vulneración de los derechos humanos. Años después, en 2013, la decisión fue rectificada y el partido nuevamente pudo volver a participar en procesos electorales.
Con posterioridad, los supervivientes del partido se integraron en la coalición progresista Pacto Histórico que, en la actualidad, ha alcanzado el Gobierno tras unas elecciones en las que la izquierda ha conseguido una histórica victoria.
Entre los políticos colombianos supervivientes habría que destacar a la ministra de Cultura actual, Patricia Ariza, una de las pocas supervivientes de Unión Patriótica, y al senador Iván Cepeda, cuyo padre, el senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda, fue asesinado.
Además, la Corte IDH establece un plazo de dos años para que se investiguen los crímenes, se busquen a los desaparecidos, se repare e indemnice a las víctimas, se creen espacios públicos honoríficos, se difunda su historia mediante documentales o se cree un día nacional en su memoria.
El actual ministro de Justicia, Néstor Osuna, afirmó: "La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el exterminio de la UP nos llama a reflexionar sobre la sociedad que fuimos y que no podemos volver a ser, nunca más".
Por desgracia, este nuevo episodio occidental de vulneración de los derechos humanos tiene poco de insólito e inédito, pues cabría recordar que Colombia, además de ser un gran aliado de EE.UU. y el mayor exportador de cocaína del mundo —el 70 % del total—, ha asesinado, según su propia Fiscalía, a 2.248 "falsos positivos" entre 1998 y 2014 —hay asociaciones que elevan la cifra a más de 4.000—; y, año tras año, encabeza junto a Brasil el listado mundial de líderes ecologistas asesinados —más de 322 en la última década, por 342 de Brasil—.
Por si no fueran suficientes pruebas sobre los valores democráticos y el profundo arraigo de los derechos humanos de tan insigne aliado de EE.UU. y la OTAN, en el año 2019, bombardeó, con aprobación presidencial, un campamento de organizaciones paramilitares en el que fallecieron ocho niños — a los que el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, calificó como "máquinas de guerra"—; varios militares fueron acusados de violar a una niña indígena de cuatro años en el año 2021; y, en los últimos años, los militares reprimieron protestas que provocaron numerosos muertos.
No sé, igual soy muy exagerado, pero, si Colombia ha sido estas décadas 'la buena' de América Latina y Venezuela o Cuba han sido 'las malas', no parece que Occidente sea 'El Bien'. Sobre todo, porque puede ser que Colombia, con el nuevo Gobierno de Gustavo Petro, repare a las víctimas y trabaje para terminar con las matanzas que acontecen, en lugar de ampararlas y promocionarlas, como hicieron los anteriores presidentes colombianos tan amigos de EE.UU. y de la OTAN, y, cosas de la vida, se convierta en otro Gobierno malo, perverso y demoníaco que hay que derrocar.
https://actualidad.rt.com/opinion/luis-gonzalo-segura/456821-colombia-buena-extermino-partido-izquierdas-occidente
