El genocidio practicado contra el movimiento político colombiano Unión Patriótica (UP) se inscribe en el proceso de exterminio de fuerzas políticas de oposición en el mundo.
Se trata de un caso paradigmático de aniquilación de los miembros y líderes de un grupo en razón de sus convicciones ideológicas, así como de la persecución de sus simpatizantes y la destrucción de su entorno social.
Ciertamente, éste no es el único caso de criminalidad masiva que se ha practicado en Colombia contra grupos y movimientos de oposición, e incluso contra los partidos políticos que han ejercido tradicionalmente el poder.
La supresión violenta de los adversarios ideológicos ha operado continuamente en la historia contemporánea del país, y ha impedido el surgimiento de opciones pluralistas y de una participación realmente democrática1.
No obstante, lo sucedido con la UP y el Partido Comunista Colombiano --su componente mayoritario-- tiene rasgos sobresalientes y específicos.
La Unión Patriótica surgió como una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso de negociación adelantado a mediados de la década de 1980 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
En 1984, y como fruto de esos diálogos, las partes pactaron varios compromisos sellados con la firma de los llamados “Acuerdos de La Uribe”.
En ellos se estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país.
Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad consistían en un compromiso oficial para garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación, y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles.
Desde sus mismos inicios la Unión Patriótica fue sometida a toda clase de hostigamientos y atentados2.
En 1984, se presentaron los primeros asesinatos y “desapariciones” forzadas. Tras las agresiones se percibía la actuación de agentes estatales o de integrantes de grupos paramilitares.
Las constantes violaciones a los acuerdos firmados, hicieron que se rompieran las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla.
Los miembros de la nueva coalición quedaron en una situación de alto riesgo, pues al ser acusados abiertamente de ser portavoces de la insurgencia armada, los organismos estatales no les brindaron ninguna protección efectiva.
Así comenzó un proceso de exterminio que se ha prolongado por más de 20 años.
Tres rasgos centrales configuran la especificidad de esta persecución sistemática.
En primer lugar, la intencionalidad de los autores de la cadena de acciones criminales ha sido acabar con el grupo político, o al menos, expulsar de la vida pública a sus sobrevivientes y a las bases sociales que han resistido la ola de violencia.
Por esta circunstancia, los familiares de las víctimas directas y los sobrevivientes del movimiento han reclamado que el caso sea tipificado como un genocidio por razones políticas.
En segunda instancia, es notorio que se trata de un proceso de exterminio de una fuerza política legal en condiciones de un Estado considerado democrático y en el que se supone la existencia de una institucionalidad ajustada a las normas del derecho.
La perpetración del genocidio en sí misma pone en duda tal condición democrática, y cuestiona seriamente esa institucionalidad toda vez que las modalidades de persecución utilizadas han conjugado tanto formas legales --a través de disposiciones de carácter jurídico y administrativo-- como medidas ilegales --“guerra sucia”, operaciones encubiertas, campañas de estigmatización oficial, acción paramilitar, etc.--.
En tercer lugar, cabe destacar que los graves hechos de persecución se han llevado a cabo durante un prolongado período que abarca dos décadas y seis gobiernos de diferente filiación política, lo que demuestra que la intencionalidad persecutoria ha perdurado en el tiempo, y ha tenido unas consecuencias determinadas para el grupo político y para la convivencia social en Colombia.
A pesar de múltiples obstáculos, en la actualidad la sociedad colombiana comienza a reconocer paulatinamente que se ha librado, y se sigue librando, una guerra sin cuartel contra los miembros de la UP. Dicho reconocimiento no es un hecho dado.
En las últimas dos décadas se ha negado constantemente que los miles de homicidios y “desapariciones” tengan naturaleza sistemática.
Por efectos de la justificación o de la explicación oficial de los hechos, así como de su tratamiento mediático, ha primado la convicción de que lo ocurrido con la UP es una infortunada conjunción de eventos inconexos: acción delincuencial del narcotráfico o venganzas de particulares por ataques de la guerrilla3.
El problema hoy no radica entonces en que se oculte que ha ocurrido un exterminio; el debate consiste más bien en demostrar cuál es su verdadera naturaleza.
O en otras palabras, la cuestión del reconocimiento social e internacional radica en que se admita que ha sido perpetrado un genocidio con móviles ideológicos.
La dificultad de este reconocimiento estriba, entre otros factores, en que desde el punto de vista del derecho internacional la definición del crimen de genocidio no incluye a los grupos políticos4.
¿Cómo puede demostrarse el carácter sistemático e intencional de la destrucción de la UP? ¿Qué esfuerzos de documentación de la verdad jurídica e histórica han sido llevados a cabo para fundamentar la tipificación de genocidio?
En este caso, diversos esfuerzos de esclarecimiento histórico y judicial han sido emprendidos por los familiares de las víctimas directas, los sobrevivientes del movimiento y las organizaciones de derechos humanos.
Algunos de tales esfuerzos han comenzado a dar frutos legales y jurídicos, otros han incidido en la opinión pública, y en la percepción colectiva sobre este crimen masivo.
Después de un largo proceso de cabildeo parlamentario, realizado por los familiares de las víctimas y los sobrevivientes del grupo político, se logró que el Código Penal colombiano reconozca la figura de genocidio por móviles políticos; crimen atroz que este compendio normativo define como “destruir total o parcialmente un grupopor razones políticas” y ocasionar la muerte a sus miembros por “razón de su pertenencia al mismo”5.
En el campo de la justicia penal, disciplinaria y civil, algunas pocas decisiones de los tribunales nacionales han sancionado la responsabilidad de servidores públicos o de dependencias estatales por acción u omisión en casos de ataques contra miembros de la UP.
En esas sentencias judiciales se aprecian elementos que indican la existencia de pautas de persecución utilizadas para la eliminación de los líderes o afiliados de la colectividad política. Lamentablemente, dichos fallos constituyen excepciones que confirman la impunidad generalizada en que se encuentra este genocidio.
En el terreno internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso colectivo No. 11.227, que presentaron la dirección nacional de la UP, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas.
En su informe de admisión (No. 5 del 12 de marzo de 1997)6 la CIDH señaló:
“Los hechos alegados por los peticionarios exponen una situación que comparte muchas características con el fenómeno de genocidio y se podría entender que sí lo constituyen, interpretando este término de conformidad con su uso corriente”. Y agregó que,
[l]os peticionarios han presentado argumentos que procuran establecer una práctica de asesinatos políticos en masa y la persecución extrema de los miembros de la Unión Patriótica con la intención de eliminar físicamente al partido y de diluir su fuerza política.
Los peticionarios anexaron a su petición una lista de 1.163 miembros de la Unión Patriótica que fueron ejecutados extrajudicialmente entre 1985 y 1993. Presentaron, asimismo, una lista de 123 personas que fueron desaparecidas por la fuerza, otra de 43 personas que sobrevivieron atentados de asesinato y de 225 personas que recibieron amenazas durante el mismo período (parágrafos 24 y 25).
En desarrollo del procedimiento ante la Comisión Interamericana, el Estado y los peticionarios comenzaron a explorar los pasos preliminares conducentes a una eventual solución amistosa.
En marzo de 2000, suscribieron un acuerdo para propender por el esclarecimiento de los hechos y la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Por medio de ese acuerdo se conformó un grupo de trabajo para avanzar hacia una salida amistosa.
No obstante, a comienzos de julio de 2006, se rompió el proceso de búsqueda de dicha salida pues, según los peticionarios del caso, durante el gobierno del presidente Uribe Vélez continuaron las violaciones y amenazas contra la agrupación política, y además el Gobierno alentó la persecución contra sus miembros7.
De otra parte, por sus circunstancias particulares, algunos otros casos de la UP se llevan ante la CIDH en forma individual. Así ocurre, por ejemplo, con el del asesinato del senador de la República Manuel Cepeda Vargas (caso No. 12.531)8 que involucra la participación conjunta de miembros del Ejército Nacional de diverso rango, y de jefes y miembros de grupos paramilitares en el homicidio de quien fue el último congresista elegido por la Unión Patriótica. Igualmente, en febrero de 1994, la Comisión Interamericana elaboró su informe final en el caso No. 10.473 por el homicidio contra el alcalde de la UP en el municipio de Sabana de Torres, Álvaro Garcés Parra9. En dicho informe se declara que Colombia no cumplió con obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tales como salvaguardar el derecho a la vida, y brindar garantías y protección judiciales.
Estos avances preliminares son una base sólida para avanzar en el esclarecimiento y la justicia. Sin embargo, son apenas el comienzo.
Además, de la cuestión prioritaria de detener el genocidio que continúa cometiéndose contra los sobrevivientes del movimiento, se requiere finalizar la documentación de los miles de casos y demostrar con precisión el carácter sistemático del conjunto de hechos, o en otras palabras, la responsabilidad de agentes e instituciones estatales en la autoría y ejecución del genocidio, así como en la omisión de garantías políticas y judiciales a los integrantes del movimiento y sus familiares.
LA PERPETRACIÓN DEL GENOCIDIO CONTRA LA UNIÓN PATRIÓTICA (UP) COMO ACCIÓN SISTEMÁTICA
En el caso de la persecución contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano aún es difícil determinar las dimensiones reales del impacto de la violencia ejercida. De una parte, el universo de víctimas es, como se acaba de afirmar, todavía provisional.
De otra parte, los esfuerzos de documentación y esclarecimiento se realizan bajo condiciones de hostigamiento, y en zonas en las que los miembros de la organización política han tenido que optar por el silencio y renunciar a cualquier figuración pública.
A pesar de ello, existen algunos datos que permiten cuantificar la magnitud del genocidio. Según los líderes del grupo político, el saldo de los actos atroces perpetrados en su contra hasta hoy se aproxima a las 5.000 personas asesinadas, “desaparecidas” y torturadas, entre quienes se cuentan dos candidatos a la presidencia, ocho congresistas, cientos de alcaldes y concejales, y miles de activistas locales.
De ese mismo cuadro hacen parte detenciones masivas y arbitrarias contra los miembros sobrevivientes del movimiento, poblaciones desplazadas de sus zonas de influencia, decenas de atentados dinamiteros contra sus oficinasy familias enteras exiliadas (Lozano 2002, iii-iv).
El mal causado a la influencia política del movimiento de oposición se evidencia en el comportamiento de sus resultados electorales. En las primeras elecciones que participó, en 1986, obtuvo más de 320.000 votos que le permitieron obtener una significativa representación parlamentaria y más de 350 concejales en todo el país.
Hacia finales de la década de 1980, la UP se convirtió en una fuerza con opción de poder nacional, y su candidato a la presidencia, Bernardo Jaramillo Ossa --quien fue asesinado durante la campaña electoral de 1990-- figuraba en las encuestas como uno de los favoritos con una intención de voto que superaba el millón de sufragios.
En 2002, después de haber pasado por las fases más intensivas del genocidio, la UP obtuvo menos de 50.000 votos.
En lo que se refiere al daño inflingido a las estructuras organizativas del movimiento, basta señalar que a su primer congreso nacional asistieron representantes de 2.229 juntas patrióticas de todo el país; núcleos locales que hoy han desaparecido por efectos de la persecución.
El hecho de que esta criminalidad masiva no ha acontecido de manera caótica o inconexa, y que por el contrario ha tenido un orden y unas modalidades precisas de ejecución, puede ser sustentado por la periodización que a continuación se propone.
La definición de las etapas del genocidio muestra, entre otras cosas, que su ejecución ha coincidido con momentos estratégicos de la vida política y económica del país, y que en tales coyunturas se ha intensificado la criminalidad contra el movimiento como consecuencia de sus posiciones.
También muestra que las graves violaciones a los derechos de los miembros del grupo han sido consumadas en razón de su pertenencia al mismo, y que las etapas del genocidio corresponden a la denuncia acerca de la existencia de planes de exterminio elaborados por las fuerzas militares.
Encontrar la lógica que ha tenido esta acción criminal masiva permite resaltar su intencionalidad subyacente --indicando qué tipo de móviles la han provocado--, y explicar mejor cuáles han sido sus repercusiones para la sociedad.
Desde esta perspectiva, entonces, pueden identificarse cuatro grandes momentos del genocidio, separados por hechos que los delimitan claramente.
Los antecedentes del genocidio
Como se dijo, el Partido Comunista Colombiano (PCC) es la formación mayoritaria dentro de la composición de la UP. Desde hace décadas se practica una feroz represión contra sus militantes y líderes, que en la historia más reciente se remonta a finales de la década de 1940.
El hostigamiento oficial ejecutado en aquella etapa tenía como trasfondo ideológico el anticomunismo acuñado bajo la “guerra fría”, que acusaba a las organizaciones de izquierda de ser “embajadoras de la amenaza soviética”.
Pero, además, estas campañas tenían su apoyo en el anticomunismo local de raíz clerical, que se practicaba desde la década de 1930 a través de organismos como el Secretariado de la Acción Popular Colombiana, cuya función era “secundar por todos los medios posibles la lucha anticomunista” (Medina, 1980, 326).
La práctica constante de esa propaganda ideológica, que presenta a los comunistas como una amenaza para la sociedad ha derivado en un estado de estigmatización pública, que valida cualquier agresión en su contra.
La dinámica de acusaciones, el uso de un lenguaje denigrante y las persecuciones resultantes de estas prácticas, han permitido que la ola ininterrumpida de crímenes contra los militantes de izquierda se haya incorporado como un hecho habitual de la vida política del país, al punto de no suscitar ya asombro ni reacciones en las instituciones y líderes de opinión10.
El PCC fue ilegalizado en distintas etapas. Así ocurrió por una década, después del 9 de abril de 1948 --fecha en la que fue asesinado el líder popular Jorge Eliécer Gaitán y que dio lugar al período denominado de La Violencia--.
Una medida similar fue tomada en 1967, siendo presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo. En esos períodos de clandestinidad fueron llevados a las cárceles numerosos dirigentes comunistas, y otros fueron víctimas de asesinatos selectivos o “desapariciones”11. Contra los militantes de base del grupo político se practicaron masacres o agresiones colectivas12.
Los actos represivos también se dirigieron contra los órganos de prensa del partido. A Voz de la Democracia, su primera publicación periódica surgida en 1957, le suspendieron la licencia de funcionamiento en 1963.
Voz Proletaria, el segundo periódico editado por el PCC, fue censurado a comienzos de la década de 1970, en el gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero, quien adoptó medidas que revivían el delito de opinión en el país.
En los meses de marzo, octubre y noviembre de 1971, el contenido del semanario fue sometido a revisión oficial por el Ministerio de Gobierno.
En 1978, un atentado dinamitero destruyó parcialmente las oficinas de la redacción. Igualmente, con frecuencia se ha practicado el decomiso y la quema pública de los ejemplares del periódico por parte de miembros del Ejército Nacional y de la Policía.
Varios de los colaboradores del semanario han sido asesinados, entre quienes se cuenta Manuel Cepeda Vargas, su director durante varios lustros.
Su director actual, Carlos Lozano Guillén ha sido víctima de amenazas constantes y de atentados contra su integridad.
La persecución contra los comunistas se ha extendido a los integrantes de las fuerzas políticas que han decidido realizar alianzas con ellos. De este modo, a mediados de la década de 1970, líderes de la alianza Unión Nacional de Oposición (UNO) fueron asesinados.
Otro tanto ocurrió con los integrantes del Frente Democrático, una coalición de fuerzas de izquierda surgida a comienzos de la década de 1980 (NCOS 1995, 58 – 59).
Estas formas de criminalidad fueron las que antecedieron al genocidio contra la Unión Patriótica.
Fase del debilitamiento de todos los niveles organizativos del movimiento, 1984 – 1992
Los primeros años del genocidio se caracterizaron por una persecución intensiva que buscaba impedir la consolidación de la naciente colectividad, asfixiar sus bases sociales y atacar sus estructuras organizativas locales y nacionales.
El año de cierre de este período es 1992, pues en ese entonces, a petición de la Corte Constitucional colombiana, el Defensor del Pueblo elaboró el primer informe oficial sobre un conjunto de graves violaciones a los derechos de los miembros de la Unión Patriótica. En dicho informe se registraron 717 casos de ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones” forzadas.
El Defensor del Pueblo concluyó que: “[e]xiste una relación directa entre el surgimiento, la actividad y el apoyo electoral de la Unión Patriótica y el homicidio de sus militantes en regiones donde la presencia de ese partido fue interpretada como un riesgo para el mantenimiento de los privilegios de ciertos grupos”13.
Tal conclusión se entiende mejor si se analiza el contexto político de la segunda mitad de la década de 1980. En aquel momento se inició un proceso de descentralización política que permitió, por primera vez en la historia republicana del país, la elección popular de alcaldes.
Sectores ganaderos y empresariales, y grupos de los partidos liberal y conservador manifestaron su rechazo a la posibilidad de que las alcaldías escaparan a su control.
La campaña contra la UP adquirió la forma de pronunciamientos públicos en los que se invitaba a que ninguna personalidad o tendencia política hiciera alianzas con el “proselitismo armado”.
La advertencia sobre las consecuencias que podrían tener los pactos electorales con la nueva colectividad sirvió para abonar el terreno de los actos de violencia14.
Sobre la visión que tenían las élites acerca de la elección popular de alcaldes, es diciente la posición de la prensa conservadora. “Las alcaldías que queden en manos de las guerrillas y bajo la inspiración administrativa y política de los grupos de extrema izquierda serán muchas más de lo previsto.
Habrá de suponerse, por forzosa consecuencia, que desaparezcan los lazos de unidad con el gobierno nacional, que no opera, y el municipal, en que actuarán los dirigentes marxistas”15.
Por estas razones, entre 1986 y 1988, años electorales, se registraron hechos de criminalidad generalizada en las zonas de influencia de la UP. Esa violencia se hizo sentir especialmente en aquellos municipios y ciudades donde el grupo político obtuvo poder local y comenzó a desarrollar programas de gobierno que incluían la construcción de obras públicas, hospitales y escuelas.
Un caso ejemplar de esta situación fue el del municipio de El Castillo, Meta. Allí, uno tras otro, fueron destituidos o asesinados cuatro alcaldes de la UP junto con otros funcionarios de la administración local de la misma filiación16.
En este periodo fueron puestos en ejecución en varias partes del país una serie de modelos represivos. Sobrevino una ola de atentados, tanto durante las campañas electorales, como luego de la posesión de los elegidos.
Más tarde se denunciaría la existencia de planes de exterminio elaborados desde el seno de las propias fuerzas militares para acabar con las bases de la organización política en varias regiones del país y con sus líderes más destacados.
El “Plan Esmeralda” (1988), por ejemplo, tuvo por objeto barrer con la influencia de la UP y el Partido Comunista en los departamentos del Meta y Caquetá; dos de las regiones en las que se obtuvieron los mejores resultados en los comicios, superando incluso a los partidos liberal y conservador.
Adicionalmente, los dirigentes de izquierda denunciaron que mandos militares habían trazado otros dos planes --la “Operación Cóndor” (1985) y el “Plan Baile Rojo” (1986)-- concebidos para socavar las estructuras de dirección nacional del movimiento y asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas (Quiroga 2003, 137).
Estos planes tuvieron diferentes pautas de persecución que siguen siendo utilizadas hasta hoy. En algunas de las regiones de amplia adhesión al grupo, la estrategia de aniquilación tomó la forma de un proceso ascendente.
Primero se intentó eliminar a las bases sociales y a las estructuras locales, para luego arrinconar y liquidar a los líderes regionales. Para lograr estos fines se aplicó la estrategia de la conformación y crecimiento de grupos paramilitares que actuaban bajo el amparo oficial.
Estos grupos se especializaron en el empleo de métodos de tortura y de tratamientos crueles practicados públicamente en el contexto de masacre planificadas como forma de aterrorizar a la población, y prevenirla acerca de las implicaciones que tenía su simpatía hacia los militantes de izquierda.
Las masacres como espectáculos de terror tuvieron como resultado el aislamiento social de los sobrevivientes, o el desplazamiento de quienes se negaban a abandonar las regiones17.
En otros lugares, como en el caso ya mencionado del departamento del Meta, el exterminio contra los dirigentes se intensificó en los primeros años, luego vino un período de relativa calma que antecedió a operaciones de terror realizadas con el fin de provocar el desplazamiento forzado de la base social.
En determinados sitios fue la Fuerza Pública la que actuó directamente, en otros lo hicieron los grupos paramilitares o el mismo Ejército usando prendas distintivas de los paramilitares.
Los homicidios llevados a cabo en los municipios perseguían no sólo erradicar la competencia electoral que representaba la militancia de izquierda, sino además saldar los conflictos sociales relacionados con los problemas laborales, de tenencia y acumulación de tierras, o de cobertura y costo de servicios públicos en el ámbito local.
Entre las víctimas se han contado personas que junto a su filiación política estaban vinculadas a sindicatos, eran miembros de movimientos cívicos y organizaciones comunitarias, educadores o personas que, en su mayoría, tenían simplemente una relación de simpatía con la organización.
Como puede verse, la interpretación de que el genocidio de la UP ha sido una “cuenta de cobro” a la guerrilla encubre la desarticulación y destrucción de procesos de oposición social (Gaviria 2004, 88-90)18.
Contra los dirigentes nacionales, los candidatos a la Presidencia y los parlamentarios la táctica empleada fue la del atentado individual; utilizando para ese fin operaciones encubiertas: contratación de sicarios adolescentes, operaciones mixtas entre unidades de inteligencia del Ejército y grupos paramilitares, acción directa de los escuadrones de la muerte, etc.
De esta forma ocurrieron los magnicidios de los dos candidatos presidenciales de la UP, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, asesinados en 1987 y 1990 respectivamente.
Fase del “golpe de gracia” al movimiento y de la normalización social del genocidio, 1992 – 2002
La década de 1990 trajo cambios significativos para el país. Además de la adopción de una nueva carta constitucional, el gobierno del presidente César Gaviria puso en marcha la ejecución de un conjunto de políticas neoliberales, bajo el nombre de “apertura económica”.
Siguiendo las fórmulas de la banca internacional, se proponían medidas como la reducción del Estado y la privatización de las empresas públicas.
Los parlamentarios de la UP realizaron frecuentes debates parlamentarios contra estas políticas. Como alternativa a las políticas aperturistas propusieron proyectos de ley tendientes a ampliar las funciones sociales y la cobertura del Estado en campos como la educación, la salud, el trabajo y la cultura (Motta, 1995).
En 1993, miembros de la dirección de la UP se reunieron con varios ministros del gobierno del presidente Gaviria, para denunciar la existencia de una nueva operación en su contra, el “Plan Golpe de Gracia”, elaborado, según sus informaciones, por el alto mando militar.
A la salida de la reunión los voceros gubernamentales declararon ante los medios de comunicación que con estas denuncias la izquierda pretendía mejorar los resultados en las elecciones parlamentarias de 199419.
Pocos meses después de esta reunión, un equipo mixto compuesto por suboficiales del Ejército y paramilitares asesinó a Manuel Cepeda Vargas, el último parlamentario que le quedaba al grupo político en el Congreso de la República.
En ese mismo período la actividad de los grupos paramilitares alcanzó nuevas formas de legalidad a través de decretos que permitían a civiles el porte de armas y la organización de las cooperativas de seguridad “Convivir”.
En el departamento de Antioquia, donde tuvo lugar este experimento de legitimación paramilitar, los frentes guerrilleros intensificaron sus acciones.
El escalamiento del conflicto armado en la región trajo como consecuencia la multiplicación de los ataques contra la población civil. Cientos de militantes y simpatizantes de la UP fueron asesinados bajo el llamado “Plan Retorno” (1993), elaborado por el Ejército Nacional, cuyo propósito era “pacificar” la región.
En Urabá, zona perteneciente a ese departamento, quienes no perecieron en los atentados, fueron detenidos y acusados de haber perpetrado la masacre de La Chinita, en la que 36 personas fueron asesinadas, luego de ser acusadas de pertenecer o simpatizar al desmovilizado grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación.
Varios alcaldes y 20 sindicalistas y miembros de la UP fueron detenidos y sentenciados por “jueces sin rostro” a penas de 40 años de prisión como responsables de ese crimen20.
Durante esta misma fase se incrementaron considerablemente las cifras de las poblaciones desplazadas en zonas de influencia de la UP. Adicionalmente, aumentó el número de personas y familias exiliadas.
En 1996, luego de un atentado con rocket del que salió ilesa, la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Abella Esquivel, tuvo que exiliarse. Según las cifras del movimiento, en esta etapa se refugiaron cerca de 200 familias perseguidas, por el hecho de contar con uno o varios miembros de la organización.
Al lado de estos nuevos golpes, y luego de años de constantes arremetidas, se hizo cada vez más notorio que la sociedad colombiana se fue acostumbrando imperceptiblemente a los hechos cotidianos de violencia dirigidos contra el grupo político.
Los asesinatos y atentados contra sus militantes dejaron de ser noticia en los medios de comunicación.
A ello contribuyó el discurso justificatorio del genocidio que alcanzó amplia difusión social.
La legitimación de las acciones de terror contra la UP se hizo por medio de declaraciones públicas de funcionarios estatales de todos los niveles, oficiales de alto rango de la Fuerza Pública, líderes políticos y empresariales, jefes paramilitares, miembros de la jerarquía eclesiástica, directores de grandes medios de comunicación, y reconocidos académicos.
Las denuncias sobre nuevas amenazas fueron banalizadas por las autoridades, calificándolas como una artimaña publicitaria de los líderes de izquierda, para disimular la decadencia de su proyecto ideológico como consecuencia de la caída del Muro de Berlín.
La estigmatización alcanzó la forma del aislamiento social. En muchas partes del país a los militantes del grupo de oposición les era negado el crédito bancario, el cupo en los colegios para sus hijos y, en ocasiones, se les obligaba a dejar sus sitios de vivienda por temor a que ellos fueran blanco de atentados.
El período del “golpe de gracia” al movimiento se cerró el 30 de septiembre de 2002, cuando el Consejo Nacional Electoral expidió la resolución No. 5659 en la que le retiró el estatuto legal para el funcionamiento. La justificación de esta medida consistió en que el grupo no reunía el número de sufragios electorales necesarios (50.000 votos) para mantener su personería jurídica.
Esta medida se constituyó en un impedimento legal para la acción pública de los sobrevivientes del movimiento, y tuvo un alto significado simbólico: después de la aniquilación física y sociológica perpetrada, el poder estatal legalizó su “defunción” con una decisión administrativa.
Fase del exterminio de los sobrevivientes, de 2002 hasta el presente
La cadena de crímenes y hostigamientos contra la UP no es cuestión del pasado. Hoy en día continúa el exterminio de los sobrevivientes, los familiares, los testigos de los hechos o sus abogados. Según la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez han sido asesinados 136 miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, otros 38 han sido desaparecidos y 28 más sobrevivieron a atentados personales21.
El presidente Uribe Vélez, aseguró durante la campaña electoral para su elección, que el “error” cometido con la UP es comprensible, pues no se puede querer “combinar la política con los fusiles”22.
A pesar de haber prometido respetar a la oposición en reiterativos pronunciamientos públicos, bajo la administración Uribe se han presentado nuevas modalidades de persecución contra los sobrevivientes de la diezmada colectividad política: detenciones masivas y arbitrarias, procesos judiciales montados sobre la base de testimonios suministrados por cooperantes anónimos de la llamada “red de informantes”, abusos de toda índole en “zonas de rehabilitación” en las que la autoridad civil es sustituida por mandos militares, etc.
Los atropellos se han cometido con especial intensidad en los departamentos de Arauca, Tolima, Meta, Norte de Santander, Cundinamarca, y Caquetá, entre otros.
Durante su campaña de reelección para un segundo mandato, el equipo del Presidente utilizó una cuña publicitaria en la que se realizaba una abierta apología al genocidio contra la UP, que dio lugar, como se mencionó anteriormente, a la ruptura de la búsqueda de una solución amistosa en el caso colectivo ante la CIDH23.
Al mismo tiempo, se ha desarrollado la persecución selectiva contra los viejos militantes con el fin de extinguir toda fuente de memoria viviente del genocidio, o de la historia del movimiento. También se ha perseguido a los familiares, y en no pocos casos se ha desaparecido a familiares de los desaparecidos, o se ha asesinado a familiares de los asesinados.
Esta situación muestra con claridad que la intención genocida busca destruir al grupo político, y su entorno social, hasta las raíces.
Pero es sin duda alguna el control de vastas zonas del territorio nacional por redes paramilitares y mafiosas el fenómeno que configura la nueva etapa de persecución contra la oposición política.
Al amparo de un proceso de diálogos con el Gobierno Nacional, cuya supuesta finalidad sería la desmovilización de los grupos paraestatales, en realidad se ha consolidado un poder autoritario que ha recurrido al fraude electoral y a la presión armada para afianzarse localmente y para garantizar una significativa presencia en el Congreso de la República.
Como sustento normativo para la denominada desmovilización de los paramilitares, el gobierno colombiano y el parlamento han adoptado una serie de instrumentos legales, como la Ley 975/05 --llamada ley de “justicia y paz”-- y su reglamentación, así como el Decreto 128/03. Estas disposiciones no garantizan los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, pues no disponen de procedimientos adecuados para esclarecer los crímenes cometidos por los miembros y jefes de los grupos paraestatales.
Este marco legal no permite la dilucidación adecuada de la responsabilidad de los agentes estatales implicados. Tampoco proporciona instrumentos para sancionar a los aliados y beneficiarios de la acción paramilitar.
Como resultado de estas debilidades esenciales, la ley de “justicia y paz” no asegura un desmantelamiento exitoso de las estructuras paramilitares, y más bien implica la legalización de sus capitales ilícitos y la legitimación social de su control territorial.
Actualmente, la existencia de esta normatividad que aparenta justicia, pero en realidad auspicia la impunidad, se convierte en un obstáculo que deberá ser removido para la solución del caso del genocidio ejecutado contra la Unión Patriótica24.
CONCLUSIÓN
Como puede verse, esta periodización ubica el orden y el sentido que ha tenido el genocidio. Los periodos mencionados han coincidido con momentos fundamentales de la implantación de modelos políticos y económicos en el país. El momento del debilitamiento esencial del movimiento --a comienzos de la década de 1990-- coincidió con la irrupción de la llamada apertura económica y del modelo neoliberal.
Y en el terreno político significó el deterioro considerable de la democracia local. El genocidio corresponde a la pérdida de espacios políticos después de un primer ensayo de democratización local a través de la elección popular de alcaldes y gobernadores.
Por todas estas razones, el genocidio contra la UP se ha convertido en uno de los factores más poderosos de la clausura de una salida política al conflicto armado en Colombia. Para muchos sectores, su perpetración ha ratificado que los procesos democráticos en Colombia se estrellan inmediatamente con la barrera de la violencia sistemática y el homicidio político como únicas vías para resolver los conflictos sociales.
La suerte que corrieron miles de miembros de la UP, y esto suele olvidarse en el debate sobre la naturaleza del conflicto armado en Colombia, es el mayor argumento que tienen quienes desconfían de la acción política legal.
En consecuencia, un desafío fundamental para la salida de la violencia en Colombia consiste en una reparación plena de la cadena de crímenes políticos cometidos en este caso.
No es posible entender el proceso de reparación de una fuerza política como la simple indemnización económica de los familiares de las victimas directas, ni como un proceso de restitución del número de sus parlamentarios o diputados locales en el momento del exterminio.
En el presente caso, una reparación debe partir de la comprensión de que una fuerza política es mucho más que sus miembros individuales, y mucho más que sus representantes en instancias de poder local o nacional.
Como se ha expuesto anteriormente, el genocidio contra la UP ha comprendido la destrucción de redes y espacios sociales en los cuales su programa político tenía la posibilidad de desarrollarse.
La reparación del daño al proyecto político comprende, por lo tanto, la aplicación de medidas que permitan reestablecer esta visión política alternativa acerca de los cambios que requiere la sociedad colombiana.
Mientras continúe aconteciendo un hecho de la magnitud y el significado del genocidio prolongado de todo un grupo político, la sociedad colombiana no podrá ser considerada una sociedad auténticamente democrática. En este sentido, las políticas de reparación en este caso deben considerar el plano del resarcimiento individual de los miembros del grupo perseguido y sus familias, pero adicionalmente trascender a trasformaciones del sistema político.
Esas trasformaciones atañen directamente a la búsqueda de una salida del conflicto armado. En Colombia es impensable el fin negociado de la violencia sin que el caso del exterminio de la Unión Patriótica sea reparado de una manera satisfactoria, y sin que quede inscrito en la memoria colectiva como algo que no puede volver a ocurrir nunca más.
https://carlosagaton.blogspot.com/2011/01/historia-del-genocidio-de-la-union.html
Buenaventura, Nicolás & Fajardo, Nelson, Tregua y Unión Patriótica, Centro de Estudios Sociales (CEIS), Bogotá, 1985.
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* Publicado en Revista Cetil, Año I, No. 2, septiembre de 2006, pp. 101-112.
** Investigador en derechos humanos y director de la Fundación “Manuel Cepeda Vargas” en Colombia. (fm_cepeda@yahoo.fr).
1 Algunas investigaciones elaboradas desde las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones de víctimas se aproximan a un diagnóstico de estos fenómenos de violencia sociopolítica. El Proyecto Colombia Nunca Más, por ejemplo, ha logrado alimentar una base de datos en la cual hoy están documentados 41.400 casos de violaciones a los derechos humanos en Colombia perpetrados por agentes estatales desde el año 1966 hasta el año 1998. En esa investigación se ha logrado determinar regionalmente cómo se ha producido la persecución a movimientos sociales, grupos políticos y sindicales, pueblos indígenas y afrodescendientes. Además, se han ido definiendo las pautas y métodos empleados para la destrucción de estas organizaciones y colectividades.
2 “El nuevo partido recibió el apoyo de movimientos políticos de izquierda como el Partido Comunista, y rápidamente obtuvo un significativo resultado en las elecciones de 1986 y 1988, pero pronto sus miembros comenzaron a ser blanco de ataques violentos”. Tercer Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”. CIDH, OEA/Ser.L/V/II. 102 Doc. 9 rev. 1 del 26 de febrero de 1999, Capitulo IX, La Libertad de Asociación y los Derechos Políticos, E. Partidos Políticos Alternativos, párrafo 51.
3 Reconocidos investigadores académicos expresan ese tipo de opiniones. En su libro Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994, (1995), el historiador Marco Palacio sostiene que la agresión contra la UP sería el resultado de un “fuego cruzado” de las partes del conflicto armado colombiano (p. 290). Por su parte el historiador David Bushnell en su obra Colombia, una nación a pesar de sí misma, (1996), habla de una “vendetta de los narcotraficantes contra la UP” para explicar esta cadena de crímenes políticos (pp. 353, 361 y 362).
4 Como se sabe, la Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio (1948) consagra que solamente se podrá hablar de esta clase de crímenes cuando la acción de destrucción esté dirigida contra grupos de carácter nacional, étnico, racial o religioso. Sin embargo, el debate contemporáneo en el terreno de la doctrina del derecho internacional, y de las ciencias sociales encargadas del estudio de esta forma de violencia extrema, tiende a fortalecer la convicción de que es necesario ampliar el campo de aplicación del concepto de genocidio.
5 Hasta ahora, solo otro país reconoce esta definición en América Latina. El Código Penal de Costa Rica (artículo 375) señala que el genocidio se realiza por “razón de creencia religiosa o política”.
7 “El Gobierno no sólo se sustrajo de su obligación de protección sino que, además, alentó nuevos hostigamientos. Muestra de esa actitud son los señalamientos del presidente Uribe contra los comunistas, y la cuña de la campaña reeleccionista que lanzaba fuertes acusaciones contra la UP”. “No hubo voluntad política ni compromiso serio del Gobierno en el caso Unión Patriótica”, declaración pública de la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas, 4 de julio de 2006.
8 Comunicación dirigida por el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Cantón, a la Fundación “Manuel Cepeda Vargas” y al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, peticionarios del caso, el 5 de diciembre de 2005.
10 El término “mamerto” se usa en Colombia para identificar a los miembros del Partido Comunista y, en general, de las agrupaciones de izquierda. Su acepción es peyorativa pues significa que alguien tiene una posición política sectaria, y que defiende un radicalismo ideológico anquilosado. El empleo corriente de esta expresión es demostrativo del grado de incorporación social de una mentalidad segregacionista.
11 Dos casos emblemáticos de esa etapa fueron la “desaparición” forzada el 27 de febrero de 1953 de Ángel María Cano, líder sindical, diputado y fundador del PCC, y el asesinato de Julio Rincón, líder nacional del mismo partido, el 8 de junio de 1958.
12 Tal fue el caso de la masacre de 11 personas en el municipio de Puente Rojo, en septiembre de 1962, y de la represión policial de los habitantes del barrio “Policarpa Salavarrieta” en Bogotá --urbanización construida en terrenos baldíos por personas desplazadas a la fuerza de las regiones de influencia comunista-- el 8 de abril de 1963; un episodio que sería conocido como el “Viernes sangriento”.
13 Informe del Defensor del Pueblo, 1992. Citado en: “La Ley de ‘Justicia y Paz’ no es un instrumento para esclarecer el genocidio contra la Unión Patriótica”, Corporación Reiniciar, Bogotá, 2006, p. 6.
14 En febrero de 1986, a pocas semanas de la elección de diputados locales y congresistas, la 45 asamblea de la Conferencia Episcopal, bajo la dirección del cardenal Alfonso López Trujillo, emitió una declaración pública en la que expresó la condena de la alta jerarquía de la Iglesia Católica colombiana a las coaliciones con la izquierda.
15 La República, 19 de febrero de 1988, p.4 A. Un análisis de la relación entre la descentralización política y el surgimiento de la violencia paramilitar puede consultarse en el texto de Mauricio Romero (2002).
16 Por petición del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, la Comisión Interamericana examina actualmente la admisibilidad del caso de los alcaldes de El Castillo, Meta.
17 Un caso ilustrativo de estas estrategias fue la masacre de Segovia. El 11 de noviembre de 1988, 40 integrantes de la UP fueron asesinados públicamente en la plaza central del municipio de Segovia, Antioquia.
18 En el mismo estudio se indica que de un total de 689 homicidios registrados para el periodo analizado, sólo 6 de los casos correspondían a guerrilleros en tregua.
19 En un debate parlamentario en octubre de 1993, el congresista Manuel Cepeda afirmó: “Hace pocos días la dirección del PC denunció al señor Ministro de Defensa la existencia de un plan denominado ‘Operación golpe de gracia’, urdido por los altos mandos militares para eliminar la dirigencia comunista o empapelarla mediante juicios amañados. El Ministro manifestó su total incredulidad ante tales afirmaciones, hoy corroboradas escandalosamente por las incitaciones provocadoras del Comandante de las Fuerzas Militares” (Gaceta del Congreso 1993, 21).
20 El total de las condenas totalizó 1.008 años de prisión, entre los condenados se encontraba una mujer de 65 años de edad. Si bien los alcaldes acusados fueron absueltos en la investigación disciplinaria del Ministerio Público, uno de ellos, Nelson Campos, continuó por años en la cárcel. Uno de los absueltos, Albeiro Bustamante, regresó a la región y fue asesinado; las demás personas absueltas se encuentran desplazadas o en el exilio por temor a ser asesinadas; un matrimonio condenado decidió suicidarse en las celdas del Complejo Penitenciario La Picota, en Bogotá. En junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad del proceso y concedió la libertad a quienes quedaban en prisión.
21 “No hubo voluntad política ni compromiso serio del Gobierno en el caso Unión Patriótica”.
22 Álvaro Uribe-Vélez, Manifiesto democrático. 100 puntos del programa de Gobierno. http://www.alvarouribevelez.com.co/.
23 En la cuña difundida por los medios de comunicación, un campesino, supuesto ex militante del grupo político, afirmaba: “Señor Presidente: Yo pertenecía a la UP, me parecía un buen movimiento, pero nos fuimos torciendo. Matar por matar, hacer daño a los demás, matar civiles, eso está mal hecho. Está bien que usted los esté combatiendo, por eso hoy día lo apoyamos a usted con toda la que tenemos (sic.). ¡Adelante, Presidente!”.
24 Algunas de las razones de fondo que muestran las limitaciones jurídicas del conjunto de normas y disposiciones expedidas actualmente han sido señaladas por la Corporación Reiniciar (2006).
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