Manuel Orozco, por mandato del Departamento de Estado gringo, logró articular todo un entramado de organizaciones antisandinistas cuyo objetivo era derrocar violentamente al gobierno del presidente Daniel Ortega.
El Ministerio Público de Nicaragua a través de la Fiscalía Departamental de Managua, en un documento fechado el 23 de agosto y recién circulado a medios de comunicación, señala al ciudadano nicaragüense residente en Estados Unidos, Manuel Salvador Orozco Ramírez, como el principal articulador del grupo de opositores que empezó a conspirar desde 2009 contra el Estado.
«Desde el año 2009, el acusado Manuel Salvador Orozco Ramírez se encuentra vinculado con el financiamiento de campañas desestabilizadoras, mediante una red de enlaces de organizaciones políticas y medios de comunicación, con las cuales ha venido manipulando y presionando para destituir con métodos violentos al gobierno de Nicaragua», afirma el documento acusatorio.
En consecuencia, en la citada fecha, la Fiscalía formuló acusación y solicitud de apertura de proceso en contra de los acusados Manuel Salvador Orozco, José Pallais, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Violeta Granera y Daysi Tamara Dávila, «por ser autores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua».
«El acusado Manuel Salvador Orozco Ramírez es miembro activo de la Organización Creative Associates International, donde se desempeña como director en el área de Centro para la Migración y Estabilización, organismo de desarrollo global que es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos», especifica la acusación, presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencias circunscripción Managua.
El texto agrega que el licenciado en relaciones internacionales, de 55 años de edad, actuaba además como enlace operativo de grupos internos en Nicaragua, a fin de «dar apoyo logístico y crear condiciones favorables para lesionar los intereses supremos de la nación contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, comprometiendo la paz y la estabilidad de la nación».
El Ministerio Público apuntó que la actividad delictiva de Orozco consistió en triangular los recursos desde organismos internacionales como el Instituto Republicano Internacional (IRI), USAID y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), con la finalidad de crear organizaciones, asociaciones y fundaciones fachadas para canalizar tales financiamientos.
Como vehículo de tales fines emprendió proyectos o programas que abordan temas sensibles como los derechos de grupos de la diversidad sexual, derechos de comunidades indígenas, o el marketing político en temas como libertad de expresión y democracia.
La triangulación financiera diseñada por Orozco aportaba recursos a las ONG nicaragüenses Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Hagamos Democracia, Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), Movimiento Puente y Movimiento por Nicaragua (MPN).
La Fiscalía sostiene que Orozco Ramírez organizó el grupo conformado por los también acusados Pallais, Maradiaga, Aguerri, Chamorro, Cruz, Granera y Dávila, «a quienes durante los años 2019, 2020 y 2021, bajó orientaciones para que propusieran y gestionaran sanciones económicas, comerciales y de operaciones financieras en contra del Estado de Nicaragua, sus instituciones y ciudadanos».
El acta de acusación detalla una extensa relación de acciones realizadas por los opositores miembros del grupo articulado por Orozco, que el Ministerio Público considera de carácter injerencista en los asuntos internos de Nicaragua y parte de la conspiración antigubernamental.
Finalmente argumenta que los hechos descritos y realizados por los referidos acusados, constituyen de acuerdo al Principio de Legalidad Penal (artículo 34 Inciso 11 de la Constitución Política de Nicaragua y artículo. 1 del Código Penal) el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional que prevé y sanciona los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de la República de Nicaragua».
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