La policía uniformada chilena se encuentra en una crisis terminal: corrupción y un fraude descomunal del alto mando institucional cuya punta del iceberg arroja, hasta ahora, un desfalco de 35 millones de dólares.
La Operación Huracán que develó la usencia de una política de inteligencia y de ética investigativa policial.
El asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. El paso a retiro de medio centenar de generales, han sido algunos de los hitos que han marcado a esta institución.
El día jueves 26 de diciembre y como un regalo post navidad, se ha puesto un ladrillo más en la lápida de una institución hundida en el marasmo del desprestigio.
Efectivamente, el Juez chileno del Octavo Juzgado de Garantías de Santiago, Daniel Valenzuela, decretó la prisión preventiva contra cinco de doce carabineros acusados de torturas contra el ciudadano chileno Moisés Órdenes Corvalán, por considerarlos una “pandilla” una “jauría” un peligro cierto para la sociedad, signando con ello que la impunidad y el actuar a contrapelo de la ley y del respeto de los derechos humanos, no puede ser más la conducta de una institución del Estado.
Para la defensa el concepto de tortura no era atribuible al actuar de los funcionarios policiales, sino que el de “apremios ilegítimos” pues ello permite una pena menor en caso de ser condenados. Los otros siete imputados, acusados de no haber intervenido para evitar los golpes contra el querellante fueron condenados a firma semanal en la 33° Comisaria de Ñuñoa, arraigo nacional y prohibición de acercarse con la víctima.
El dictamen del Juez chileno se pone en el extremo opuesto de lo declarado por el presidente chileno Sebastián Piñera, respecto a que Chile, en plena rebelión social, enfrenta un enemigo poderoso, que pone en peligro su seguridad, incluyendo aires bolivarianos, la trama rusa, informe de Big Data que deberían avergonzar a aquellos que dedican sus esfuerzos a promover esta forma de indagar.
Pero, hasta ahora el único peligro corroborado tiene números y responsables: 25 muertes, 345 heridos por estallidos oculares por uso de perdigones, 2500 heridos en general y 30 mil detenidos. Todos ellos a manos de agentes del Estado como ha sido investigado y denunciado por organismos como Amnistía Internacional, Human Rigth Watch y la propia ONU a través de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos.
La sociedad chilena efectivamente tiene un enemigo poderoso y ese se llama carabineros de Chile, devenido en un organismo represor, correspondiente a su papel de defensor del sistema político y económico que domina el país.
Una institución desprestigiada, con índices de aprobación ínfimos y que además ha sido abandonada a su suerte por un gobierno y un Alto mando de carabineros que han quitado toda defensa procesal a aquellos funcionarios policiales acusados ante la justicia, como es el caso de 12 efectivos formalizados por torturas al ciudadano Moisés órdenes Corvalán.
Una realidad denunciada por algunos de los abogados de estos policías quienes señalaron en la audiencia pública – a la cual este cronista asistió - que incluso estos efectivos, vía sumarios administrativos, ya habían sido dados de baja.
Se quiere echar tierra lo más pronto posible sobre este caso que conmueve por la brutalidad mostrada por una sección de la 28 Comisaria de Fuerzas Especiales al mando del teniente Martin Blanc Cabrera junto a otros 11 carabineros bajo sus órdenes, quienes atacaron a mansalva al querellante, cuando este tenía en sus manos una sartén y una cuchara para expresar su descontento en una plaza pública, tal como millones de chilenos y chilenas, que mediante esa “peligrosa” arma le decían al gobierno de Piñera y en general a un modelo político y económico, que la indignidad no puede seguir siendo la conducta de nuestra sociedad.
Como una manera de atenuar los hechos, que llevaron al procesamiento de esta sección de las Fuerzas Especiales (Policía Militarizada chilena) acusados de torturas contra el Sr. Órdenes de 54 años de edad, brutalmente golpeado el día 21 de octubre del año en curso, en la vorágine de manifestaciones que se dieron en la denominada Plaza Ñuñoa, al oriente de la capital chilena, el nutrido grupo de abogados, a disposición de los procesados, trató de mostrar a parte de esta “jauría” como un grupo de imberbes, niños recién salidos de la formación policial y entregados al resguardo de la seguridad pública y por tanto con escasa experiencia para el manejo de situaciones de protesta social. Atenuantes tan burdas como propias de algunos de estos defensores que al entender de este cronista mostraron un profundo desprecio por su labor profesional.
Indudablemente esta línea argumentativa no se condice con la gran experiencia del corpulento Teniente Blanc, con un peso superior a los 100 kilos, a cargo de la sección de Fuerzas Especiales y quien en las imágenes de video, mostradas en la audiencia, se visualiza claramente como la persona que propina una brutal patada en la espalda del demandante, que con sus escasos 50 kilos cayó al pavimento golpeando su rostro, molido a golpes de bastonazos, para pararse posteriormente a duras penas y ser conducido detenido al furgón policial.
La débil línea argumental de la numerosa grey de leguleyos tampoco puede significar impunidad frente a hechos que revisten la categoría de golpiza estilo pandilla, como también lo describió el Fiscal a cargo. Un grupo cuya acción pudo ser observada por millones de personas, en vivo, a las 20:40 horas del día 21 de octubre. Una golpiza transmitida en directo por un canal nacional.
No había manera de esconder los hechos, no existía forma de negar lo que nuestros ojos veían y que en el ámbito judicial, cada vez que eran mostrados en la sala de audiencias hundían más y más a los acusados en el oprobio y la vergüenza.
Moisés órdenes Corvalán resultó con trauma ocular cerrado izquierdo grave (cuya evolución en estos dos meses ha significado la pérdida total de la visión de ese ojo y el desprendimiento de retina del ojo derecho, trauma torácico cerrado izquierdo contuso, fracturas costales múltiples, fractura dental incisivo central izquierdo, luxación anterior del hombro izquierdo reducida y fractura nasal izquierda.
La discusión en estos días no era ya respecto a la inocencia de los acusados, sino que negarse a que fueran declarados en prisión preventiva, pues consideran que era “una pena extrema” y se solicita la firma mensual mientras se desarrollan las investigaciones.
De nada sirvió las alegaciones rayanas en el mal gusto y la desvergüenza de algunos de los abogados de parte de la defensa, que sacaron a colación el hecho falso, que sus heridas hubiesen sido anteriores. Una jugada que simplemente concretó lo que era vox populi: algunos abogados se caracterizan por su actuar poco ético, algunos de ellos involucrados en escándalos de corrupción y otros en la defensa de violadores de derechos humanos y delincuentes comunes.
Ante las alegaciones de algunos de estos leguleyos la molestia del Juez del Octavo Juzgado de garantía no podía ocultarse, resulta obvio que la estrategia de dilatar el proceso, de solicitar camios de representantes pues tenían “otros negocios” que atender era muestra de falta de respeto al proceso pero también con sus defendidos, cuyos nombres ni siquiera conocían. Resulta lastimoso ver a algunos jovencísimos funcionarios policiales con su vida laboral policial truncada y entregados a la defensa de verdaderos mercenarios de las leyes.
Resulta una ficción creer que estos abogados representen a los policías procesados ad honorem, simplemente porque no está en el proceder profesional de parte de ellos y menos cuando detrás de escena, tras bambalinas se encontraba un ex general Director Interino de Carabineros, Julio Pineda, quien se encuentra enfrentado a muerte con el actual alto mando y que lo ha llevado a crear la organización de defensa de carabineros - acusados tras la rebelión social – denominada Corporación de Asistencia Jurídica de Carabineros – DEFCAR -. El director de DEFCAR es el abogado Mario Vargas Cociña, ex defensor público, a quien se le reconoce su buen olfato económico-judicial a la hora de defender acusados por los más diversos delitos, entre ellos a al director de televisión Herval Abreu acusado de delitos sexuales. Al alcalde de la ciudad de Rancagua, Rancagua Eduardo Soto por el Caso Caval – que involucró al hijo de la ex presidenta Bachelet - y Fernando Coloma por el caso Cascadas. Todos ellos casos que causaron conmoción pública.
Defcar es una organización cuyo objetivo definido es “asegurar una defensa de calidad y gratuita para aquellos carabineros a quienes se les ha asignado alguna responsabilidad jurídica en procedimientos de restablecimiento del orden en las actividades violentas, o hayan sido víctimas de agresiones y actos vandálicos por parte de civiles” Difícil resulta creer que 9 de los 12 carabineros procesados sean defendidos gratuitamente, sobre todo cuando se trata de profesionales de la plaza reconocidos como “verdaderos mercenarios” según palabras de colegas presentes en estas audiencias. Lo que hace interesante el interrogarse de dónde sale el dinero para esta defensa de exfuncionarios policiales, cuando la institución no puede pagar esos altos honorarios.
Lo de Defcar será labor de otro artículo, lo importante hoy es que la justicia ha dado un paso importante en reconocer, que las fuerzas policiales no pueden circular por las calles, repartiendo bastonazos, patadas, golpes de puño a diestra y siniestra. No pueden seguir considerando a los manifestantes como enemigo interno, ni componentes de una fuerza poderosa impulsada por “agentes extranjeros”. Esa necedad debe dar paso a una profunda transformación de una institución, que debe ser verdadera garante de la seguridad pública.
El Sr. Moisés Ordenes se encuentra grave, con múltiples secuelas derivadas de una golpiza, que para el Fiscal Pérez constituyen actos de tortura. Hoy se requiere que estos “niños” de las Fuerzas Especiales, definidos así por algunos de sus abogados defensores, efectivamente no vuelvan a ejecutar nunca más estas acciones propias de una pandilla, de una jauría como los definió el Fiscal Pérez.
El sumario interno de carabineros ya determinó que los doce involucrados en la brutal golpiza contra el querellante, ya no son funcionarios de esa institución policial. Ahora falta que cumplan la pena que la ley determine, para actos tan deleznables como golpear a un ciudadano que blandió contra ellos un símbolo, como el que millones de chilenos han esgrimido estos meses: una sartén y una cuchara. Amos elementos enfrentando escudos, bastones, bombas lacrimógenas, gas pimienta, perdigones, agua a presión, patadas, estallidos oculares, muertes.
Las pandillas uniformadas, la jauría de perros sedientos de sangre, los “niños” supuestamente sin experiencia y con ello proclives a cometer “algunos excesos” o “apremios ilegítimos” como agentes del Estado, no pueden estar en las calles y el dictamen del Juez Valenzuela así lo refrenda.
https://www.hispantv.com/noticias/opinion/445444/pinera-protestas-policia-abuso
