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El ex presidente ecuatoriano afirma ser el blanco de la persecución política del actual presidente Lenin Moreno.
La Interpol rechazó la solicitud de "alerta roja" de Ecuador contra el ex presidente Rafael Correa por considerarla incompatible con los derechos humanos, tal como lo hizo público el miércoles el Tribunal Nacional de Justicia.
El documento, recibido por la jueza nacional Daniella Camacho, explica que el proceso no puede continuar debido a la situación legal en Ecuador.
“Después de examinar cuidadosamente cada elemento relacionado con la situación legal del país solicitante, la información disponible para la Comisión reveló que mantener los datos en el Sistema de Información de Interpol no era compatible con la responsabilidad de Interpol de garantizar una cooperación efectiva entre las autoridades policiales en el contexto de "Respeto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Acta de Interpol, Artículo 2)", declaró la Interpol en una declaración oficial.
La organización internacional rechazó la solicitud por primera vez en octubre, argumentando que no había pruebas suficientes que involucraran a Correa con el secuestro del ex legislador de la oposición Fernando Balda. Pero las autoridades ecuatorianas declararon en aquel entonces que no habían recibido ninguna notificación oficial.
El ex presidente, que vive en Bélgica con su familia desde que finalizó su mandato en el 2017, afirma que el caso es una organización creada por fuerzas que se oponen a su administración.
"Es muy grave para el país que Interpol haya rechazado el pedido de la “justicia” por atentar contra los derechos humanos. Esto es solo el principio", tuiteó Correa luego de que surgiera la noticia. "Los derrotaremos en todas las instancias internacionales, donde no hay “transitorios” ni prensa corrupta".
Ecuador solicitó la alerta roja sobre Correa para su detención previa al juicio en julio del 2018, pero el caso ha estado plagado de irregularidades. Los juicios han sido suspendidos debido a "problemas técnicos", y el ex fiscal general Paul Pérez Reina, quien se suponía que debía recopilar información y preparar el caso contra Correa, renunció el 14 de noviembre por motivos personales. Ahora, el actual abogado adjunto también está investigando a Pérez Reina.
Según el abogado ecuatoriano de Correa, Caupolicán Ochoa, no hay pruebas contra Correa. "El fiscal general no puede llevar esto a juicio", dijo Ochoa a la prensa en octubre. Correa respondió a través de Twitter preguntando si tal vez el tribunal nacional temía la presencia de observadores internacionales.
Correa y los políticos que le apoyan afirman ser objeto de persecución política por parte del gobierno de Lenin Moreno, un antiguo aliado de Correa. El 7 de noviembre, el juez Camacho pidió un juicio contra Correa y otros tres acusados de haber secuestrado al ex legislador Fernando Balda en Bogotá en agosto del 2012. Las autoridades colombianas intervinieron de inmediato, liberaron a Balda de sus rapaces y lo extraditaron a Ecuador para enfrentar problemas legales pendientes.
El proceso legal contra Correa no puede continuar sin su presencia física en Ecuador, pero el ex presidente se niega a asistir citando preocupaciones de seguridad.
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