El líder laborista británico, Jeremy Corby, pidió pruebas de la procedencia del gas nervioso empleado en el "atroz ataque" de Salisbury después de que la primera ministra, Theresa May, lo denunciara como "acto ilícito de fuerza del Estado ruso contra el Reino Unido".
"¿Hemos atendido la petición de una muestra (del gas) por parte del Gobierno ruso? ¿Hay indicios en nuestra muestra de donde fue producido", cuestionó el líder de la oposición en el Parlamento de Westminster.
La jefe del Gobierno esquivó ambas preguntas pero adelantó que se han iniciado consultas con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) para que "se verifiquen independientemente" los rastros del agente que científicos británicos han identificado como un Novichov elaborado en Rusia.
"El Estado ruso fue culpable del intento de asesinato del señor (Serguéi) Skripal y su hija y de poner en riesgo las vidas de otros ciudadanos británicos en Salisbury", declaró May en su comparecencia especial en los Comunes.
Corbyn se unió al resto de la cámara en "condenar el abominable y temerario" acto pero atrajo sonoras y rabiosas protestas de diputados de ultraderecha al pedir transparencia en las diligencias y la continuidad de las relaciones bilaterales con Moscú.
El unionista norirlandés, Sammy Wilson, reprochó al líder laborista por apostar por la "política del apaciguamiento" que no consiguió contener a Hitler en los años treinta.
Y el conservador radical, Iain Duncan Smith, criticó su capacidad de mando cuando Corbyn propuso "mantener un diálogo robusto con Rusia en interés nacional del Reino Unido".
La respuesta, para el veterano izquierdista, pasa por construir el "consenso internacional" y "fortalecer" la convención sobre el desarrollo y uso de armas químicas.
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"Rusia debe desvelar todos los detalles de su programa de armas químicas a la OPAQ", instó el cofundador en Inglaterra de la Campaña por el Desarme Nuclear.
Entre las medidas unilaterales anunciadas por May se incluye una enmienda legislativa que permitirá imponer sanciones a inversores o empresarios que violan los derechos humanos.
Será una versión de la llamada ley Magnitski —en nombre del abogado del mismo apellido— que los laboristas intentan introducir en esta legislatura pero los conservadores la habían bloqueado hasta la fecha.
Además, el Gobierno ordenó la expulsión "en una semana" de 23 diplomáticos rusos ubicados en Reino Unido.
El Mundial de Fútbol 2018 no contará con una delegación oficial del Gobierno ni del Estado británicos.
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