En los últimos días se ha leído y escuchado mucho de Jimmy Morales. El presidente de Guatemala ha copado todos los titulares con su último escándalo de corrupción: el “Bono Militar”. En medio del ciclón político que atraviesa el país, además del jaleo, se ha sumado una ristra de cuestionamientos desde voces que no sólo desaprueban una compensación irregular recibida de forma virtualmente secreta, sino también el hecho de que se trata de uno de los presidentes mejor pagados de América Latina - USD 19.300 mensuales- y de uno de los países más pobres de la región.
Empecemos por saber que Guatemala es calificada por el Banco Mundial como la economía más grande de Centroamérica.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, que dio por acabada la guerra civil que duró 36 años, el país ha logrado significativas tasas de crecimiento económico que hoy le hacen acreedora de esa posición.
Según datos del mismo organismo internacional, desde 2012 la tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) supera el 3% y en 2015 incluso alcanzó un 4,1%.
El año pasado si bien bajó una décima hasta el 2,9% (1), la economía guatemalteca pudo crecer por encima de la media regional en un escenario de vacas flacas por la caída de los precios de los commodities y las turbulencias económicas globales.
Exilio económico
Guatemala es uno de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, un infierno del que al menos unos 40.000 guatemaltecos busca huir cada año para intentar sobrevivir a la espiral de violencia y pobreza que azota a su país.
Razonablemente, salen de su país no sólo con la perspectiva de encontrar mejores condiciones de vida, un empleo y un mínimo de seguridad social, sino también hacer que el sacrificio valga la pena enviando dinero a sus familiares que dejan atrás.
Esta situación ha convertido al envío de remesas, consideradas estas como contribuciones financieras de los migrantes para sus familiares radicados en su país de origen, en el sostén de la economía de Guatemala.
No obstante, más allá de un enfoque individual, familiar o local, el impacto de las remesas en la macroeconomía es determinante al punto tal que:
El país ocupa el segundo lugar como receptor a nivel regional.
Los envíos representan el 15% de su PIB.
El total es equivalente al 65% de sus exportaciones y al monto neto de las reservas.
Una caída -o aumento- en los giros pueden tener un impacto en la situación macroeconómica.
En 2012, su valor fue mayor al de todas las inversiones extranjeras directas.
Mientras en el año 2000, al inicio del gobierno de Alfonso Portillo, se transfirieron USD 560 millones, para 2016 se recibieron USD 7.160 millones.
Las últimas cifras del Banco de Guatemala (2) señalan que solo en junio ingresaron al país más de USD 723 millones en remesas familiares, 17% más que el mismo mes del año pasado. Hasta agosto se contabilizan USD 5.524.394,6 millones en total.
A la fecha, las remesas ya sobrepasan el valor combinado de la inversión extranjera directa, turismo e incluso podría sobrepasar el monto del pago de los intereses de la deuda externa.
Con estos datos se podría concluir que las remesas familiares trabajan a doble hélice:
Económico: el flujo constante de dólares aumenta la oferta del mercado cambiario, lo que induce a la estabilidad del tipo de cambio y a su vez tienen un impacto directo en el consumo interno.
Además, al representar el segundo mayor ingreso de divisas en el país, también contribuye a financiar en buena parte el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago.
Social: manejan un componente compensador para las familias que las reciben, pues en su mayoría son hogares con bajos ingresos que económicamente dependen al menos un 10% del envío de remesas.
Esto no lleva a otra conclusión: las remesas son un paliativo con muchas apariencias positivas pero en el fondo, la situación socioeconómica puede que esté empeorando.
En principio porque según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (3), si bien los envíos familiares les permiten cubrir la canasta básica de alimentos, el volumen favorece a sectores que tradicionalmente manejan una dinámica de concentración como la banca, los importadores de productos no esenciales o la construcción.
En resumen, son los más de dos millones de guatemaltecos radicados en el exterior los que están dándole los buenos números a la economía nacional aliviando una tarea que corresponde al gobierno, cuyo proceder –ganar/perder-sigue sin atender las necesidades elementales de su población y es incapaz de dar con soluciones efectivas a un drama migratorio del que se beneficia a partir de las remesas.
Desempleo
Según la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos (ENEI), la tasa de desempleo (4) en 2016 alcanzó a escala nacional un 3,1%. Sin embargo, por tratarse de una economía poco formalizada, donde 69.8% de las personas trabajan en el sector informal, el registro de desocupados presenta datos que maquillan la realidad.
De acuerdo con la ENEI 59,6% de la población en edad de trabajar estaba ocupada en 2016. Esto no significa que tuvieran un empleo estable con una remuneración fija. Con que fuera una persona de 15 años o más que durante la semana haya llevado a cabo, en un intervalo de al menos una hora, alguna actividad económica, bastaba.
Política fiscal regresiva
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) (5), Guatemala promedió una carga impositiva de 13% con proporción al PIB en las últimas dos décadas, cifra que lo ubica como el país con la tasa de recaudación fiscal más baja de la región que en 2015 remarcó una media de 22,8%.
Pobreza
El mapa de pobreza en Guatemala, elaborado por el Banco Mundial y el Instituto Nacional de Estadística, señala que entre 2000 y 2015 este indicador aumentó en 2,9%, hasta alcanzar el 59,3% que registra a la fecha (6).
El flagelo afecta de forma extrema a la población indígena y a los municipios rurales del país, en especial a Alta Verapaz y Sololá que son los departamentos con más pobreza, por encima del 80%, seguidos de Totonicapán, con el 77,5%.
También en estas regiones, aunque no exclusivamente, la desnutrición infantil es de las más graves en todo el continente.
Los indicadores encajan con el retroceso que tiene Guatemala en el Índice de Desarrollo Humano, estudio que elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y que en el 2015 colocó al país en el puesto 128 del ranking mundial, solo por arriba de Honduras y Haití, como los peores de toda América Latina.
Según este mismo informe, el 73% de los guatemaltecos no gana lo suficiente para cubrir los gastos mínimos y una tercera parte de la población no tiene lo necesario para comprar alimentos, además, 8 de cada 10 niños presentan desnutrición crónica.
Conclusiones
Jimmy Morales, el líder outsider del derechista Frente Convergencia Nacional (FNC), lejos de ser la renovación política para el país, representa el mismo sistema de poder elitista a favor de pocos y en desmedro de muchos.
La macroeconomía debe estar al servicio de un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. Más allá de las tasas positivas de crecimiento económico, siempre son necesarias políticas públicas complementarias para que la economía de justa y equitativa.
Guatemala debe definir el camino de reformas y transformaciones políticas necesarias para promover una democracia plena y participativa junto a un modelo de desarrollo inclusivo, justo y equitativo.
Notas:
Crismar Lujano Delgado es investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ( CELAG )
@Clujan0
