Carlos Santa María//.- A partir del día 11 de septiembre de 1973 ocurrió el ‘milagro’ propiciado por ‘san’ Agusto Pinochet: finalizaron las colas y el desabastecimiento prácticamente a partir de ese día, hechos que habían exasperado la opinión colectiva y se convirtieron en otro soporte del golpe militar dado en Chile por las Fuerzas Armadas.
En Venezuela acaba de ocurrir un hecho similar aunque con un contexto, alcance y sentido diferente: a través de una orden presidencial se ha realizado una operación especial para frenar en la frontera con Colombia las causas del acaparamiento, el paramilitarismo, la prostitución y, en síntesis, la existencia de un desangramiento en productos de primera necesidad.
El cierre de la frontera ha develado una situación sin parangón: desde el año 2000, el Gobierno colombiano había propiciado con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia venezolana un decreto para permitir el “libre cambio” en la frontera auspiciando el mercado negro de tal suerte que la devaluación del bolívar se realizaba artificialmente con el fin de destruir la economía del vecino país. Sin embargo, los datos conocidos públicamente hasta hoy exponen cifras desquiciadas: un jabón subsidiado por el estado venezolano se vendía en la nación por doce veces más su precio y en Cúcuta por cantidades inverosímiles, lo que significaba ventajas económicas incomparables.
Un bachaquero podía obtener el equivalente a cinco salarios mínimos mensuales en Colombia transportando cinco productos diarios.
¿Qué significa para las élites este paso soberano?
Ha sido un golpe demoledor pues el decreto del Estado de Excepción por el cual Venezuela cerró la frontera con Colombia, en una medida absolutamente soberana, estableciendo un proyecto de control militar y ciudadano en las áreas limítrofes, ha causado estupor en la oligarquía y las organizaciones criminales del país vecino, las cuales han contado con el silencio de la prensa nacional e internacional, especialmente ocultando este proceso que aporta a mejorar sustancialmente la paz social.
El resultado positivo de la acción puede traducirse en varios puntos, entre ellos la desarticulación de grupos paramilitares que ocupaban el espacio fronterizo gracias a la dinámica de esta zona como centros de secuestro, prostitución, tráfico de drogas, chantaje, cobro de comisiones, en síntesis, control de la vida ciudadana; rescate de la producción generando una distribución coordinada y el abastecimiento pleno para los sectores que tradicionalmente no tenían acceso ya sea por inexistencia debido al contrabando o por precios prohibitivos a la población; articulación propositiva para la economía venezolana en tanto desestructuración del mercado negro lo que ha implicado eliminación de colas, precios al alcance popular, gasolina en cantidades, es decir, nuevas condiciones de vida a través de la normalidad vivencial; gran campaña de los Medios reaccionarios a la soberanía y transparencia social intentando culpar al Gobierno de Nicolás Maduro de una tragedia humanitaria, desabastecimiento en Cúcuta, violación de derechos humanos y atentado al pueblo colombiano.
¿Cuál tragedia humanitaria: deportación o desplazamiento forzado?
Naturalmente la afectación al contrabando que mantenía a miles de familias colombianas y también venezolanas se ha visto reflejada en la desaparición de la gasolina en la ciudad vecina de Cúcuta, en una disminución intensa del comercio de especies subsidiadas del vecino país y en la deportación de 1080 indocumentados.
Esto último especialmente significa una delicada situación humanitaria que debe resolver la nación colombiana y que es posible, pues no está ni siquiera medida en los términos que afectan a Europa, África, Medio Oriente, donde la cantidad de personas involucradas son abismales y en situación de riesgo vital.
Ante ello, las autoridades municipales asociadas con los Medios han indicado que esa ‘tragedia humanitaria’ es provocada por Venezuela, en un claro intento de enfrentar a ambas naciones. Informaciones de la prensa han falsificado la realidad a niveles extremos para mostrar “el drama de los colombianos que se van con su vida a cuestas (iniciando) el éxodo desde Venezuela ante el temor de que sus casas sean destruidas con todos los enseres que han acumulado en décadas de residencia…
Desde entonces sus casas son marcadas con una ‘D’ o una ‘R’, como en el holocausto nazi, según se repite como un mantra en la fronteriza ciudad de Cúcuta, ya en el lado colombiano… Niños, ancianos y mujeres embarazadas o con bebés en brazos atraviesan el río bajo la aparentemente descuidada mirada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela (optando) por la vía de la ‘trocha’ pese a que eso suponga dejar su vida atrás y comenzar desde cero”.
En realidad, la verdadera tragedia humanitaria que los Medios han silenciado por décadas es el desplazamiento forzado por masacres, saqueo, amenaza, dentro del país y hacia el extranjero, que se calcula en datos muy prudentes en seis millones a nivel interno y cerca de ocho hacia el extranjero, del cual Venezuela alberga casi un 70%, lo que la convierte en una nación protectora y holística a nivel mundial.
Tampoco han denunciado el paramilitarismo ni la prostitución y menos el contrabando, en una clara demostración de que la vida de estos colombianos no les interesa sino como propuesta política retórica.
Consideraciones analíticas.
El planteamiento fundamental del presidente Nicolás Maduro ha sido consolidar la cooperación de ambos Gobiernos estabilizando una frontera que sea administrada con rigor y transparencia, en discutir la situación de la inmigración colombiana y, definitivamente, consolidar la patria bolivariana respetando en cada país su propio modelo de gestión, lo que debe ser un principio esencial, inviolable.
Los medios colombianos y transnacionales han ‘olvidado’ informar que más de cinco millones de ciudadanos colombianos han sido integrados a Venezuela y posen los mismos derechos a salud y educación gratuita, que no tienen en su propia nación pues ha sido privatizada
Para Venezuela, esta medida traerá paz y tranquilidad social a través de un proyecto integral que permitirá el control de la frontera.
Por su parte, los medios colombianos y transnacionales han ‘olvidado’ informar que más de cinco millones de ciudadanos colombianos han sido integrados a Venezuela y posen los mismos derechos a salud y educación gratuita, que no tienen en su propia nación pues ha sido privatizada.
Nada han dicho de la asistencia a hospitales venezolanos de colombianos que deben hacerse diálisis u otros tratamientos especializados que son gratuitos y que, en el vecino país son impracticables por ser la medicina pagada la principal opción, los cuales transitan estos días por la frontera sin ningún obstáculo.
Es fundamental precisar que se ha detenido un mercado ilegal donde un kilo de leche subsidiado en el país bolivariano vale 200 bolívares y en Cúcuta se vendía a 14.000 bolívares, aprovechando el artificial mercado negro del dólar.
Lo que indica ahora abastecimiento para el territorio originario y falta para los especuladores en una zona artificialmente construida, criterio fundamental de la justicia social distributiva.
Existe la aspiración a que el Gobierno colombiano coopere en este nuevo proceso que se inicia reconociendo lo que provoca el diferencial cambiario y optando por una nueva frontera con el fin de reforzar sus límites e impedir el tráfico.
Es probable que por fin se reconozca la deuda histórica con la frontera norte al igual que con Nariño en el sur, territorios donde su gente respira colombianidad y requiere que sus autoridades velen por su desarrollo.
Las propuestas de abastecimiento y creación de empleo deberán ser prioritarias y ya se conoce de un plan social urgente para las familias deportadas.
La reciente reunión de las cancilleres, María Ángela Holguín (Colombia) y Delcy Rodríguez (Venezuela), anuncia que la esperanza de un trabajo conjunto será desarrollado en el marco de la reciprocidad y buena vecindad, lo que contribuirá a resolver los problemas ya mencionados: la nueva frontera es una meta conjunta.
Seguramente el presidente Juan Manuel Santos cumplirá lo que ha dicho con singular fuerza:
“No nos falta ni nos faltará firmeza para defender a todos nuestros connacionales”, por lo cual cabe pensar que se diseñará una estrategia para cambiar el modelo neoliberal actual por otro solidario, reflejo de la paz que merece el pueblo colombiano, lo que les otorgará por fin el derecho a recibir vivienda, salud, educación, tranquilidad social y empleo, como mínimos de vida.
Es lo que ansía el pueblo latinoamericano para sus ciudadanos.
