La reclusión de inmigrantes en cárceles se ha convertido en un lucrativo negocio para las empresas privadas que las administran debido a las cuotas obligatorias de ocupación de camas impuestas por el Congreso, señaló un reporte.
Según la organización Detention Watch Network (Red de Vigilancia de Detención) o DWN, por sus siglas en inglés, este requerimiento permite que estas empresas influyan además en la aplicación de leyes de migración y detención de inmigrantes legales e indocumentados.
“Mientras exista un mínimo garantizado de camas que deben ser ocupadas (en los centros de detención), reforzado por una cuota nacional de detenidos, las ganancias y el modelo de negocio de estas instalaciones estará protegido de los potenciales efectos de una reforma migratoria”, indicó el documento.
De acuerdo con el reporte, en la actualidad la Oficina de Migración Aduanal (ICE) cuenta con una red de 200 centros de detención privados y prisiones locales a través del país para retener cada año a cientos de miles de personas acusados de violar las leyes de migración.
A partir de 2009 el Congreso empezó a incluir en el presupuesto una partida para cubrir el costo de un número mínimo de camas en los centros de detención, que actualmente se ubica en 34 mil.
Silky Shah, vocera de la DWN dijo que esta política ha dado como resultado en parte que Estados Unidos cuente con la mayor infraestructura del mundo destinada a la detención de inmigrantes.
“Esta política no tiene precedentes. Ninguna otra agencia policiaca opera bajo un sistema nacional de cuotas”, explicó en conferencia de prensa, haciendo notar que el presupuesto anual destinado por ICE al rubro de detenciones es de dos mil millones de dólares.
El reporte indicó que los contratos de ICE con estas compañías privadas han exacerbado los efectos de la política de detención al obligar a la dependencia a pagar por un número determinado de camas en algunas instalaciones en específico, estén o no ocupadas.
Explicó que debido a que estas cuotas mínimas obligatorias requieren el pago a estas empresas si las camas están ocupadas o no, ICE enfrenta una considerable presión para ocuparlas.
“Estas cuotas sirven para proteger el objetivo final de estas empresas (las ganancias), incentivando a la vez el encarcelamiento de migrantes”, precisó.
Aunque el reporte descansó en información obtenida mediante una solicitud al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA) y constituye el más preciso que existe al respecto, la Red dijo que la información ofrece un escenario parcial sobre el uso de estas cuotas.
Sin embargo, Ghita Schwartz, co-directora de la DWN dijo que esta cuota mínima obligatoria de camas ha tenido un impacto directo en la vida de los inmigrantes detenidos a partir del incentivo del ICE no sólo para ocuparlas sino para enviar a estos a algunas instalaciones específicas.
“Algunos de los correos y comunicaciones obtenidos a través de la FOIA revelaron cómo funcionarios del ICE insistían en la necesidad de cubrir esa cuota mínima obligatoria”, explicó la abogada en conferencia de prensa en la que se presentó el reporte.
De acuerdo con el estudio las mayores ciudades con cuotas mínimas obligatorias incluyen a Los Ángeles, San Antonio, Phoenix, Miami, Seattle, Houston, San Diego, Búfalo, Nueva Orleans y Newark.
El congresista demócrata por Arizona, Ted Deutch, dijo que esta nueva política está teniendo ya un impacto local y no sólo nacional, a partir del incentivo económico que existe detrás, además de una tendencia que será difícil revertir.
“Toda aquella empresa que firme un contrato que le garantice (el pago por) un número mínimo de camas, va a pelear para mantener esos números en pie y eso sólo está perpetuando una terrible e inhumana política de derroche”, dijo.
Notimex/ http://www.unimexicali.com
