Ayer (viernes) el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el gobierno de Barack Obama comenzará en diciembre a procesar un máximo de 4 mil solicitudes de refugio para menores de edad provenientes del triángulo norte de Centroamérica –constituido por Guatemala, Honduras y El Salvador– que deseen reunirse con sus padres, como una forma de resolver la crisis planteada por la llegada a territorio estadunidense de numerosos niños indocumentados procedentes de esa región, y para proporcionarles una alternativa segura, legal y ordenada a un viaje peligroso.
La medida es tardía porque la llegada de los menores centroamericanos a Estados Unidos se duplicó en el último año para totalizar 63 mil en la primera mitad de 2014, e insuficiente porque no beneficiará a todos los niños que se encuentran en esta situación; particularmente injustificable resulta la exclusión de los niños mexicanos que buscan reunirse con sus padres en territorio estadunidense. Se trata, pues, de un pequeño gesto humanitario que no incidirá en forma significativa en el panorama migratorio del país vecino.
Washington alega que el beneficio es exclusivo para centroamericanos por la violencia y la miseria que se vive en sus países de origen, y omite el hecho de que no es mejor la situación económica y de seguridad en diversas regiones de nuestro país que son expulsoras tradicionales de migrantes. Resulta pertinente, por ello, que las autoridades nacionales manifiesten su extrañeza ante este acto de discriminación.
Se ha informado, por otra parte, que ante la oposición del Congreso a aprobar una reforma migratoria integral, el presidente Obama prepara un decreto ejecutivo para regularizar a poco menos de la mitad de los 11 millones de extranjeros indocumentados que residen en Estados Unidos. Tal decisión salvaría de la deportación a unos 5 millones de personas, algunas de las cuales se encuentran en esa circunstancia desde hace más de 10 años.
A primera vista, parece improbable la adopción de una medida semejante y hay una gran distancia entre proponerla y llevarla a cabo.
En efecto, el solo anuncio ha generado reacciones adversas de los republicanos, en particular de Joe Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, quien amenazó a Obama con echar abajo cualquier posibilidad de alcanzar una reforma migratoria legislada si el mandatario sigue adelante con un proyecto que los republicanos consideran un abuso de poder y al que se refieren como amnistía en favor de quienes ingresaron ilegalmente al país y a los que los sectores más reaccionarios y chovinistas de Estados Unidos consideran delincuentes. Según Boehner, un paso de Obama en este sentido también pondría en riesgo la negociación presupuestal en el Capitolio y la ratificación por parte del Poder Legislativo de miembros clave del gabinete presidencial.
No parece probable que Obama se embarque en un choque frontal que pondría en riesgo la armonía entre la Casa Blanca y las mayorías republicanas en ambas cámaras durante los dos años que le quedan de mandato.
Pero si se atreviera a pagar el costo político que conllevaría tal confrontación, más valdría que fuera para beneficiar a la totalidad de la población indocumentada.
Con ello no sólo reivindicaría parcialmente ante la historia su criticado paso por la Presidencia, sino que saldaría una deuda insoslayable con el electorado procedente de Latinoamérica que lo respaldó en sus dos candidaturas y que tiene entre sus demandas fundamentales un cambio en las políticas oficiales de persecución, criminalización, discriminación y atropello legalizado de los migrantes.
