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Servicios secretos espían a diputados de izquierda


FLORENCIA MARTIN – Después de criticar las escuchas masivas del régimen comunista de Alemania oriental, Alemania occidental dio en 1989 la bienvenida a los exciudadanos de la República Democrática Alemana al país de las libertades cívicas.
 
 ¿Es posible que ahora, en la Alemania unificada, el gobierno de Angela Merkel permita que sus servicios de inteligencia vigilen a políticos de izquierda? Sí. Y no solo eso. Los monitoreados son diputados. 
 
Y pertenecen a La Izquierda, la fuerza que surgió de lo que era el antiguo partido único de la RDA, tal como confirmó el Gobierno ya en 2003.

En octubre de 2013, 10 años después, la Corte Suprema sentenció que la inteligencia debe poner fin a esa práctica salvo en casos excepcionales. Pero el Ministerio del Interior aún no ha dado marcha atrás. Los principales “observados”, tal el término que prefiere utilizar el Gobierno, son miembros de La Izquierda.
 
 No es una facción política menor, fue la tercera fuerza más votada en las elecciones generales de septiembre –con un 8.6% superó a Los Verdes–, y en el próximo Parlamento será la principal línea opositora al ocupar 64 de las 630 bancas.

Hace poco el ministro del Interior, Hans-Peter Friedrich, declaró que creía necesario continuar “observando” a algunos de sus diputados por estar vinculados a “corrientes extremistas”. Entre los seis movimientos de extrema izquierda catalogados como inconstitucionales están la Plataforma Comunista, la Izquierda Anticapitalista y la iniciativa Cuba Sí. 
 
La primera indica en su web que trabaja por preservar y desarrollar las ideas marxistas para mejorar las condiciones de vida de los menos beneficiados. La última reivindica “el régimen socialista de Cuba” y hace de la “solidaridad material” con la isla una de sus principales banderas.

¿En qué consisten sus actividades antidemocráticas? La definición es imprecisa. Der Spiegel, citando un informe de los servicios secretos, señalaba que el hecho de que los diputados intentaran pactar con movimientos extraparlamentarios o exigieran la estatalización de empresas energéticas ya era visto como una actividad contra la democracia. 
 
También se considera problemática la relación con el partido kurdo proscrito PKK. La publicación aseguraba que 25 parlamentarios eran observados bajo la sospecha de pertenecer a este tipo de movimientos. 
 
Lo tristemente paradójico es que todos pertenecen a una fracción mayormente respaldada por las regiones de la antigua Alemania del Este. Es decir: los ciudadanos que antes eran espiados votaron en 2013, en el contexto de un nuevo régimen político y financiero, a una agrupación que a su vez es monitoreada. 
 
Desde el Gobierno siempre se destacó que la “observación” de políticos no recurría a “métodos de inteligencia” y que se limitaba “a analizar fuentes de público acceso”, según palabras del Ministro del Interior. 
 
Pero, tal como apuntó la Corte Suprema, aunque no se haga más que recabar información, la estrategia podría socavar los fundamentos democráticos.

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