Declaraciones, artículos, cartas y peticiones han estado circulando en
Internet durante el pasado mes pidiendo un fin a la “destrucción de la
Amazonía”.
El objetivo de esas iniciativas no han sido las
corporaciones transnacionales ni los poderosos gobiernos que las
respaldan, sino el gobierno del primer presidente indígena de Bolivia,
Evo Morales.
Al centro del debate está la controvertida propuesta
del gobierno boliviano de construir una carretera a través del
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El
TIPNIS, que cubre más de 1 millón de hectáreas de bosques, obtuvo el
estatuto de territorio indígena del gobierno de Evo Morales en 2009.
Cerca de 12.000 personas de tres grupos indígenas diferentes viven en 64
comunidades dentro del TIPNIS.
El 15 de agosto, representantes
de la Subcentral del TIPNIC que une a esas comunidades, así como a otros
grupos indígenas, iniciaron una marcha a la capital, La Paz, para
protestar contra el plan de la carretera.
Se han iniciado
peticiones inerncionales declarando su apoyo para esta marcha y
condenando al gobierno de Morales por debilitar los derechos indígenas.
La
gente del TIPNIS tiene preocupaciones legítimas sobre el impacto de la
carretera.
Tampoco cabe duda de que el gobierno haya cometido errores en
su manejo del tema.
Por desgracia, peticiones como la iniciada
por el grupo de lobby internacional Avaaz y una carta del 21 de
septiembre a Morales, firmada por más de 60 grupos ecologistas, en su
mayoría de afuera de Bolivia, distorsionan los hechos y dan una
dirección errónea a su ataque.
Podrían, sin quererlo, ayudar a los oponentes a la lucha global por la justicia climática.
Avaaz
advierte que la carretera permitiría “que empresas extranjeras se
repartan la Amazonía: …disparará aún más la fiebre depredadora sobre una
de las selvas más importantes del mundo”. Pero no menciona que la
destrucción ya tiene lugar en el área, en algunos casos con la
complicidad de comunidades indígenas locales.
Por otra parte, el
gobierno de Morales ha prometido introducir una nueva ley, en consulta
con comunidades dentro del TIPNIS, para agregar nuevas protecciones para
el parque nacional.
La ley propuesta fijaría penas de cárcel de
entre 10 y 20 años por asentamientos ilegales, el cultivo de coca o tala
de árboles en el parque nacional.
Avaaz también afirma que
“inmensos intereses económicos” motivan el apoyo de Morales a la
carretera. Pero Avaaz omite los beneficios que una carretera semejante
(pase finalmente o no por el TIPNIS) producirá para Bolivia y sus
pueblos.
Por ejemplo, esa carretera de 306 kilómetros que vincula
los departamentos de Beni y Cochabamba (y solo una parte pasa por el
TIPNIS) expandiría el acceso a la atención sanitaria y a otros servicios
básicos para comunidades locales aisladas que ahora viajan días enteros
para recibir atención médica.
La carretera también permitiría a
productores agrícolas locales un mayor acceso a los mercados para vender
sus productos. Actualmente, tienen que pasar por Santa Cruz hacia el
este antes de poder transportarlos hacia el oeste.
En vista del
estatus de Beni como el mayor departamento (estado) productor de carne,
eso rompería el control que tienen los mataderos basados en Santa Cruz
sobre la imposición de precios de la carne.
La carretera también
permitiría que el Estado ejerciera su soberanía sobre áreas remotas,
incluidas algunas donde tienen lugar talas ilegales.
Son hechos
como estos los que han convencido a más de 350 organizaciones
bolivianas, incluidas muchas de las organizaciones sociales que han
dirigido las inspiradoras luchas del país contra el neoliberalismo, a
apoyar la carretera propuesta.
Numerosas organizaciones y
comunidades indígenas (incluso dentro del TIPNIS) apoyan la carretera.
Es por lo tanto falso describir lo que ocurre como una disputa entre el
gobierno y la gente indígena.
Tampoco es un simple conflicto entre partidarios del desarrollo y defensores del medioambiente.
Todas
las partes en la disputa quieren mayor desarrollo y una mejora del
acceso a los servicios básicos.
Lo que está en juego es cómo el segundo
país más pobre en América, ante una intensa presión de gobiernos más
poderosos y fuerzas corporativas, puede enfrentar las necesidades de su
pueblo mientras protege el medio ambiente.
Considerando este
hecho, seguramente tiene más sentido que los que deseen defender el
proceso de cambio de Bolivia apoyen pasos hacia el diálogo, en lugar de
profundizar las divisiones.
Se puede ejercer una crítica legítima
del manejo por parte del gobierno del proceso de consulta.
Pero la
petición de Avaaz y la carta de grupos ecologistas simplemente ignoran
los repetidos intentos del gobierno de iniciar discusiones con los
manifestantes.
La mitad de los miembros del gabinete ministerial
de Morales, junto con muchos viceministros y jefes de instituciones
estatales, han viajado a la ruta de la marcha para hablar con los
manifestantes.
Los peticionarios no mencionan el compromiso
público del gobierno de Morales de realizar un proceso de consulta
dentro del marco de la constitución boliviana, aprobada por el pueblo en
2009.
Tampoco mencionan su oferta de que el proceso de consulta sea
supervisado por observadores internacionales seleccionados por los
propios manifestantes.
El gobierno también se ha mostrado abierto
a discutir la factibilidad económica y medioambiental de cualquier ruta
alternativa que pueda soslayar el TIPNIS. Hasta ahora no se ha
presentado una alternativa semejante.
Como resultado de estas
iniciativas, una serie de comunidades del TIPNIS que se habían sumado a
la marcha, así como representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní,
han decidido volver a casa. Mantendrán las discusiones con el gobierno.
Lamentablemente,
los oponentes cruciales del proceso de consulta propuesta están entre
los dirigentes de la marcha, que incluye a organizaciones basadas fuera
del TIPNIS.
Esas organizaciones fueron también los principales
proponentes de otras 15 demandas presentadas al gobierno el día del
inicio de la marcha.
Muchas de esas demandas son legítimas, pero
es alarmante que algunas de las demandas más peligrosamente retrógradas
hayan sido ignoradas o descartadas por grupos medioambientales
internacionales.
Por ejemplo, la carta a Morales presenta
preocupaciones respecto a la declaración del presidente boliviano de que
“la perforación petrolera en el Parque Nacional Aguaragüe ‘no será
negociada’”
Esos yacimientos representan un 90% de las
exportaciones de gas de Bolivia y constituyen una fuente vital de fondos
que el gobierno de Morales ha estado utilizando para encarar la pobreza
y desarrollar la economía de Bolivia.
El hecho de que el grueso
de los ingresos del gas esté controlado por el Estado boliviano en lugar
de por corporaciones transnacionales es el resultado de años de luchas
de las masas bolivianas, que creen legítimamente que este recurso debe
ser utilizado para desarrollar su país.
Las preocupaciones de las
comunidades locales deben ser, y han sido, tomadas en consideración.
Pero el hecho de que Bolivia cerrara esta fuente de ingresos tendría
consecuencias dramáticas para el pueblo de una de las naciones más
pobres de América.
Sería, sin exagerar, un suicidio económico.
Inicialmente,
los manifestantes también demandaban la interrupción de la extracción
de gas en Aguaragüe. Han dado un paso atrás en esto y ahora se
concentran en la cuestión del bloqueo de pozos petrolíferos en desuso
debido a la contaminación que podría causar a suministros locales de
agua.
De la misma manera, ninguna de las declaraciones en
Internet menciona el apoyo de los manifestantes al Programa de Reducción
de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación
de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés).
REDD es un
programa burdamente antiecológico de las Naciones Unidas que apunta a
privatizar bosques convirtiéndolos en “bonos de carbono” que permiten
que los países ricos desarrollados sigan contaminando.
Algunos de
los mayores proponentes de esta medida se encuentran entre las ONG que
promueven la marcha.
Muchas de ellas han recibido financiamiento directo
del gobierno de EE.UU., cuyo embajador en Bolivia fue expulsado en
septiembre de 2008 por apoyar un intento de golpe derechista contra el
gobierno elegido de Morales.
En lugar de defender la soberanía de
Bolivia contra la interferencia de EE.UU., la carta denuncia al
gobierno boliviano por sacar a la luz las conexiones entre los
manifestantes e “intereses oscuros”.
Esos “intereses oscuros”
incluyen a la Liga por la Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), que se
estableció con fondos del gobierno de EE.UU. Sus patrocinadores incluyen
a la agencia de ayuda del gobierno de EE.UU., USAID, y a la Fundación
Konrad Adenauer que frecuentemente financia acciones contra gobiernos
como Cuba a los que se oponen EE.UU. y gobiernos europeos.
Cables diplomáticos secretos de EE.UU., publicados recientemente por WikiLeaks
y archivos desclasificados del gobierno de EE.UU. han mostrado
concluyentemente que USAID apunta directamente a comunidades indígenas
en un intento de apartarlas del apoyo a Morales y para que apoyen
intereses estadounidenses.
Detrás de esos intereses muy reales
yace una campaña de naciones ricas y grupos ecologistas conservadores de
promover políticas que representan una nueva forma de “imperialismo
verde”.
Después de siglos saqueando los recursos de otros países,
aniquilando poblaciones indígenas y creando una espantosa crisis
ecológica, los gobiernos de las naciones ricas utilizan ahora las
preocupaciones medioambientales para promover políticas que niegan a
naciones subdesarrolladas el derecho a controlar y administrar sus
propios recursos.
Si se salen con la suya, esos grupos reducirán a
los pueblos indígenas a simples “guardabosques”, pagados por países
ricos para proteger áreas limitadas, mientras las corporaciones
multinacionales destruyen el medioambiente en otros sitios.
La
mayoría indígena de Bolivia ha elegido un camino muy diferente.
Apunta a
crear un nuevo Estado en el cual no los sigan marginando o tratando
como grupos minoritarios que requieren protección especial.
Aliados a otros sectores oprimidos, quieren dirigir su país en función del beneficio colectivo de la mayoría.
Las
masas bolivianas han arrebatado exitosamente el poder gubernamental a
las elites tradicionales, han conquistado el control sobre el gas y
otros recursos, y han adoptado una nueva constitución.
Se han
cometido errores, y son probables en el futuro.
Pero son los errores de
un pueblo de un país pequeño, sin salida al mar y subdesarrollado, que
combate contra constantes ataques imperialistas.
Clave para la
lucha de los pueblos bolivianos es el frente mundial por la justicia
climática, en el cual Bolivia juega un papel vital de liderazgo.
Un
ejemplo fue la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático, con la
participación de 35.000 personas, organizada por el gobierno de Morales
en Cochabamba en abril de 2010.
La declaración final identificó a
los países desarrollados como “causa principal del cambio climático”.
Insistió en que esos países deben “reconocer y asumir su deuda
climática”, redirigiendo fondos de la guerra a la ayuda a naciones más
pobres a desarrollar sus economías “para producir bienes y servicios
necesarios para satisfacer las necesidades fundamentales de su
población”.
Para lograr eso, el movimiento internacional por la
justicia climática debe concentrar sus esfuerzos en forzar a las
naciones ricas a aceptar sus responsabilidades.
El movimiento
global debe rechazar explícitamente la intervención imperialista en
todas sus formas, incluidas las políticas de “imperialismo verde” de las
ONG financiadas por EE.UU.
Solo a través de una campaña
semejante podemos apoyar los esfuerzos de países más pobres para
planificar un camino de desarrollo que respete el medio ambiente.
Por
desgracia, Avaaz y las organizaciones que han firmado la carta contra
Morales dejan libres de responsabilidades a los verdaderos culpables.
Su campaña debe ser rechazada por todos los ecologistas y antiimperialistas que luchan por un mundo mejor.
[Federico Fuentes edita http://boliviarising.blogspot.
