Las actas sin huella de verificación
Lo que está en juego trasciende el resultado de una elección, cada país de la región regula su sistema electoral con reglas distintas —voto electrónico, papeleta física, escrutinio centralizado o descentralizado—, pero todos convergen en un mismo punto crítico: el conteo de votos debe quedar rodeado de garantías verificables por cualquiera, no solo por la autoridad que las declara.
La intervención electoral en América Latina ha tomado muchas formas: financiamiento opaco de campañas, granjas de bots, filtraciones orientadas, presión sobre autoridades electorales, litigios de última hora.
Pero un patrón reciente sugiere algo más estructurado: los vasos comunicantes de la nueva ultraderecha continental no solo comparten discurso, sino financiación, herramientas tecnológicas y asesores.
El caso que ha sacudido a la región en las últimas semanas —el del consultor argentino Fernando Cerimedo, detenido el 23 de agosto en Bolivia y procesado por un presunto atentado contra su expareja, la abogada Nadia Beller— lo ilustra.
La infraestructura digital de manipulación electoral no respeta fronteras
Más allá del delito que se le imputa, la causa destapó su rol como asesor de campañas y de operaciones de bots en varios países de la región; el escrutinio periodístico y judicial sobre el alcance, financiamiento y clientes de esas operaciones apenas comienza y buena parte aún no está verificada judicialmente, pero el episodio confirma que la infraestructura digital de manipulación electoral no respeta fronteras.
En ese contexto continental cobra sentido lo que un grupo espontáneo de ciudadanos colombianos, organizado en red bajo el nombre Testigos Digitales, ha documentado sobre la elección presidencial de 2026 en Colombia.
Sin acusar a nadie de fraude, el grupo presentó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado una demanda de nulidad —con anexos que superan las 300 páginas— contra la elección de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, quienes derrotaron a Iván Cepeda por 251.854 votos, menos del uno por ciento de los votos válidos.
Su argumento central no es quién ganó, sino si el resultado puede verificarse.
El E-14 es el acta que firman los jurados de votación; en 2022 sus versiones digitales conservaban metadatos —identificador de mesa, fecha, datos de creación— que permitían rastrear su origen.
En 2026, según el peritaje aportado, unas 122.000 actas de igual número de mesas aparecieron con identificadores genéricos, sin metadatos, sello de tiempo ni hash criptográfico verificable.
La ausencia de esa huella no prueba que las cifras hayan sido alteradas; sí elimina una herramienta ordinaria para descartar sustituciones.
La ley colombiana de comercio electrónico (527 de 1999) no exige un formato específico, pero sí que la autoridad pueda acreditar que el documento permaneció íntegro y que su origen es verificable por otros medios; la Registraduría puede tener esos controles, pero debe exhibirlos y permitir su verificación independiente.
Un segundo hallazgo es estadístico: aplicando la prueba de rachas de Wald-Wolfowitz con corrección por comparaciones múltiples, el dictamen identificó 1.358 puestos de votación —32.332 mesas, 7,3 millones de votos— con patrones de secuencia estadísticamente improbables bajo el supuesto de aleatoriedad.
El resultado no equivale a una probabilidad de fraude ni identifica su causa; obliga, sí, a que el cálculo sea reproducido de forma independiente y a que se descarten explicaciones alternativas, como el orden territorial de las mesas, antes de sacar conclusiones.
Cada país de la región regula su sistema electoral con reglas distintas pero todos convergen en un mismo punto crítico: el conteo de votos debe quedar rodeado de garantías verificables por cualquiera, no solo por la autoridad que las declara
Colombia ya tiene un antecedente relevante: en 2018 el Consejo de Estado devolvió tres curules al partido MIRA tras comprobar pérdida o destrucción de material electoral en 88 mesas, y ordenó conservar actas físicas y electrónicas durante cuatro años y adquirir software de escrutinio con trazabilidad estatal completa.
Ocho años después, el cumplimiento es apenas parcial: persisten contratos con operadores privados cuyo código fuente no ha sido entregado en su totalidad para auditoría pública, según ha señalado la Misión de Observación Electoral.
Lo que está en juego trasciende el resultado de una elección.
Cada país de la región regula su sistema electoral con reglas distintas —voto electrónico, papeleta física, escrutinio centralizado o descentralizado—, pero todos convergen en un mismo punto crítico: el conteo de votos debe quedar rodeado de garantías verificables por cualquiera, no solo por la autoridad que las declara.
Frente a asesores, algoritmos y bots que operan sin fronteras, la respuesta democrática también debe pensarse a escala regional: trazabilidad técnica, custodia documentada y auditoría independiente antes de cada elección, no después de que se cuestione su resultado.
La confianza electoral no se decreta ni se protege con formalismos: se construye mostrando la huella.
https://www.diario-red.com/opinion/clara-lopez-obregon/actas-huella-verificacion/20260831233528075365.html
