Este artículo hace un recuento general de proceso histórico a través del cual gran parte del pueblo costarricense ha sido desarraigado del amor a sus instituciones públicas y el surgimiento de posiciones fascistas en algunos sectores de los grupos de poder, a los cuales no les importa derramar sangre del pueblo para apoderarse de la riqueza de las instituciones públicas
La situación política en Costa Rica se torna muy preocupante. Las ideas que predominaron en las élites gobernantes o los grupos de poder durante al segunda mitad del siglo XX se caracterizaron por conceder, en sus planteamientos ideológicos, determinadas condiciones de calidad de vida a la población en general y evitar así una confrontación social que pudiera conllevar a una nueva guerra civil, como la del 48.
Fue así como estas élites, representadas en partidos tradicionales como el PLN y el PUSC, por lo menos hasta la década de 1970, no promovieron aquellas ideas conservadoras, propias de la oligarquía cafetalera del siglo XIX, de acuerdo con las cuales, la inversión pública era un desperdicio e incluso algo perjudicial para las familias adineradas y asentadas en el poder político del país.
En consecuencia, el hecho de que esos partidos políticos tradicionales no obstaculizaran el fortalecimiento del ICE, la CCSS, las universidades públicas, el INS, CODESA, etc., no era por una convicción firme en un modelo socialdemócrata o liberal, en el cual un estado bien administrado podía generar, a partir de instituciones públicas también bien administradas, mejor calidad de vida para la población del país.
Simplemente evitaban un conflicto social que llevara a un derramamiento de sangre generalizado y siempre y cuando el Estado les facilitara las condiciones para seguirse enriqueciendo como élites, en su ideología “le concedían esos beneficios al pueblo”.
Ya en la década de 1970, con los Programas de Ajuste Estructural, dentro del bipartidismo tradicional, el neoliberalismo, el neoconservadurismo y más tarde el pensamiento libertario, comenzaron a fraguar ideas mezquinas para privatizar los bienes públicos, apoderarse de ellos y dejarse en manos de unos cuantos, todas las ganancias que un Estado bien administrado puede emplear para mejorar las condiciones de vida de todas las personas.
Algunas de estas ideas venían impulsadas desde Estados Unidos, donde los neoconservadores y neoliberales, en sus respectivas trincheras, miraban la solidez del estado social de derecho costarricense como una amenaza a sus intereses de rapiña y su corto pensamiento de un “destino manifiesto”, pero otras eran de origen criollo y se remontaban a esas familias conservadoras, que acumularon gran capital desde la misma oligarquía cafetalera y una gran mezquindad y odio a los sectores populares.
Estas ideas comenzaron a dar frutos en aquellos sectores del estado, dedicados a la producción (azúcar, fertilizantes, aluminio, etc.), los cuales fueron privatizados, y quedaron en manos de las élites económicas, a partir de la década de 1990. Fue así como estos negociospasaron de ser fuentes de riqueza de un estado moderno a aumentar el poderío económico de determinados grupos de poder.
Ya para el 2000, quisieron privatizar una institución cuya defensa se encontraba arraigada en la conciencia social de la identidad nacional costarricense, como lo es el ICE.
Al no poder privatizar el ICE, debido a la gran movilización social y el impacto directo en la economía (o sea, en los bolsillos de los grandes magnates de las élites económicas), comenzaron con procesos de desprestigio de las instituciones públicas y reformas significativas en los contenidos curriculares de Cívica (principalmente en la educación secundaria) para sacar todo lo referente a los movimientos sociales y reforzar que somos “la Suiza centroamericana”, “un pueblo culto” y “un país de paz”.
Entre estas medidas para desarraigar el amor del pueblo costarricense a sus instituciones, esas que aún hoy, con todos los embates del cinismo político de las élites costarricenses, siguen brindándole cierta calidad de vida en términos de educación, salud, telecomunicaciones, banca, etc., se encuentran los escándalos de corrupción.
Se le enseñó al pueblo a odiar a las instituciones públicas y no a los políticos de turno por la mala administración que los políticos de turno hacían de las instituciones públicas.
En medio de este proceso, afrontamos la lucha en contra del TLC con Estados Unidos. Para las élites, ganar esta lucha implicaría romper con elementos ideológicos aún arraigados en gran parte de la población costarricense, relacionados con la defensa n modelo de socialdemocracia (debemos reconocer que la influencia de la izquierda en Costa Rica a lo largo del siglo XXI ha sido muy tenue) y un amor a las instituciones públicas.
El haberse ido a un referéndum en la lucha contra el TLC fue la estrategia más pertinente para las élites costarricenses y sus asesores extranjeros, ya que en las calles, o hubieran tenido que recurrir a la represión y provocar una guerra civil cruenta (con aparatos policiales todavía no tan entrenados ni militarizados como los actuales) o hubieran perdido la batalla y el Movimiento del NO hubiera derrotado una vez más los intereses expansionistas yanquis en la región, como en 1856.
Después de la aprobación del TLC, los movimientos sociales y los sindicatos sufrieron una terapia de shock. No encontraron alternativas de lucha ni una respuesta inmediata y mediata a las nuevas circunstancias y, en medio de todo esto, comenzó a adquirir mayo relevancia política el Partido Acción Ciudadana.
El PAC desde su fundación de 2000, fue rejuntando tanto sectores con buenas intenciones, pero sin malicia política (principalmente, después de la aprobación del TLC), como a lo más corrupto, reciclado y recalcitrante de los dos partidos políticos tradicionales, que se encontraban en un evidente proceso de decadencia: el PLN y el PUSC. Otro partido que comenzó a adquirir más fuerza fue el Movimiento Libertario.
En fin, después de la derrota del No al TLC, las ideas de la extrema derecha se dispersaron y repartieron en los distintos espacios de discusión política, mientras que los movimientos sociales quedamos impactados y en shock. Volviendo la mirada atrás, hubiera sido idóneo iniciar, desde ese 2007, un programa de Educación Popular en Política, lo cual hubiere evitado muchos efectos significativos de la demagogia actual, pero en el fondo, fuimos incapaces de leer lo que iba a pasar en 2020 en este país.
Desde la primera década del siglo XXI, una segunda herramienta sirvió para que los medios de comunicación masiva (que pertenecen a las mismas élites y se profesionalizaron en conductismo político e inteligencia pro-yanqui) pudieran desarraigar aún más el amor a las instituciones públicas en la conciencia social del pueblo costarricense. Esta herramienta, que va de la mano con la corrupción, es la tercerización de servicios en las instituciones públicas.
Comenzaron con servicios no esenciales de instituciones como la CCSS, donde sectores como mantenimiento, jardines, seguridad, dejaron de estar conformados por empleadas y empleados de la misma institución y se contrató a empresas para que brindaran ese servicio. Esto de paso dio un golpe aún más fuerte para las organizaciones sindicales, a la cuales la prensa terminó de debilitar.
Este proceso ha sido largo y los escándalos de corrupción han continuado, como en la Trocha Fronteriza y el Cementazo, solo por mencionar algunos de los más recientes.
Finalmente, el desmoronamiento moral y político se dio cuando el PAC por fin llegó a controlar el Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo arribaron personas por posiciones religiosas y manejo mediático de las masas, corruptas e inmorales y no carentes de virtudes políticas. Personas fácilmente manipulables por los grupos de poder.
En consecuencia, la ignorancia, la demagogia, la falta de rigurosidad y la chota al tratamiento serio de la política, se apoderaron del poder para que las élites más conservadoras y las posiciones libertarias comenzaran a hacer fiesta para promover las ideas del desmantelamiento y reducción del Estado.
En los últimos dos años, el aumento de la violencia del Estado en contra de las clases medias y pobres en Costa Rica ha ido en aumento.
La limitación de las libertades y el aumento de potestades a los cuerpos policiales para actuar en contra de manifestantes ha sido incomensurable, viéndose en este año agresiones contra mujeres, invasión y daños causados a la propiedad privada, periodistas con arrestos arbitrarios e incluso personas baleadas por manifestarse. Es aquí donde retornamos a la primera oración de esta nota la situación política en Costa Rica se torna muy preocupante.
En síntesis, ya no solo contamos con los movimientos sociales, en los cuales ya no hay ideas claras sobre los fundamentos básicos de la política y pupulan confusiones terminológicas en el empleo de términos como “socialismo”, “comunismo”, “impuestos”, “instituciones públicas”, “empleados públicos”, etc., y unas élites tradicionales que preferían evitar la confrontación directa con el pueblo para evitar derramamientos masivos de sangre.
Ahora hay personas en los grupos de poder, algunas con influencia del modus operandi (y económico) del narcotráfico, con ideas fascistas, a las cuales no les importa derramar sangre del pueblo para arrebatarle al estado aquello que le pertenece: el bien común o la riqueza colectiva.
Solo para ilustrar esto, en días recientes el gobierno de Costa Rica ha propiciado una mesa de diálogo en la cual han predominado ideas que se desligan totalmente de la historia de nuestra nación, de cualquier valor cívico, ético y político y cometen falacias a partir de las cuales confunden al pueblo en general: afirman que el estado mal administrado debe reducirse y privatizar las instituciones públicas, en lugar de hablar de un cambio de administración del estado para que este se vuelva a fortalecer desde dentro y genere bien común para toda la población costarricense.
Un ejemplo de esto lo encontramos en las afirmaciones de Gerardo Corrales, el sábado 21 de noviembre, una vez finalizados los encuentros de la mesa de diálogo del gobierno, al respecto de los logros para el “gran empresariado”:
“¡Hola, todos! Eh, les soy sincero que a título personal yo hubiese querido llegar a acuerdos más fuertes, sobre todo en la parte de los gastos. Lamentablemente me parece que los sectores empresariales más representativos no quisieron hacer un enfrentamiento público con los sindicatos y las organizaciones sociales; y por eso se evitó la confrontación”.
Es aquí donde nos preguntamos: ¿será que Costa Rica se encamina a ser una dictadura militar solapada, pero al mejor estilo de Honduras, Guatemala o Chile? ¿Qué está pasando en Costa Rica, señores y señoras?
https://masalladelacortina.com/contenido/2152/se-convierte-costa-rica-en-una-dictadura-militar-solapada
