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Bukele presta El Salvador para reunión de opositores de Nicaragua


Actos violentos calificados de terroristas que destruyeron y asesinaron a centenares de personas.

La OEA informó que San Salvador será sede de una serie de reuniones con miembros de la oposición nicaragüense para abordar “la crisis socio política” que vive Nicaragua.

Las reuniones iniciaron este martes 1 de octubre y, según la oposición financiada por Estados Unidos, tiene el objetivo de recabar información sobre los hechos violentos en el marco de la crisis que estalló en abril de 2018.

La OEA escogió a El Salvador como sede de las conversaciones que sostendrá con diversos sectores de Nicaragua y con la venia del gobierno de Nayib Bukele.

El pasado 18 de septiembre, el gobierno de Nicaragua, en reunión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, denunció la intervención de ese organismo hemisférico en sus asuntos internos.

Nicaragua es libre y soberana, sin gobiernos patrones ni tutela de la OEA, dijo en esa fecha el representante de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado.

Alvarado recordó que su gobierno sentó la posición respecto a la pretendida visita a Managua de una comisión de alto nivel de la OEA, tanto en la Cuadragésimo novena Asamblea General de la OEA (fines de junio en Medellín, Colombia), como en la sesión del Consejo Permanente, el pasado 28 de agosto.

En ambas ocasiones, Nicaragua expresó su rechazo a la integración de una comisión y cualquier gestión, incluyendo visitas al país, por considerar que las mismas constituyen una violación de la naturaleza y propósitos de los principios de esta organización, enfatizó.

El delegado nicaraguense rememoró el artículo primero (de la carta constituyente), el cual establece que ‘la Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los estados miembros’.

Nicaragua considera que la persistencia de tratar de imponer dinámicas y directrices no solicitadas, ni autorizadas por su Gobierno, constituyen actos inamistosos y de avasallamiento de la soberanía nacional y deben de cesar, ya que son violatorios de los principios de las cartas de la OEA y de las Naciones Unidas, insistió.

Reiteró Alvarado que su país no reconoce ningún grupo de trabajo o comisión que no haya sido solicitada por el Gobierno, por lo que su existencia no genera ningún efecto vinculante y es de nulidad absoluta.

Expresamos que desconoceremos cualquier intento de otros gobiernos o de esta organización de adjudicarse la facultad de tutelar y ejecutar acciones injerencistas en contra de la República de Nicaragua, aclaró.

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