El sobreseimiento definitivo a favor de Oscar Arias Sánchez, dos veces presidente de la República, por el caso Crucitas, fue anulado por el Tribunal Penal de Hacienda.
La decisión fue anunciada este jueves luego de que el Ministerio Público, en conjunto con la Procuraduría General de la República y la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas) apelaran la medida el pasado martes.
De acuerdo con el abogado defensor de Arias, Rodolfo Brenes, el sobreseimiento se anuló por “un defecto de razonamiento, pero no por el fondo”.
El abogado Brenes aclaró que el tema de la prescripción sigue en firme.
“El Tribunal no se pronunció sobre la prescripción, pues considera que el punto debe ser resuelto por el Juzgado Penal en una nueva audiencia preliminar. Así que el tema jurídico de la prescripción sigue vigente”, explicó Brenes.
De momento no hay una fecha establecida para que se lleve a cabo esta nueva audiencia preliminar. Según Brenes podrían ser meses.
“Recibimos esta resolución respetuosos de la autoridad judicial, sabiendo que estas incidencias son parte de todo proceso penal. Seguimos creyendo firmemente que no se cometió delito alguno y que, además, los hechos están sobradamente prescritos, lo que no tenemos duda se establecerá oportunamente”, agregó.
Prescripción de la causa
Óscar Arias fue acusado de presuntamente cometer dos delitos de prevaricato luego de firmar, en el 2008, un decreto que declaraba de interés público un proyecto minero, a cielo abierto, por parte de la compañía Infinito Gold Mining, en Cutris de San Carlos.
La apelación se da luego de que, en febrero pasado, la jueza Carla Bonilla Ballestero dictó el sobreseimiento, por prescripción, a favor del exmandatario.
Para la jueza, el plazo legal para indagar a Arias era entre el 14 de diciembre del 2010, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo declaró nulo el decreto firmado, y el 14 de diciembre del 2016.
Sin embargo, para la Fiscalía, como explicó Gamboa, dado que la resolución del Tribunal quedó en firme hasta el 30 de noviembre del 2011, ésta debería de ser la fecha a partir de la cual deberían de correr los seis años, que es el periodo para que este delito prescriba.
Para el Ministerio Público, la sentencia de la Sala Primera es un acto interruptor de la prescripción.
El expresidente fue indagado por la Fiscalía el 8 de noviembre del 2017.
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