El Alto Comisionado de la ONU rechazó que altos funcionarios colombianos atribuyan los asesinatos a “líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas”.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos reiteró este miércoles su llamado de alerta ante la creciente ola de violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales.
“La Oficina observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el territorio nacional”, expresó en un comunicado.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está muy preocupada por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos humanos.#Entérate más aquí 👇👇https://t.co/QbsXX3SytF pic.twitter.com/AkwDMVMyRc— UNIC Bogotá (@CINUBogota) 20 de diciembre de 2017
Además, rechazó la estigmatización que “algunos funcionarios públicos hacen de su labor”, en referencia a los miembros del Congreso de la República que descalificaron a los defensores seleccionados como magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y les impidieron posesionarse en sus cargos.
De igual forma, recordó las declaraciones de otros altos funcionarios públicos a los medios, quienes indicaron que los asesinatos de defensores y líderes sociales se deben a “líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas (…) parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables”.
Asimismo, en la Oficina informó que hasta la fecha, en 2017 han verificado 105 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes, entre ellos “73 asesinatos contra líderes y lideresas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales”
#Colombia | Líderes sociales denuncian asesinatos usando máscaras https://t.co/FRur9I2eDP pic.twitter.com/3HnGZztqaF— teleSUR TV (@teleSURtv) 18 de diciembre de 2017
En el documento detallaron que los asesinatos ocurren en zonas donde la presencia del Estado es limitada y las personas no cuentan con el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
“La Oficina ha reiterado que la prevención de los ataques y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos implica la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables”, enfatizó.
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