En lo que podría considerarse como la aplicación de sanciones migratorias contra Venezuela, Donald Trump incorporó a Venezuela a una reedición de su insólita orden ejecutiva de veto migratorio contra ciudadanos de diversos países.
Más allá de los funcionarios de gobierno
La "lista negra" de países y ciudadanos indeseables en EEUU fue dada a conocer el domingo mediante la promulgación de un nuevo veto migratorio tras la expiración del primer decreto de veto, que se había publicado 90 días antes y que expiraba ese mismo día. Trump esta vez incluyó a más países, como había prometido.
La nueva orden ejecutiva del mandatario republicano mantiene la restricción de viajes para provenientes de países de mayoría musulmana: Irán, Somalia, Libia, Yemen y Siria.
Sin embargo, esta vez ha incluido la prohibición a Corea del Norte, Venezuela y Chad, prácticamente colocando al gentilicio venezolano en el estigma de "elementos terroristas" con el que la política xenófoba y racista de la Casa Blanca se refirió a los ciudadanos de estos países y a los refugiados al promulgar el primer veto.
Las restricciones para Venezuela se limitan en teoría a los funcionarios de una larga lista de entidades del Gobierno y a sus familiares. En este caso específico y sobre las "razones" del veto, el extenso documento firmado por Trump señala que el país sudamericano "ha adoptado los estándares" impuestos por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), pero sostiene que Caracas "no coopera en la verificación si sus ciudadanos representan una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública".
Esta infamia prácticamente coloca a los venezolanos bajo sospecha e impone además la afirmación de Venezuela y su gobierno como instancias forajidas supuestamente "protectoras del terrorismo".
La suspensión de autorización de viajes a EEUU se dirige a funcionarios y familiares de funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Cuestión sensible es el veto a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que virtualmente intenta paralizar la agenda exterior bolivariana que muchas veces debe pisar suelo norteamericano donde lamentablemente residen instituciones multilaterales.
La retórica pendenciera y encubridora del antichavismo, que siempre quiere reducir las sanciones gringas bajo el señalamiento de que "sólo afectan a Maduro y a los chavistas", ya ha comenzado a minimizar y trivializar esta sanción migratoria empleando ese señalamiento.
Pero el decreto de Trump deliberadamente deja unas coletillas y párrafos ambiguos nada inocentes. La regulación advierte que los venezolanos (todos, sin distinciones) que posean visa para ingresar a EEUU deberán estar "sujetos a medidas adicionales" para asegurar que la información que han provisto al gobierno estadounidense se mantenga vigente.
Sin embargo, no especifica cuáles podrían ser esas medidas adicionales.
Es decir, ese elemento abre la puerta a la discrecionalidad de los funcionarios de la migración gringa, a simplemente no dejar entrar a su país a cualquier venezolano que consideren bajo sospecha, según cualquier criterio, siendo esa una imposición del veto migratorio en aeropuertos a cualquiera aún sin ser funcionario venezolano o familiar de alguno de estos.
El hecho de que la regulación advierta que los venezolanos que posean visa para ingresar a EEUU deberán estar sujetos a medidas adicionales para mantener su información vigente, significa que es posible que Estados Unidos comience a solicitar mayor información a todos los venezolanos que deseen obtener o renovar su visa.
Adicionalmente es posible que el lapso por el cual se otorgue la visa a los venezolanos se vea reducido y en líneas generales que el procedimiento se torne más estricto y complejo.
En el contexto de una medida migratoria estigmatizante y coercitiva, hay que precisar que cualquier venezolano aún contando con una visa de ingreso a EEUU con fines de negocios (Tipo B1), o con fines de viaje, ocio y turismo (B2), o con visa para ambos fines (B1/B2), ese ciudadano se encuentra enmarcado en una política de veto "por estrictas razones de seguridad interna favorables a Estados Unidos".
Ese ciudadano posee además la nacionalidad de un país vetado.
Así que por eso vendrá un aumento monumental en los niveles de nerviosismo de los "me iría demasiado" en las alcabalas migratorias en aeropuertos estadounidenses.
La culpa es de Julio Borges
Trump acaba de imponer un bloqueo masivo a la diáspora venezolana que quiere alcanzar la "visa para el american dream" y escapar a la economía de los amados dólares.
Una cosa que debe ser reseñada como una de las más insólitas paradojas, cosa típica de los gringos.
Pues en nombre del "pueblo venezolano" Trump ha lanzado sanciones económicas contra el país y además ha planteado una intervención militar.
Es insólito en consecuencia que coloque al gentilicio venezolano en la categoría de sujetos bajo sospecha de ser terroristas.
Elegante forma de disimular el racismo y xenofobia que ha caracterizado al primer mandatario estadounidense.
Cualquier seguidor del antichavismo con aspiración de migrar a EEUU debe estar a estas horas sopesando las incongruencias: Trump dice que te quiere, te sanciona, empeora la situación económica interna y cuando te quieres ir, no te quiere dejar entrar a la tierra de Mickey Mouse.
Pero debemos estar seguros de que esta medida migratoria no afectará a otros que también son funcionarios venezolanos, pero que son diputados del parlamento venezolano o dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que frecuentemente visitan EEUU y tienen bienes allá.
Julio Borges, Freddy Guevara, Henrique Capriles, Lilian Tintori y afines, aunque han armado acciones claramente terroristas en Venezuela, generando consecuencias terribles en muertes, ataques armados, daños y destrozos, al parecer ellos no son un problema para la seguridad de EEUU. ¿Curioso eso, verdad?
Como en otras oportunidades, los agentes del antichavismo venezolano que han solicitado constantemente la intervención seguirán paseándose en la tierra del Tío Sam, reuniéndose como lo hizo Julio Borges con el general McMaster, o con el senador Marco Rubio, artífices de la política exterior estadounidense y agentes del asedio contra Venezuela.
Tanto es así que es probable que las sugerencias de Borges sean muy tomadas en cuenta. En abril de este año éste dio una entrevista a The Washington Times y señaló que "EEUU podría prohibir el intercambio comercial o político con Venezuela, imponiendo la Carta Democrática Interamericana de la OEA, lo que significaría el aislamiento completo de Venezuela: un país bajo cuarentena". Efectivamente, la sanción migratoria de Trump coloca a los venezolanos en situación de veto y cuarentena.
En esa misma línea de aislar a Venezuela y a los venezolanos, Julio Borges también aseguró en abril desde Washington que la emigración venezolana se ha convertido en un "grave problema social" y una "enfermedad contagiosa" para muchos países vecinos como Brasil, Chile, Argentina, República Dominicana, Colombia o Panamá.
Según Borges la migración venezolana ha traído problemas como "crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas y terrorismo" a estos países, por lo que desde esas "razones" Borges pidió a los gobiernos de esos países actuar contra Venezuela.
Dicho de otra manera, a la luz de las solicitudes y señalamientos hechos por Julio Borges, ahora con el veto de Trump, no ha de extrañarnos una escalada de acciones migratorias coercitivas replicadas por los países alineados a EEUU que intentarán colocar a Venezuela en cuarentena, cerrando el paso a los migrantes venezolanos en cualquier latitud del continente.
Esperemos que de darse esos vetos, la clase media desinformada, antichavista y bobalicona que quiere emigrar o que está en el extranjero no vaya a echarle la culpa a Maduro.
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