El mito pacifista del país que abolió el Ejército, como es el caso de Costa Rica, se puede cuestionar desde el punto de vista de sus propias fuerzas de seguridad que tienen más presupuesto que la suma del de los ejércitos de la región centroamericana.
Costa Rica dedicó 950 millones de dólares a la Seguridad Nacional durante 2016, que están conformadas por 14.497 efectivos (2,7 agentes por cada mil habitantes), según datos del Atlas Comparativo de la Defensa de América Latina y el Caribe (ACDAL), lo que supone un incremento del 159% en el periodo 2008-2016, cuando el aumento del presupuesto del Estado fue del 126% y el del PIB del 91%.
Estos datos señalan que Costa Rica gasta más en seguridad que la suma del resto de los países centroamericanos con ejército: más de 800 millones de dólares entre Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Panamá, que tampoco tiene ejército, supera en este tipo de gasto a Costa Rica y alcanzó los 1.279 millones de dólares.
Si nos centramos en los presupuestos para la seguridad ciudadana, en números redondos y según los respectivos presupuestos, Nicaragua invertirá este años 95 millones de dólares, Guatemala 98, El Salvador 434 y Honduras 604 millones de dólares.
Por lo tanto Costa Rica y Panamá son los países de Centroamérica que más invierten en su seguridad nacional, aunque hay que advertir que Costa Rica incluye en su presupuesto algunos gastos del departamento de Justicia y Panamá no.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, cifró en el 8% del PIB, lo que el país se ahorra en gastos militares “por no gastar en Ejército podemos invertir hasta el 8% del PIB en Educación y aún más en Salud”, dijo recientemente a los medios de comunicación.
Si el PIB de Costa Rica a 2016 y según el Banco Mundial asciende a casi 55 mil millones de dólares, el 8% de esa cantidad son 4.400 millones de dólares, en cifras redondas.
Las comparaciones son peligrosas ya que en muchos países el ejército realiza labores de seguridad ciudadana pero… en los países sin ejército como Costa Rica ¿los agentes de seguridad podrían ejercer labores de militares?
Entre las atribuciones a la Fuerza Pública costarricense figura asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial, según la Ley General de Policía.
Estas labores se realizan fundamentalmente contra el tráfico de drogas y el crimen organizado.
Sobre lo que se denomina “asistencia militar y policial de Estados Unidos” a diversos países centroamericanos, Costa Rica recibió un total de 17 millones de dólares en el periodo 2004-2014, mientras que Panamá recibió 47, Guatemala 132, El Salvador 56, Honduras 42, y Nicaragua 26, según el Informe del Estado de la Región del Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas de Costa Rica (Conare).
Hay que tener en cuenta que el país norteamericano libró un total de 410 millones de dólares para temas regionales y que no se especifica qué cantidad se invirtió en cada país centroamericano.
Curiosamente, y según la misma fuente, Costa Rica compró armas a Estados Unidos en ese periodo de tiempo por un total de 142,6 millones de dólares, cantidad solo superada por Honduras, que invirtió 1.518,6 millones de dólares, y por encima de Panamá, que libró 132 millones de dólares.
Si comparamos los 14.497 agentes de Costa Rica con el número de soldados de los países centroamericanos, observamos que los costarricenses se mantienen en un plano medio bajo.
Así, El Salvador cuenta con 24.799 soldados, el más alto de la región, y el ejército de Nicaragua reconoce 10.358 efectivos, el más bajo de Centroamérica.
El Ejército en Costa Rica se abolió el primero de diciembre de 1948 por la Junta de Gobierno presidida por José Figueres Ferrer, quien gobernó durante 18 meses. Figueres simbolizó la desaparición del ejército golpeando con un mazo un muro del cuartel de Bellavista.
Hoy, ante la posibilidad de recibir un ataque externo, Costa Rica se atiene a dos instrumentos jurídicos multilaterales: el primero, los artículos 27 y 28 de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA): “toda agresión de un Estado a un Estado Americano (…) será considerada como un acto de agresión contra los demás Estados Americanos”.
En segundo lugar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), aprobado en Río de Janeiro (Brasil) el dos de septiembre de 1947, que fue suscrito para regular “la legítima defensa y la seguridad colectiva regional”, según su introducción.
Eduardo Nassar, presidente de la asociación para el estudio de la historia de Costa Rica, “Tertulia del 56”, dijo a Efe que “creer en ese eterno sentir pacifista del ser costarricense es una falacia inventada que se puede llamar nuestro gran mito del siglo XX”.
Para Nassar el pacifismo no originó el desarme de Costa Rica, fueron, fundamentalmente, motivos de estrategia personal y política “la desaparición del ejército fue una excusa, una pincelada doméstica de Figueres para no cumplir algunos compromisos y apartar algunos oficiales que le eran incómodos”.
EFE
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