La memoria histórica de los pueblos latinoamericanos recoge siglos de lucha por su emancipación. Su defensa ante la injerencia de potencias imperiales continúa, así como la lucha por saldar sus cuentas pendientes.
La Cuestión de las Islas Malvinas en Argentina
Entendida como la disputa de soberanía entre Argentina y el gobierno británico por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes tiene su punto de partida el 3 de enero de 1833, cuando el Reino Unido quebró la integridad territorial argentina y la ocupó ilegalmente.
El reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas fue una de las principales preocupaciones de la política exterior del Kirchnerismo y considerada como una política de Estado. En ese sentido, se privilegió la búsqueda de la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido, a fin de lograr una solución pacífica a la disputa.
Tanto el gobierno de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández promovieron la solución de las negociaciones por la vía pacífica, apelando al diálogo con el Reino Unido. Ambos en cada uno de sus períodos de mandatos denunciaron la condición de militarización de las islas, la situación de neocolonialismo llevada a cabo por el país europeo, denunciaron la exploración y explotación de yacimientos de petróleo.
Pero con la llegada a la Casa Rosada del empresario Mauricio Macri, en diciembre de 2015, se dibujó un panorama de cambio pero no precisamente de corte progresista. En poco menos de dos años de gestión de gobierno, los intentos por recuperar la soberanía de las Malvinas se suavizaron con la excusa de abrir un diálogo, sabiendo que esta búsqueda de resolución pacífica siempre ha sido rechazada por el gobierno británico.
A solo días del 35 aniversario del conflicto bélico con el Reino Unido y de lo que la legislación argentina considera una ocupación extranjera de territorio soberano, la página oficial de Radio y Televisión Argentina (RTA) publicó un mapa en el cual se mostraba el archipiélago con su nombre inglés: “Falklan Islands”.
En año nuevo, el Ministerio de Desarrollo Social publicó una imagen con un mensaje de año nuevo en el cual no figuraban las islas. También sucedió en abril de 2016 cuando el Ministerio de Defensa publicó en su sitio oficial un mapa con el nombre en inglés.
Cuba: más de un siglo de ocupación ilegal en Guantánamo
Desde hace 114 años Estados Unidos mantiene ilegalmente en territorio cubano una base naval criticada por gran parte de la comunidad internacional. Calificada como un centro de torturas y violaciones de Derechos Humanos, Guantánamo fue otra de las promesas incumplidas del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, además, su mantenimiento representa una fuga importante para la economía de la nación norteamericana.
La Base Naval de Guantánamo fue instalada oficialmente en 1903. Su creación fue resultado de un Convenio para las Estaciones Carboneras y Navales firmado entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Cuba, presidido por Tomás Estrada Palma. Fue a raíz de la Enmienda Platt que se estableció la obligación de ceder extensiones de territorio cubano para instalaciones militares estadounidense.
Desde el año 2002, Estados Unidos ha usado la Base Naval de Guantánamo como un centro de detención para presos enfrentando supuesta conexión con el terrorismo. La mayoría de ellos detenidos en Afganistán.
El dato: El cierre de la prisión de Guantánamo y la devolución de la Bahía a Cuba son dos de los temas más controversiales para la total normalización de las relaciones Cuba-EE.UU.
Durante su campaña presidencial, el actual mandatario de EE.UU. Donald Trump afirmó que planea mantener abierta la base y la prisión pero haciendo una reducción en los costos. Según Trump el gasto es de aproximadamente 40 millones de dólares al mes en el mantenimiento de la cárcel.
Trump también propuso contraer un acuerdo con Cuba para que se queden con la base y la isla recompense a EE.UU. con los gastos, porque para él se les está pagando un alquiler.
Chile: la promesa de una nueva Constitución
Una de las grandes promesas deMichelle Bachelet durante su campaña para optar por segunda vez a la Presidencia en las elecciones de 2013 fue la creación de una nueva Constitución, exigencia histórica de los ciudadanos chilenos.
La actual constitución de Chile entró en vigencia en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet, mediante la cual el dictador aseguró el papel tutelar de las Fuerzas Armadas, consolidó y legitimó el régimen militar, así como un nuevo orden social y económico neoliberal.
En 2015, más de 30 años después, Bachelet al anunciar el inicio del proceso para la reforma constitucional que pondría fin a la constitución de Pinochet, explicó que constaría de varias etapas.
Gobierno de Chile
Infografía: Conoce las etapas del proceso constituyente #NuevaConstitución http://s.gob.cl/NvaConstitucion
La primera etapa se enfocó en educar a través de una “serie de instancias de formación ciudadana en temas cívico-constitucionales”. Este proceso duró hasta marzo de 2016.
La segunda etapa consistió en la celebración de diálogos ciudadanos para recoger la diversidad de voces de la población chilena. Un Consejo Ciudadano de Observadores se encargó de acompañar a los diálogos y proporcionar las garantías de transparencia y efectividad en su transcurso.
La tercera etapa se lleva a cabo y consiste en “la síntesis nacional” de los diálogos ciudadanos, los cuales serán recogidos en un documento que posteriormente se entregará a la presidenta y con base en ello se formulará un proyecto de nueva constitución. Un vez listo el proyecto de ley, ingresaría al Congreso Nacional de Chile en el segundo semestre de 2017.
Reforma agraria en Paraguay: la lucha por la tierra
"Sin reforma agraria no habrá paz", es la condición que han establecido los campesinos en Paraguay, en demanda a un cambio radical que favorezca el desarrollo social de la agricultura en ese país.
La falta de aplicación de una reforma agraria recrudece la situación del sector que hace más de 20 años denuncia los atropellos que sufren.
La Federación Nacional Campesina (FNC) es la organización que encabeza las denuncias por la recuperación de tierras, créditos y promoción de industrialización de la materia prima. Además reclaman políticas de Estado para la producción, única manera que se pueda encarar un verdadero desarrollo para el país.
Actualmente más del 90 por ciento de las tierras aptas para cultivo están en manos del 2,5 por ciento de la población y que existen unos 300.000 campesinos sin tierra en Paraguay.
La inequidad en la distribución de tierras y la falta de políticas públicas para las familias campesinas son los grandes obstáculos para lograr una reforma agraria integral, que impulse concretamente un programa de desarrollo nacional como alternativa para eliminar el modelo latifundista y agroexportador.
http://www.telesurtv.net/news/Cuatro-deudas-historicas-con-los-pueblos-de-America-Latina-20170330-0044.html#
