La Unión Europea y Canadá se encuentran a tan solo un paso de aprobar un tratado de libre comercio que puede suponer un cambio muy importante en las economías, y las vidas, de millones de ciudadanos a ambos lados del Atlántico.
El conocido como CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global, por sus siglas en inglés) es el mayor pacto económico bilateral negociado por la UE hasta la fecha, y es muy probable que acabe siendo, además, la antesala de otro acuerdo más crucial y polémico aún, el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP), que, entre acusaciones de un gran secretismo, se sigue negociando actualmente con los Estados Unidos.
El objetivo del CETA es, en principio, crear un área comercial de alrededor de 800 millones de consumidores, mediante la eliminación de los aranceles que gravan sus intercambios, la armonización de condiciones laborales y la oferta de garantías a las empresas para que inviertan.
Sus defensores aseguran que creará empleo y generará crecimiento, al facilitar las inversiones y las exportaciones con un país, Canadá, cuyos estándares sociales y de calidad, sus “valores”, son muy similares a los europeos.
Sus detractores, sin embargo, denuncian que tanto el CETA como el TTIP representan la peor cara de la globalización, en la que los pequeños comerciantes y productores saldrán perdiendo, y las grandes multinacionales tendrán vía libre para imponer legalmente sus intereses a los criterios de Estados democráticos en asuntos esenciales, como la protección medioambiental, la salud pública o las políticas sociales.
El tratado ya está cerrado, pero para su aprobación definitiva es necesario el voto favorable de todos los Estados miembros de la Unión.
Debido en parte a las modificaciones realizadas sobre el primer principio de acuerdo, los países más críticos han ido cediendo a lo largo de los últimos meses, pero el reciente rechazo de la región belga de Valonia ha impedido, a última hora, la adhesión de Bélgica.
El Parlamento de Valonia, la región francófona de algo más de 3,5 millones de habitantes que conforma la mitad sur de Bélgica, votó el pasado viernes en contra de que el Gobierno federal de este país dé su conformidad al tratado y volvió a hacerlo este jueves, rechazando los cambios propuestos por la Comisión Europea.
La Cámara regional vuelve a reunirse este viernes para tratar el asunto.
El Ejecutivo belga tiene constitucionalmente las manos atadas hasta que Valonia dé su visto bueno.
La firma definitiva del CETA está ahora, pues, suspendida, en espera de que pueda alcanzarse una solución durante la cumbre que los líderes de la UE celebran este jueves y viernes en Bruselas.
El Gobierno de Canadá envió a principios de esta semana un representante especial a Bélgica para tratar de convencer a los valones, al tiempo que, desde el otro lado del Atlántico, una docena de académicos canadienses instaban el miércoles a la región belga a “resistir las presiones” y mantener su rechazo a un tratado que “intenta influir en los procesos democráticos y gubernamentales”.
Miles de personas se han vuelto a manifestar estos días en varios países europeos en contra tanto del CETA como del TTIP.
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Publicado por Odio de Clase
