Desde el derrocamiento golpista del gobierno socialista de Salvador Allende en septiembre de 1973 se instaló en Chile, de la mano del dictador Augusto Pinochet, el modelo económico monopólico.
Este modelo no solo reconfiguró el mercado local de bienes y servicios y la estructura económico financiera, sino que además transformó la idea de bienestar social. Se pasó de un país que pretendía la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos, a un país en que la salud, la educación y el sistema jubilatorio, en distintas medidas, pasó a ser parte del mundo de los negocios y a considerarse una mercancía.
Se instaló la idea de que el sector privado es mejor administrador, más eficiente y con la clara convicción de que hay que recortar los gastos estatales, pasando los servicios sociales a ser servicios individuales y que cada familia sustenta lo mejor posible según sus ingresos.
El modelo del capital financiero fijó como clave del éxito la apertura total del mercado, tanto de bienes como de productos financieros, una tasa de inflación baja, un tipo de cambio estable, cuentas, tanto internas como externas, equilibradas para lo cual se requiere de un bajo gasto público y una tasa de interés atrayente para los capitales extranjeros. Todo esto para que la economía crezca a partir de la inversión y que el consumo se contenga para no generar inflación.
Así, desde 1974, la economía chilena ha crecido al ritmo de los vaivenes de la economía mundial. Los tratados de libre comercio a los que ha adherido este país orientaron sus exportaciones básicamente al cobre y sus derivados, y las importaciones desplazaron productos básicos de producción nacional aumentando la dependencia importadora.
Aun así, las importaciones de bienes resultan menores que las exportaciones. Sin embargo, la importación de servicios, la fuga de capitales por giro de utilidades y dividendos, el pago de intereses por inversiones financieras y de deuda externa, hacen que la cuenta corriente sea negativa. Como todos los países con economías abiertas, Chile normaliza su balanza de pagos vía inversiones extranjeras, tanto directas como financieras.
Tal como se mencionaba anteriormente, el gasto público en Chile es bajo, representando un 13,4% [1] del PBI en 2015. La inflación ronda el 4% [2] anual y la variación del tipo de cambio un 10,3%[3] anual. Pero, llamativamente y contradiciendo las leyes del modelo, la economía chilena está tirada por el consumo privado. La inversión no se destaca como motor de la economía, más allá de ser la fuente más importante de entrada de divisas, ya que representa el 22% [4] del PBI, porcentaje similar al de otros países de la región.
Otra “sorpresa” con la que nos podemos encontrar analizando la economía Chilena, es la alta calificación crediticia la inmensa deuda externa de este país. En 2015 la misma alcanzó el 54,3% [5] del PBI, sin embargo esto no parece hacer mella en la credibilidad del país como si ocurre en otros países de la región que no comparten el modelo económico.
Más allá de estas curiosidades que plantea la economía chilena en el marco del modelo económico, los indicadores sociales de Chile son en su mayor parte alentadores. Cuenta con una desocupación del 6% [6], pobreza del 7,8% [7] e indigencia de 2,5% [8].
Sin embargo, la concentración del ingreso es una de las más altas de Latinoamérica. Todos estos indicadores como mencionábamos previamente mantienen una alta dependencia del desarrollo del mercado Chileno ya que las necesidades básicas no están a cargo del Estado sino de los ingresos de cada familia.
En este marco, es interesante analizar que pese a la bonanza que reflejan los números de la economía de este país, las protestas más importantes se basan en una fuerte críticas al sistema de bienestar social (más bien ausencia del mismo) impuesto por el modelo económico.
En primer lugar, y por una importante cantidad de años, los estudiantes universitarios ocuparon la calle reclamando que la educación sea considerada como un derecho y no que se lucre con ella. Miles de familias y estudiantes tenían que endeudarse casi para toda la vida para poder acceder a este nivel de educación.
No existían espacios donde las madres puedan dejar a sus hijos mientras ellas estudiaran, tampoco existen comedores estudiantiles y un sinfín de condiciones que restringían el acceso a la universidad.
Durante años, estas manifestaciones fueron reprimidas por los gobiernos de turno.
Una vez que se logró instalar el tema en la agenda presidencial de 2014 y que la actual presidenta presentó en su plataforma electoral una reforma educativa, el pueblo chileno vuelve a ocupar las calles masivamente reclamando por un sistema estatal de pensiones.
El sistema de pensiones en Chile es privado para todos menos para los altos funcionarios y los militares. Las jubilaciones son muy bajas, sobre todo si se la compara con los altos funcionarios y los militares y el sistema se encuentra fuertemente deslegitimado en la sociedad por corrupción.
La presidenta Michelle Bachelet, ante los reclamos, mencionó la posibilidad de ampliar la tasa de aporte de 10% a 15% sobre el salario y que la diferencia sería aporte patronal.
Es interesante mencionar que, como mencionó el Jefe de Pensiones y Envejecimiento de la Población de la OCDE en una nota en “La Tercera” en su versión digital “al compararlo internacionalmente, la porción del empleador es muy baja o incluso nula”. Sin embargo, al preguntarle como repercutiría el aumento en la tasa a largo plazo, contestó “si tienes un mercado laboral completamente flexible, el efecto a largo plazo es que los salarios netos caen.
Si el mercado laboral no es flexible, los salarios netos no caen completamente, pero pierdes mucho empleo”.
Esta última reflexión no hace más que demostrar el funcionamiento y el pensamiento en una economía en donde el mercado regula hasta el malestar social.
Notas: todas corresponden a datos de la Cepal.
http://acciondirectachile.blogspot.com/2016/08/en-el-modelo-economico-chileno-no.html
