Las palabras expresadas éste 16 de junio de 2016, por el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, ha causado diferentes reacciones en el país, unos tienen el propósito de crear en la población la sensación de que se trata de un chantaje o amenaza de las FARC o que lo dicho por el Mandatario puede ser parte de una extorsión, buscan confundir y enfurecer a la población, para polarizar entre quienes soñamos y queremos la paz, pasando por acordar el final del conflicto armado y quienes desde las mansiones y con sus cuentas bancarias en el país y en el exterior llenas del dinero que les ha dejado el negocio de la guerra, a consta de quienes viven el dolor, el sufrimiento, ponen los muertos, los lisiados, las viudas, los huérfanos y todo el horror de un conflicto que lleva más de 50 años.
No se requiere que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, diga que posee información que confirma que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están preparándose para retomar la lucha armada, en caso de fracasar las negociaciones que se realizan en la Habana, solo basta con revisar que ha sucedido en los procesos de las conversaciones anteriores en el país o lo sucedido en conflictos armados en otros países, para entender que cuando se cierra la posibilidad de un acuerdo para terminar la guerra, las partes vuelven al escenario de la confrontación con mayor fuerza, usando nuevas modalidades y haciéndola en más territorios.
Todos saben que la ventaja militar y política que han logrado los sectores del poder representados en el gobierno, fue precisamente sacar a la insurgencia de las ciudades, desconectarlos de la población, al tiempo que le propinaron golpes estratégicos con el propósito de sentarla a la mesa a negociar y no es un secreto, que sin ser suficiente con proponérselo y depende de la capacidad real que se tenga, la insurgencia no renuncia a tomar las ciudades como el escenario que define el conflicto y termina por colocar a la población, del lado de uno de los contendientes enfrentados, que generalmente ocurre, no solo por asuntos ideológicos, sino por la misma correlación de fuerzas y la hegemonía que va teniendo cada uno de los actores del conflicto.
Actualmente las guerras son urbanas e integrales, ya no son rurales, veamos no más los casos recientes de Venezuela, Siria, Irak, entre otros.
Por lógica, en todo conflicto triunfa quién tenga la capacidad de escalar las acciones y hacerlo en el territorio que controla su enemigo y en el caso de las FARC, deben tener pensado que hacer militarmente si llegase a fracasar los diálogos, sería ingenuo suponer que se rendirán y menos después de haber interlocutado con su enemigo y quiérase o no, eso representa abrirse espacio, legitimarse, pensar y renovar sus fuerzas.
El escenario de la guerra en Colombia, indica que más de 50 años, son suficientes para comprender que ni los sectores del poder representados en el gobierno y sus fuerzas Armadas, ni la insurgencia lograrán aplastar y rendir militarmente a su oponente y los diálogos son una vía para que las partes traten de acordar terminar la guerra y el conflicto político se resuelva sin el uso de las armas y esa posibilidad está muy cercana con las FARC, e indudablemente se presentará un escenario que posibilita:
Primero, para los sectores que controlan el poder, por medio del Estado y sus autoridades que gobiernan, entre ellos los empresarios nacionales y extranjeros, pueden considerar que les resulta más rentable su negocio al tener menos riesgo de sufrir ataques, el no tener que pagar impuesto o la denominada vacuna, será más seguro la circulación de las materias primas y los productos, no tendrán que incurrir en los gastos que representa el ataque al infraestructura, bajan los gastos destinados a la seguridad, se baja el gasto de inversión para la guerra, no solo lo destinado a provisionar a las Fuerzas Armadas, sino los mismos costos del conflicto en materia jurídica, publicidad, trabajo con la comunidad, los heridos, Lisiados, Muertos, obligaciones con los sobrevivientes directos y sus seres queridos, entre otra gran cantidad de gastos que implica enfrentar un conflicto armado y será m&aacut! e;s estable y estable, de eso no hay duda.
Segundo, una nueva realidad se presentará, los integrantes de la insurgencia que estaban en armas, ya en la vida institucional del país, aceptan acogerse a la Constitución, las leyes, y la normatividad internacional, se enfrentarán a los sectores que controlan el poder y que por medio del Estado y sus autoridades gobiernan y harán la actividad política, buscando propiciar las condiciones ideológicas y organizativas de la población, para tomarse el poder sin el uso de las armas o por lo menos ser gobierno e incidir social, económica y políticamente en los destinos del país.
El acuerdo entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, que representa a muchos sectores que históricamente han tenido el poder y dirigen los destinos del país para sus intereses, ya tiene definido que será sometido al mecanismo de refrendación que se defina en la misma mesa de la Habana, para que la población exprese si respalda el final de la guerra, representado en el denominado Acuerdo Especial que contiene un mínimo de condiciones para las partes o de lo contrario, sencillamente se sigue en la guerra y asumimos por años el devastador y horroroso costo en vidas y la sociedad sumergida y ahogándose en la profundidad de la destrucción y el odio.
El acuerdo de la Habana pone fin a la confrontación armada entre las Farc y el Gobierno, no resuelve el conflicto político que dio origen al levantamiento, pero es un paso transcendental para avanzar en acordar la paz, en la medida que se establezca la democracia en el país y se produzcan los cambios para resolver los problemas políticos y sociales.
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