Tal y como prometió Joe Biden a Petro Poroshenko en un encuentro durante la reciente visita del presidente ucraniano a Washington, Estados Unidos confirmó la semana pasada su promesa de seguir aportando asistencia financiera a Ucrania, especialmente en materia de seguridad.
Pese al aumento de las críticas por la ausencia de las prometidas “reformas” –en realidad una forma de exigir más privatizaciones-, que se han plasmado en artículos críticos en medios de gran relevancia como The New York Times o Foreign Policy-, la administración Obama mantiene su apoyo incondicional a Kiev.
Olvidada ya la crisis política creada por la incertidumbre de quién sustituiría al frente del Gobierno a Arseniy Yatseniuk -sentenciado hacía semanas pese a haber superado una moción de confianza-, el nombramiento de Groisman ha permitido a Washington y Kiev volver a su retórica habitual centrada en las reformas económicas y en el apoyo al proceso de Minsk.
“Una solución militar al conflicto sería un desastre para todos”, afirmaba esta semana en una entrevista Samantha Power, embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas. Pero la postura de Washington responde más a la motivación estratégica que a su interés por conseguir la paz. El compromiso estadounidense con el proceso de Minsk siempre ha estado sujeto a la interpretación ucraniana de los acuerdos.
En su visita de mayo de 2015 a Sochi, primera visita de alto nivel de la diplomacia estadounidense a Rusia desde el inicio de la crisis ucraniana, John Kerry rechazó abiertamente la posibilidad de que Ucrania recuperara territorio por la fuerza, exigiendo al presidente Poroshenko el cumplimiento del alto el fuego.
Entonces, en la presentación de un documental sobre la batalla por el aeropuerto de Donetsk y la épica lucha de los ciborgs ucranianos, Petro Porohsenko había prometido recuperar el aeropuerto, dando a entender que se lograría por la fuerza.
En el año que ha transcurrido desde entonces, la condena a la posibilidad del uso de la fuerza no se ha repetido cuando el Ejército Ucraniano ha infringido abiertamente los acuerdos con el continuo uso de armamento contra las ciudades de Donbass, la captura de localidades de la zona neutral o el intento de capturar territorio.
En cada ocasión, Kiev ha encontrado el apoyo de Washington, que siempre ha buscado la forma de culpar a Rusia –ni siquiera a las Repúblicas Populares- de la situación en el frente, que en las últimas semanas ha acercado las posiciones ucranianas a las posiciones de las milicias y también a varias ciudades importantes de la República Popular de Donetsk.
Desde el inicio del proceso de Minsk, tanto Estados Unidos como Ucrania han dejado claro, con sus actos y con sus declaraciones, que entendían el acuerdo como una serie de medidas a las que Rusia se había comprometido, olvidando deliberadamente los compromisos adquiridos por Ucrania.
Según Samantha Power, el acuerdo de Minsk ha impedido a Estados Unidos entregar a Ucrania las armas que con tanta insistencia ha pedido.
Es probable que el temor a una reacción equivalente del lado ruso también haya frenado las entregas de armamento letal a Ucrania, un país que con su industria militar no debería depender del extranjero.
En su juego geopolítico, que va más allá de Ucrania, Moldavia o Siria, Washington ha utilizado el pretexto del acuerdo de Minsk para garantizarse la continuación del régimen de sanciones contra Rusia que dura ya dos años.
Pese a que su efecto no ha sido tan severo como se esperaba ni ha causado protestas contra el Gobierno, las sanciones suponen una presión añadida para la economía rusa, especialmente si Estados Unidos consigue que se alarguen en el tiempo.
De la misma forma que Estados Unidos utiliza el acuerdo de Minsk para alargar el régimen de sanciones contra Rusia, sus socios de Kiev utilizan los bombardeos para evitar cumplir con sus compromisos. Ucrania alega que la falta de seguridad hace imposible organizar unas elecciones, punto clave del acuerdo de Minsk y primer paso para que Donbass regresara a soberanía ucraniana. Y no hay mejor garantía de inseguridad que seguir bombardeando, especialmente si, con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, se consigue que la culpa recaiga siempre sobre Rusia.
“El acuerdo de Minsk no es perfecto”, afirmó Samantha Power en la entrevista a Voice of America, “pero su cumplimiento devolvería a Ucrania el control de sus fronteras internacionalmente reconocidas”. La implementación del acuerdo garantizaría a Ucrania la recuperación del territorio perdido en Donbass, pero también implica una serie de concesiones que van más allá de lo que Ucrania está dispuesta a ceder.
En su intento por reescribir los acuerdos, proceso que comenzó inmediatamente después de la firma, Ucrania continúa exigiendo nuevas concesiones a cambio del cumplimiento de su versión de lo acordado.
Desde hace más de un año, Kiev exige que le sea devuelto el control de la frontera. A esta exigencia se suma ahora la introducción de una misión armada de la OSCE, a cambio de ofrecer a Donbass una descentralización administrativa en lugar del autogobierno local, que incluso en los términos planteados en Minsk en ningún caso supone autonomía política.
Tras el cambio de Gobierno y la creación de un ministerio para los “territorios ocupados” y desplazados internos, las autoridades ucranianas se han reafirmado en su negativa a cumplir con los puntos políticos de Minsk. El nuevo presidente del Parlamento, Andriy Parubiy, ha llegado a afirmar que ha de retirarse el estatus especial para Donbass para aprobar la reforma constitucional que exigen los acuerdos.
Con el incondicional apoyo estadounidense, Kiev prosigue además con su estrategia de ahogar la economía de Donbass mientras continúa bombardeando las afueras de Donetsk, Gorlovka y algunas zonas del frente sur. Todo ello busca presionar a las Repúblicas Populares a la rendición sin necesidad de cumplir completamente con los compromisos adquiridos en Minsk. Y el incumplimiento no se limita a los puntos políticos, sino que se extiende a los puntos más básicos y que más afectan al día a día de la población de Donbass, especialmente la más desfavorecida.
En una de sus primeras apariciones públicas tras su nombramiento como viceprimer ministro para Políticas Sociales, Pavlo Rozenko confirmó en el canal de televisión ucraniano 112 Ukraina que el Gobierno ucraniano no reanudará los pagos de pensiones y otras prestaciones sociales en las Repúblicas Populares hasta recuperar el territorio.
Las declaraciones de Rozenko solo confirman lo que las Repúblicas Populares, la población de Donbass e incluso Naciones Unidas han denunciado ya: suspendidas oficialmente en noviembre de 2014, Ucrania ya había interrumpido los pagos de pensiones y salarios a la población de Donbass ese verano. Sumado a los bombardeos y el bloqueo económico, el impago de pensiones es un castigo más del Gobierno de Kiev a la población de Donbass.
Pese a que el octavo punto del acuerdo de Minsk exige “la restauración completa de las relaciones socioeconómicas incluyendo beneficios sociales, como pensiones y otros pagos”, Kiev dejó claro desde principios de 2015 que no cumpliría con esa exigencia. Sin embargo, tanto el presidente Poroshenko como el exprimer ministro Yatseniuk negaron en varias ocasiones que Ucrania hubiera detenido los pagos de pensiones.
Las declaraciones de Rozenko confirman además que tampoco todos los pensionistas que logren cruzar la línea del frente hacia territorio controlado por las tropas del Gobierno recibirán sus pensiones.
Tan solo quienes hayan logrado el estatus de desplazado interno podrán cobrar sus pensiones ucranianas, una violación no solo del acuerdo de Minsk sino de la legislación del país. Así lo corroboraron hace meses los propios tribunales ucranianos.
Después de casi dos años de impagos y mentiras, Rozenko afirmó que “ni un centavo del presupuesto del Estado de Ucrania irá a parar a los terroristas”. Un insulto más para una población castigada por la guerra y por un bloqueo económico que debió acabar con la firma del acuerdo de febrero de 2015.
Rozenko se escuda en el argumento de que no es técnicamente posible realizar pagos en los territorios fuera del control de Kiev, donde no se aplican las leyes ucranianas ni hay sucursales de los bancos ucranianos.
No importa que fuera Ucrania quien bloqueara el sistema bancario o quien se haya negado a restablecer el sistema tal y como se comprometió a hacer con su firma en el acuerdo de, el mismo que lleva más de un año defendiendo e inclumpliendo.
En esta guerra de desgaste, Ucrania parece estar dispuesta a retrasar el proceso, aunque sea a costa de no recuperar el control de sus fronteras y a mantener sin sus pensiones a los ciudadanos de Donbass, con la esperanza de que el tiempo haga desaparecer esos puntos que el Gobierno ucraniano nunca estuvo dispuesto a cumplir.
