AIME GALARZA ZAVALA – ELTELEGRAFO.COM.EC – Hay, en el medio ecuatoriano, crédulos que piensan que los golpes de Estado son cosa del pasado.
Ellos deberían reparar en la sabia advertencia que hace años hizo un periodista francés, según el cual el único país garantizado contra este mal siniestro es Estados Unidos, porque allí no hay embajada norteamericana.
Aquí bastaría recordar cómo en el fallido golpe de Estado del 30-S se vieron involucrados varios oficiales de las Fuerzas Armadas, por acción u omisión, que da lo mismo.
Previamente, uno de ellos, el coronel Mario Pazmiño, jefe de inteligencia militar, fue despedido ignominiosamente por sus vínculos directos y secretos con la embajada, de la que fuera aprovechado colaborador; para asomar ocho días antes del 30-S en Miami, en la reunión conspirativa donde brillaron astros como Lucio Gutiérrez, Roberto Isaías, Carlos Vera, entre otros.
Por cierto, el nombre de Mario Pazmiño es solamente un ejemplo entre tantos, sin que represente una figura de relieve. Y es un ejemplo porque en los ajetreos de la oposición hay varios militares más que no ocultan su enojo amenazante contra el Presidente.
Un paso de indudable provocación golpista ocurrió en el mes de noviembre último, cuando el Alto Mando irrumpió en la audiencia convocada dentro del juicio por delitos de lesa humanidad en que se halla incurso un grupo de oficiales, destacados por acciones represivas y torturas bajo el gobierno terrorista de León Febres-Cordero.
Irrupción que se justificó por una supuesta solidaridad con los acusados. Como esta intromisión fue criticada públicamente por el presidente Correa, enseguida la oposición incorporó a su programa de acción un punto más: “Defensa de la dignidad de las Fuerzas Armadas”.
De entonces a la fecha, los nexos entre los políticos de oposición y esta clase de militares se han vuelto más visibles cada día, y hoy cobra relevancia con motivo del diferendo entre el Gobierno y ciertos altos jefes castrenses, particularmente por dos hechos: la orden presidencial de que se debiten los 41 millones de dólares de más asignados al Issfa por el Ministerio del Ambiente por 66 lotes de terreno en Los Samanes, cuando el avalúo legal, dado por el Municipio de Guayaquil, no pasaba de los 7 millones.
Orden esta que vino acompañada de la destitución del Alto Mando y el nombramiento de otro nuevo, conforme facultades que la Constitución le asigna al Presidente por sus funciones de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Allí ardió Troya.
Ahora se preparan marchas contra el Gobierno en que se mezclará la oposición en su conjunto, se pedirá la cabeza del Mandatario al grito de “¡Fuera Correa, fuera!” y se fomentarán actos de fuerza, siguiendo el esquema de violencia y sangre que aplica la oposición venezolana contra la Revolución Bolivariana.
En medio de este serio conflicto, mientras la Contraloría toma cartas en el asunto para aclarar pormenores y establecer responsabilidades, el Gobierno debería, por un lado, en uso de una plena transparencia de sus actos, proporcionar detalles sobre los informes y manejos que se dieron a su interior para llegar a este malhadado acuerdo, y por otro lado, abrir un debate patriótico con amplias informaciones sobre el papel del Issfa y las Fuerzas Armadas en cuanto a la enorme cantidad de bienes que manejan, su destino y la utilidad de ello para la tropa activa y en servicio pasivo, así como para todo el pueblo ecuatoriano.
