El Tratado de libre comercio e inversiones entre Europa y EE UU (TTIP) no es el único gran acuerdo secreto que negocian los gobiernos de todo el mundo, tal como ha revelado la página web de filtraciones Wikileaks, que ha proporcionado información sobre 17 documentos secretos del Trade in Services Agreement (TiSA), que negocian 50 países del mundo, según recogía el diario Público, en colaboración con la citada web.
El objetivo del tratado TiSA sería el de controlar y coartar la libertad legisladora de los Estados y las instituciones (desde Ayuntamientos a colegios profesionales) contra todo aquello que pudiera suponer un impedimento para los negocios de las multinacionales del sector Servicios.
El articulado buscaría beneficiar a las empresas en pro del comercio o el negocio Una de las cláusulas del tratado exigiría que los gobiernos informaran de cualquier plan legislativo, leyes o normas que pretendieran aprobar con antelación al resto de países del acuerdo, de forma que las multinacionales podrían conocer sus planes y pedir explicaciones (que los gobiernos estarían obligados a dar por escrito) y lo que permitiría que las empresas afectadas pudieran tener tiempo para reaccionar y presionar en contra de esas legislaciones.
Además, los gobiernos e instituciones podrían perder su capacidad de decisión y por descontado la de los ciudadanos, ya que se obligaría a contratar a las empresas con "criterios objetivos y transparentes", tales como su "capacidad", y dejando a un lado otras razones sociales, medioambientales o culturales, como apuntaba el diario Público.
Incluso en el caso de salir adelante las normativas de las instituciones democráticas, éstas quedarían bajo la consideración subjetiva de las multinacionales, ya que el texto recogería que las normas aprobadas "no deben ser más estrictas de lo necesario", siendo el criterio de la empresa y no del gobierno el que marcaría qué es "necesario".
Por último, ente todo un entramado de articulado que buscaría beneficiar a las empresas en pro del comercio o el negocio, algunos países apoyan que los conflictos que puedan surgir entre Estados o instituciones y las multinacionales se resolvieran en tribunales privados y no en los organismos judiciales públicos.
