LA HABANA – AP - Un año después asumir la presidencia de Estados Unidos, Ronald Reagan incluyó a Cuba en la lista de estados que patrocinan el terrorismo porque entonces apoyaba a las guerrillas de Centro y Sudamérica.
Cuba permaneció en la lista tras la caída de la Unión Soviética, a pesar de que Fidel Castro dejó de ayudar a los movimientos insurgentes y aun cuando el enfoque global de la lucha contra el terrorismo giró hacía el Medio Oriente. Para los observadores internacionales, el lugar de Cuba en esa lista es una reliquia de la Guerra Fría y una demostración del poder de los enemigos del gobierno comunista cubano en el Congreso de Estados Unidos.
Para Cuba, el permanecer en esa lista se convirtió en un poderoso símbolo de lo que muchos en la isla consideran cinco décadas de una campaña de intimidación de parte de la superpotencia del norte.
Ahora que los dos países han acordado poner fin a medio siglo de animosidad, el presidente Barack Obama dejó claro que sacaría a Cuba de esa lista cuando anunció la nueva política exterior norteamericana hacia la isla, en una alocución televisada a finales del año pasado, donde dijo que “en una época en las estamos enfocados en las amenazas que representan Al Qaeda o el grupo Estado Islámico, una nación que cumple con nuestros requerimientos y renuncia al uso del terrorismo, no debe enfrentar esta sanción”.
Importantes representantes diplomáticos de Cuba llegarán a Washington la siguiente semana para una segunda ronda de negociones sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Cubanos desde el presidente Raúl Castro hasta ciudadanos ordinarios consideran salir de la lista uno de los elementos más importantes de esa distención, que podría ayudar a sanar una gran injusticia. A los ojos de los cubanos, ellos son las víctimas del terrorismo. No Estados Unidos.
Para los cubanos, el peor acto de agresión contra la isla desde su revolución en 1959 ocurrió cuando 73 personas a bordo de un avión cubano de pasajeros que iba de Barbados a La Habana murieron en un atentado en 1976, en un ataque atribuido a exiliados anticastristas respaldados por Estados Unidos. Dos de los hombres acusados de planear el crimen se refugiaron en Florida y uno de ellos, Luis Posada Carriles, vive tranquilamente allí hasta la fecha.
“Este es un país chiquito y todo el mundo conocía a alguien que conocía a alguien que iba en ese avión”, dijo Juan Carlos Cremata, director de cine y teatro que tenía 13 años cuando su padre, un despachador de aerolínea, de 41 años, murió en lo que los cubanos llaman “el crimen de Barbados”.
“Estados Unidos va a mostrar que es un país inteligente porque lo más absurdo, la cosa más estúpida del mundo, es poner a Cuba en una lista de naciones terroristas”, agregó Cremata.
Salir de la lista estadounidense podría brindar a Cuba protección contra demandas dentro de Estados Unidos porque estar incluidos en ella quita a los países inmunidades importantes que las cortes estadounidenses normalmente otorgan a los gobiernos extranjeros.
En momentos que La Habana y Washington trabajan para fortalecer lazos comerciales, proteger a Cuba y cualquier socio empresarial estadounidense de demandas por parte de gente que se hubieran visto afectadas por el gobierno de Castro podría ser esencial.
“Desde el punto de vista cubano, resolver este tema de la lista es también resolver este tipo de preocupaciones”, opinó Jesús Arboleya, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Habana que fue cónsul cubano en Washington de 1979 a 1982. “Pero además hay un problema político implícito y es que a nadie le conviene que digan que es un país promotor del terrorismo”.
Aunque salir de la lista de patrocinadores del terrorismo no tiene impacto directo en las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, también podría facilitar a los bancos internacionales justificar la realización de negocios con Cuba, dijo Robert L. Muse, abogado especializado en leyes estadounidenses sobre Cuba.
El banco que había manejado las transacciones de la Sección de Intereses de Cuba en Washington cerró el año pasado, dejando a sus diplomáticos operando casi exclusivamente con dinero en efectivo. La capacidad para reabrir una cuenta en un banco estadounidense es una de las demandas más urgentes de Cuba en las negociaciones para reabrir embajadas. Aunque esa decisión recae en bancos individuales, retirar al país de la lista de terrorismo lo facilitará.
“Su presencia en la lista afecta los intereses estadounidenses porque impide un reacercamiento”, explicó Muse. “Cuba debe salir de la lista porque no debe estar en ella”.
Otros países en la lista son Irán, Sudán y Siria. Para retirar a Cuba, Obama necesita enviar al Congreso un reporte que certifica que la isla no ha apoyado al terrorismo internacional en los últimos seis meses. Cuba podría salir 45 días después a menos que la Cámara de Representantes y el Senado aprueben una resolución conjunta que lo impida. Una resolución de este tipo parece muy poco probable, aunque legisladores cubano-estadounidenses en el Congreso se oponen con vehemencia a sacar a La Habana de la lista porque consideran que su comportamiento no ha cambiado, aunque las circunstancias sí.
“Cuba sigue protegiendo a miembros de organizaciones terroristas extranjeras, así como a prófugos de la justicia de Estados Unidos que son responsables de la muerte de estadounidenses”, dijo Brooke Sammon, portavoz del senador Marco Rubio, republicano por Florida. “El senador Rubio no ha visto ningún indicio de que el régimen de Castro haya cambiado fundamentalmente su comportamiento para merecer salir de la lista”.
Reportes recientes del Departamento de Estado sobre la lista mencionan que Cuba dio refugio a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del grupo separatista vasco ETA. Esto simula poco lo que realmente Estados Unidos considera un estado patrocinador del terrorismo.
“No hubo indicios de que el gobierno cubano entregara armas o entrenamiento paramilitar a grupos terroristas”, indicó el Departamento de Estado en 2013.
Cuba está patrocinando las negociaciones de paz que realizan actualmente las FARC y el gobierno colombiano en La Habana. Y el interés de España en los etarras que viven en el extranjero ha disminuido considerablemente en la última década, luego de un alto al fuego definitivo declarado por ETA en 2011 y la creciente amenaza planteada por los radicales islamistas.
El mayor problema para Cuba son los militantes negros y puertorriqueños que llegaron a la isla después de llevar a cabo ataques en Estados Unidos. Entre ellos está Joanne Chesimard, quien cambió su nombre a Assata Shakur y quien recibió asilo por parte de Fidel Castro después de escapar de la cárcel donde cumplía una condena por matar a un policía de Nueva Jersey en 1973.
Cuba ha dejado en claro que no tienen intención de devolver a Chesimard, en particular porque el hombre al que acusa del “Crimen de Barbados”, Posada Carriles, vive en Miami desde que un juez federal en Texas lo exoneró en 2011 de mentir a las autoridades estadounidenses sobre su papel en una serie de atentados en hoteles de La Habana en 1997, en los que murió un turista italiano. El gobierno estadounidense se niega a entregarlo para ser enjuiciado por el atentado al avión de Cubana de Aviación.
Aunque pocos cubanos creen que Estados Unidos extraditará a Posada Carriles, muchos dan la bienvenida a la eliminación de Cuba de la lista terrorista.
“Sería un suceso extraordinario para mí, para mi familia y creo que para todos los familiares de las víctimas”, dijo Camilo Rojo, un abogado que tenía 5 años cuando su padre, un empleado de la aerolínea, falleció en el vuelo de Cubana.
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Los corresponsales de The Associated Press en La Habana Anne-Marie Garcia, Ciaran Giles en Madrid y Curt Anderson en Miami contribuyeron con este análisis.
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