Como España hoy, hace unos años, Ecuador era el país sudamericano que más parte de su presupuesto consagraba al pago de su deuda soberana.
En 2005, Quito atribuyó el 40% del presupuesto público al pago de los intereses de la deuda mientras los gastos de sanidad y educación se reducían al 15%.
Se satisfacía primero a los acreedores extranjeros, en detrimento de las necesidades fundamentales de la población.
Un endeudamiento ilegítimo, una dependencia económica y financiera y un aumento de las desigualdades constituían las principales características de aquel Ecuador.
Ante ese estado de hechos, en noviembre de 2006, a través de la vía electoral, los ecuatorianos llevaron a Rafael Correa a la presidencia de la República. Y con él todo cambió.
Al asumir el cargo en enero de 2007, Rafael Correa preconizó una “Revolución Ciudadana”, no violenta y democrática, que favoreciera la integración, la solidaridad y la equidad. Para alcanzar tales objetivos, era necesario asumir el poder a fin de transformarlo en poder popular, para provocar cambios en las estructuras desiguales existentes, puesto que el verdadero desarrollo sólo es posible a través de la modificación de las relaciones en el seno de la sociedad.
Correa decidió optar por la vía alternativa de dedicar los fondos estatales al gasto social y productivo, reduciendo de forma significativa la proporción del presupuesto asignada al pago de la deuda externa, y aumentando considerablemente la inversión humana. La realización de esta política fue posible gracias, en gran medida, a los resultados de la auditoría de la deuda externa y al rechazo de las deudas consideradas ilegítimas. Para lograrlo, Ecuador tuvo que atravesar un camino plagado de obstáculos.
En el periodo de 1982 a 2006, la deuda externa en su totalidad (privada y pública) no hizo más que aumentar. Las ligeras “correcciones” derivadas de las diferentes condonaciones y renegociaciones nunca llegaron a frenar su vertiginoso ascenso, que pasó de 241 millones de dólares en 1970 a 17.000 millones de dólares en 2006. Representó como media, en el conjunto del mismo periodo, casi el 61% del producto interior bruto (PIB). Ecuador padecía entonces una verdadera hemorragia: si se calcula la diferencia entre las sumas recibidas de los prestamistas extranjeros y las sumas reembolsadas, se constata que la transferencia neta respecto a la deuda era negativa.
En ese periodo, más de 13.500 millones de dólares salieron de Ecuador para reflotar a los diferentes acreedores extranjeros. Así pues, esa lacra se fue transformando en un instrumento de dominación y de expolio de los países deudores, concebido por y para los países acreedores y las instituciones financieras internacionales. Además, Quito transfirió más de mil millones de dólares a los organismos multilaterales –Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de desarrollo de América Latina, Fondo Monetario Internacional– y, sin embargo, su deuda aumentó.
Los intereses de la deuda representaban, en 2004, el 145% de los ingresos fiscales petroleros y, en 2006, el 200%… Si esta tendencia se hubiera mantenido, Ecuador hubiera agotado sus reservas petroleras en 25 años sin haber invertido esa riqueza en apoyar su desarrollo. Por otra parte, sólo el 14% de las sumas prestadas entre 1989 y 2006 se utilizaron para proyectos de desarrollo (agua potable, energía, irrigación, transportes, telecomunicaciones, infraestructura social y apoyo a las empresas). El 86% restante sirvió para devolver el capital y los intereses de la deuda externa.
El presidente Rafael Correa se comprometió a poner fin a semejante círculo vicioso del pago de la deuda y de acuerdos para la refinanciación de todo tipo. Para ello, creó la “Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público” (CAIC) el 7 de julio del año siguiente. El Gobierno pretendía de ese modo impulsar la identificación de las deudas ilegítimas, tanto con los acreedores multilaterales (BM, FMI, BID) como con los acreedores bilaterales. En base a los resultados de la auditoría, Ecuador renegociaría entonces el pago de la deuda externa. Decidió no pagar las deudas que no hubieran beneficiado a la población o que se hubieran contraído de forma fraudulenta, y emprender acciones jurídicas contra los responsables de la situación de endeudamiento.
La posición de Correa fue clara: la deuda externa se pagará en la medida en que no afecte a las prioridades del desarrollo nacional. Posición que no excluye la opción de una moratoria si la situación económica lo exige. El Gobierno se posicionó así como “país acreedor” frente a una deuda ya ampliamente pagada y de la cual una buena parte era ilegítima, lo que justificaba su no devolución.
Un ejemplo de deuda ilegítima fue la decisión del Gobierno noruego de anular la deuda ecuatoriana. A finales de los años 1970, la industria noruega de construcción naval se encontraba en mala situación. Oslo decidió poner en marcha una “Campaña de exportación de navíos” y se aprobaron numerosos préstamos sin considerar la realización efectiva de los proyectos previstos ni la capacidad de reembolso de los países deudores. De los 36 proyectos concluidos con 21 países, sólo dos consiguieron satisfacer su deuda. Ecuador fue uno de los países que no llegó a hacerlo. Gracias a la presión de activistas por la anulación de la deuda tanto en Noruega como en Ecuador, el Parlamento y el Gobierno noruegos terminaron por tomar conciencia de que tales actuaciones eran inadmisibles. El 2 de octubre de 2006, el ministro noruego de Desarrollo Internacional anunció la anulación de la deuda para los países que, como Ecuador, aún debían entonces 36 millones de dólares.
Las renegociaciones con los acreedores internacionales habían empezado en 1983 cuando la deuda comercial de las empresas privadas ecuatorianas pasó a ser responsabilidad del Estado, ya que éstas no tenían recursos para cumplir con sus obligaciones económicas (como pasa hoy en España con los bancos). El proceso de renegociación conoció diversas peripecias, pero las cosas no cambiaron realmente hasta que, en 2007, siete meses después de su elección, el presidente Correa decidió crear la CAIC. Las conclusiones mostraron que numerosos préstamos habían sido concedidos violando reglas elementales del derecho internacional.
Como ocurre hoy en Grecia, en Portugal o en España, esas condiciones de crédito aceptadas obligaron a Ecuador a iniciar reformas estructurales que garantizaran modelos de pago de la deuda, en detrimento del crecimiento económico y de los derechos sociales de la población.
Se llegó así a la sexta renegociación, en noviembre de 2008. Quito decidió suspender el pago de títulos de deuda con fecha de vencimiento, algunos para 2012, y otros para 2030. Rafael Correa propuso una reestructuración de la deuda, no por falta de dinero, sino porque existían indicios de ilegitimidad y de ilegalidad de la deuda. El Presidente Correa señaló que la renegociación debía tener en cuenta, no sólo las exigencias de los acreedores, sino también las demandas del Gobierno, tomando ante todo en consideración las posibilidades de pago del país, únicamente después de haber satisfecho las necesidades sociales del pueblo.
En junio de 2009, Ecuador consiguió readquirir títulos de deuda por valor de 3.200 millones de dólares por sólo 900 millones de dólares, es decir, con una reducción de entre un 65% y un 70% de su valor. Si tenemos en cuenta los intereses que Ecuador ya no tendrá que pagar, puesto que ha comprado títulos que vencen en 2012 y en 2030, el Tesoro Público ahorró en torno a 7 280 millones de dólares para los próximos 21 años. Esto ha permitido encontrar nuevos medios financieros y aumentar el gasto social en la sanidad, la educación, la ayuda social y el desarrollo de infraestructuras de la comunicación.
Como consecuencia, la deuda de Ecuador descendió de 17.475 millones de dólares en 2008 a 13.686 millones en mayo de 2011, lo que representa una reducción de 3.789 millones de dólares. El saldo de la deuda externa pública fue restablecido a 8.705 millones, mientras que el de la deuda privada quedó en 4.981 millones.
Esta actitud original y soberana del Gobierno responde a preceptos precisos inscritos en la nueva Constitución ecuatoriana aprobada por sufragio universal en septiembre de 2008. En especial, el artículo 290 somete todo endeudamiento futuro a las siguientes reglas:
1. Se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de la cooperación internacional sean insuficientes.
2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza.
3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructuras, o que tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para Ecuador.
La no devolución de la deuda decidida por Rafael Correa, le ha permitido a Ecuador ahorrar casi 7.000 millones de dólares (intereses incluidos), que se han reinvertido en el ámbito social.
Por otra parte, entre 2006 y 2011, el porcentaje del presupuesto estatal dedicado a la devolución de la deuda pasó del 24 al 7%, mientras que el relativo a los gastos sociales aumentó del 12 al 25%. Además, el crecimiento del PIB alcanzó una media del 4% desde 2006 y de un 7,8% en 2011, lo que permitió financiar el aumento de los salarios, las pensiones y la mejora general de las condiciones de vida.
En mayo de 2010, a raíz de un encuentro con el ex primer ministro griego Yorgos Papandreu, Rafael Correa le aconsejó, pero en vano, que Atenas dejase de pagar su deuda. Le explicó en términos simples pero significativos: “Es la lógica financiera: te caíste, me pagas más y más caro. Cuando la lógica del desarrollo tendría que ser: te caíste, pues te levanto y después ya veremos cómo nos arreglamos”. Reiteró este consejo el 8 de octubre de 2011 a los países europeos afectados por la “crisis de la deuda”, que no es más que un pretexto para la implementación de políticas austeritarias.
Si analizamos las medidas regionales, coherentes con las políticas mencionadas, se puede destacar que en marzo de 2007, siete países de UNASUR (Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil y Uruguay) decidieron restablecer márgenes de maniobra creando el Banco del Sur, una institución financiera que dispondrá de una parte de las inmensas reservas –entre 7.000 y 20.000 millones de dólares– para el desarrollo del continente.
Y Ecuador añadió otros dos pilares a la nueva arquitectura financiera regional con la Declaración de Quito de mayo de 2007. Propone la creación de un fondo de estabilidad regional, el Fondo del Sur, y una unidad de cuenta común que abra el camino a la futura unión monetaria sudamericana. De ahí el SUCRE, o Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, boceto de una moneda común.
Tras cinco años de Revolución Ciudadana, Ecuador ha logrado encontrarse por primera vez en una situación que le permite realizar una distribución adecuada de la renta y la riqueza, promover la producción nacional, la integración regional, el respeto a los derechos de los trabajadores y la estabilidad económica.
Aunque todavía quedan objetivos por alcanzar, las cifras de la revolución productiva y económica son reveladoras de un cierto optimismo. El paro y los contratos precarios se han reducido, la pobreza ha disminuido. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ecuador es el segundo país de la región que más ha reducido su índice de pobreza, que ha caído 9 puntos situándose en un 28,6%. En 2011, 650.000 personas salieron de la pobreza.
Gracias al crecimiento económico y a la gestión responsable de las finanzas, la deuda pública en relación al PIB ha descendido a su nivel más bajo en la historia. En octubre de 2011, se situaba en un nivel del 22% (14% de deuda externa y 8% de deuda interna). Ecuador ha conseguido imponerse a la deudocracia. Y ya no está en venta.
Carlos Játiva, Embajador de Ecuador en Francia
