Las explosiones ocurridas en Santiago de Chile y Viña del Mar en las dos últimas semanas —cerca del 11 de este mes, cuando se cumplían 41 años del ilegal golpe de Estado contra el presidente constitucional Salvador Allende—, aún sin reivindicar, levantan sospechas sobre las intenciones de la derecha que, opinan analistas, mueve sus intereses contra la mandataria Michelle Bachelet.
Los atentados en varios lugares públicos dejaron un saldo de 14 heridos, en un mes donde los chilenos, en especial los de mayor edad, recuerdan los difíciles días en que el traidor Augusto Pinochet usó el terrorismo de Estado para marcar a más de una generación en el horror y el miedo.
La Ley de Amnistía, que ahora intenta revocar de manera urgente el Gobierno de la socialista Bachelet, fue firmada por Pinochet para impedir el enjuiciamiento de los esbirros de su régimen, en especial de los que actuaron en cinco años particularmente cruentos, entre 1973 y 1978.
El Ministerio de Justicia explicó que con la aprobación de este proyecto, enviado al Congreso Nacional justamente el 11 de septiembre, el gobierno busca “adecuar la legislación chilena a la legislación internacional (en materia de derechos humanos) y además, no hace un cambio muy de fondo de lo que han hecho los tribunales chilenos hasta la fecha, que es no aplicar la ley de amnistía”.
Sin embargo, aunque esta aclaración muchos la interpretan como un movimiento para no irritar a los exmilitares que viven en libertad, sin peligro de la atención judicial, la realidad es que el proyecto está engavetado en el Congreso desde 2006, cuando cuatro parlamentarios de izquierda lo presentaron para echar abajo la Ley de Amnistía y establecer procesos judiciales contra los asesinos y torturadores de la dictadura.
“Esa ley es ilegítima porque viola los derechos humanos y los tratados internacionales, por eso debe ser anulada, para que estas personas que cometieron abusos tengan procesos justos”, afirmó Guido Girardi, uno de los parlamentarios que presentó la moción hace ocho años.
La presidenta de la agrupación de Detenidos-Desaparecidos en Chile, Lorena Pizarro, hija del detenido desaparecido Waldo Pizarro y de la exdirigente de derechos humanos Sola Sierra, criticó en duros términos “el doble rasero de los partidos de derecha respecto a la dictadura de Augusto Pinochet”.
Pizarro refirió que el partido derechista Renovación Nacional (RN) dio su espaldarazo “a un genocida y un terrorista, el diputado desaforado Rosauro Martínez, acusado del asesinato de tres jóvenes en 1981, cuando era capitán de la policía secreta de Pinochet”.
En declaraciones a la emisora radial Bío Bío, Pizarro destacó que están tratando de crear el caos en la población con la explosión de bombas caseras, pero RN da su respaldo público a un genocida terrorista. No tienen moral. “La derecha fue —dijo— cómplice y partícipe de la dictadura, muchos de estos sujetos besaban la mano de Pinochet”.
Pizarro valoró de muy positiva la decisión del Gobierno de Bachelet de buscar con urgencia la anulación de la Ley de Amnistía, implementada en 1978, que constituyó “la licencia para matar de la dictadura, y la represión contra quienes nos oponíamos a este decreto. Su anulación sería reconocer que esto nunca debería haber existido", consideró.
La derecha no dará los votos parlamentarios para anular la legislación, “porque ellos saben que en cualquier momento cualquier juez la puede invocar”".
NO PUEDE VOLVER EL TERROR A CHILE
Para Bachelet es difícil aceptar que el terror del régimen militar —tan sentido aún por la población chilena— vuelva a asomar en una nación que tras el gobierno derechista de Sebastián Piñera votó por un cambio estructural en una sociedad vulnerada por el neoliberalismo y la sombra vigente del pinochetismo.
En Chile permanecen intactas las leyes dictadas por la Junta Militar, válidas incluso para las Fuerzas Armadas, y otras de gran importancia social, como la Constitución Nacional, cuya derogación depende de la instalación de una Asamblea Constituyente por el Ejecutivo, dada la presión popular, y de la juventud en especial.
En retrospectiva, la derecha chilena, en momentos en que el presidente Allende intentaba transformar las estructuras socioeconómicas de Chile, implantó el terror con una serie de atentados cometidos por los paramilitares del Frente Nacional. Y aunque han pasado más de cuatro décadas, los métodos de los poderosos capitales poco han cambiado en la nación andina.
El método de crear el temor, por los medios de comunicación masiva que responden a los sectores oligárquicos, forma parte del esquema actual contra Bachelet, aunque las políticas de hoy poco tienen que ver con las transformaciones profundas del gobierno de la Unidad Popular de Allende.
Las únicas semejanzas que muchos indican son que los dos presidentes son socialistas y doctores, y que la mandataria —ella y su madre fueron víctimas del pinochetismo— habló en su campaña electoral de cambios sociales, muchísimo más tenues que los de los años 70, pero a los que, de alguna manera, deberá responder durante su mandato.
No puede olvidarse que la sociedad chilena actual perdió el temor a manifestarse, y que los miles de estudiantes y obreros que en el 2012 y 2013 tomaron las calles del país no dudarán en exigir al actual gobierno, a pesar de la fuerte represión que sufrieron por la actuación del Cuerpo de Carabineros.
Sin embargo, para la oligarquía chilena cualquier movimiento que considere lesivo a sus intereses despierta una oleada de críticas en los medios privados de comunicación —al igual que hicieron entre 1970 y 1973— para ir minando las estructuras del gobierno de la coalición Nueva Mayoría, en la que por primera vez participa el Partido Comunista.
La batería de acciones contra el ejecutivo, que hasta ahora poco muestra en cuanto a reformas se refiere, va incubando el germen de la duda entre quienes confiaron de nuevo en la doctora-presidenta. El método es crear incertidumbre e inestabilidad, un mal entronizado en Chile.
No es casual que los partidos derechistas, luego de la explosión de los artefactos, solicitaran el endurecimiento de la ley antiterrorista firmada por Pinochet para el libre acceso a la prisión de los opositores, sin juicio y que terminaban siendo torturados, asesinados o desaparecidos. Incluso, acusaron a la mandataria de “débil” ante el terrorismo. Ningún grupo se ha responsabilizado con las acciones callejeras.
Estos elementos que apoyaron el golpe de Estado de 1973 aún forman parte de los grupos de derecha y mantienen relaciones de poder coexistentes con el consabido pacto de silencio acordado por ellos con el dictador. Los señores del terror de los años 70, siempre protegidos por los gobiernos neoliberales postdictadura emergen con sus opiniones sobre la caída de las inversión privada, dando opiniones sobre el eventual estancamiento y recesión de la economía y el aumento del desempleo y la reducción del consumo.
Estos elementos se van conjugando por el sector privado para generar un miedo colectivo y tratar de frenar los posibles cambios, que hasta ahora contemplan solo las discusiones sobre los tributos y la educación. En opinión de algunos analistas, en el escenario económico nacional, los grandes empresarios se erigen como grandes gestores de la economía, en lugar del gobierno.
Chile posee hoy una economía sólida, y en el primer semestre creció poco más de un 2 %, tendencia que se mantiene hasta fines del año. Este es, opinan economistas, un momento de baja que es comprensible en las economías capitalistas.
Aun cuando existan posibilidades de una contracción, dicen, no sería grave, pues el empleo se mantiene estable. La tasa actual de desocupación es de 6,5 %. La inflación en los primeros siete meses de este año está en un 2,8 %, envidiable para otras economías de la región.
Incluso, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) afirmó que “la región anotará un crecimiento inferior al del año pasado” (2,5 %). “La gradual mejora de algunas de las principales economías del mundo —precisó— debería permitir un cambio de tendencia hacia fines de 2014”. La CEPAL “espera que el Istmo Centroamericano más Haití y República Dominicana crezcan 4,4 %, mientras que América del Sur se expandirá 1,8 %; aunque con una amplia diversidad entre los países”.
Es en este contexto en el que los derechistas empiezan a mover sus influencias contra el gobierno de Bachelet.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, salió al paso a las manifestaciones de los partidos derechistas y expresó la necesidad de profundos cambios en la sociedad, que se ven ahora, de alguna manera, cubiertos de incertidumbre.
Figueroa, quien habló en los homenajes a Allende la pasada semana, afirmó que “hay un manto de terror que algunos pretenden imponerle a nuestra sociedad, por un pacto de silencio que hoy trata de tomar fuerza al calor de acciones vandálicas, deleznables, y que nosotros hemos repudiado con mucha fuerza”.
Apuntó que “Chile cambió y eso es evidente para todos, pero no cambió para volver a los horrores del pasado. Las transformaciones —argumentó— sirven también para volver a restituir el derecho humano, como educación, salud, vivienda para todos y todas, sueldos dignos, derechos para los trabajadores, como fueron impulsado por Allende”.
La dirigente destacó que la CUT “se siente responsable de ser actor protagónico de estos procesos de cambio. No vamos a mirar desde la vereda del frente cómo una minoría trata de imponer pactos de silencio...”.
Las próximas semanas marcarán el rumbo de las esperanzas que despertó Bachelet entre sus conciudadanos. Algunos expertos recuerdan que el expresidente Ricardo Lagos, de la Concertación Popular —antecedente de la oficialista coalición Nueva Mayoría— se alió a las élites corporativas, destruyendo los sueños de una población que no volvió a confiar en ese partido.
El pueblo chileno espera que Bachelet no cometa el mismo error.
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