Para no pocas personas las transformaciones que se viven hoy en Cuba son tan importantes como el propio triunfo revolucionario.
Nuevas condiciones históricas determinan el actual proceso de construcción delsocialismo; sistema social que se creía haber alcanzado hace muchísimos años, pero del cual nadie está seguro de cómo llegar en estos momentos.
Las actuales circunstancias han replanteado muchas de los mecanismos económicos hasta hoy empleados; y junto a este proceso de renovación parece salir a la luz otras necesidades emergentes de las cuales también podría depender la estabilidad del país.
Es común entonces escuchar hablar de democracia y participación política. Ambos términos no podrán quedar relegados a un segundo plano, pues de nada servirán tantas reformas en la estructura económica de un país, si el ciudadano común no tiene forma de controlar y velar por el manejo eficiente de esos recursos que se creen.
Como decíamos anteriormente, para llegar al socialismo hay muchos caminos y nadie sabe con certeza cuál es el mejor para Cuba. En el sistema político actual de Cuba tienen que participar todos los que busquen la construcción del socialismo en sus diferentes tendencias.
Es normal que existan sectores que se opongan a alguna medida que tome el gobierno o que encuentren problemas en el plan que este se ha trazado para construir el socialismo (caso Lenin- Trotsky y Stalin) Hay caminos más riesgosos (caer en el capitalismo) que quizás sean los que muestren más rápido un progreso en el país.
Así también hay que tener cuidado con los oportunistas que dicen estar con el socialismo y pretenden construir el capitalismo poco a poco.
Como veíamos en un post anteriorsobre el propio tema, creemos que la verdadera democracia no está en tener más o menos partidos políticos, sino en garantizar a cada ciudadano el poder de decidir sobre su destino, el de su familia, su comunidad y su país.
Ahora bien, el poder que la ciudadanía delega en sus representantes sólo se materializará si estos cuentan conlos recursos para ejercerlo y rinden cuenta periódicamente de su gestión ante quienes los eligieron.
La democracia verdadera comienza por fortalecer el poder local, como el ámbito más cercano a los ciudadanos. Para ello, los delegados de circunscripción necesitan recursos.
Los poderes locales —provincia y municipio— necesitan control sobre gestión de las empresas y entidades enclavadas en su territorio, sin violar los planes trazados por los organismos nacionales de dirección empresarial. Esto contribuiría al desarrollo local, aunque se impone cierta redistribución de recursos desde las zonas más adelantadas a las más atrasadas para garantizar un progreso balanceado entre los territorios.
Otra medida que fortalecería el poder de la ciudadanía sería la creación de una Defensoría del Pueblo. Este órgano, con un estatus superior a los Ministerios, atendería y daría solución en un plazo determinado a las quejas y demandas de los ciudadanos sobre violaciones a sus derechos —humanos, constitucionales, laborales, como consumidores—.
Actualmente esta tarea la cumplen ineficientemente decenas de entidades —cuyos recursos pudieran redireccionarse hacia la Defensoría—. También algunos medios de prensa publican las quejas; pero son impotentes para resolver lo planteado.
Por otro lado, el sistema electoral cubano pudiera perfeccionarse para responder de forma más directa a la voluntad popular. Según la Ley Electoral de 1992, los delegados a las asambleas provinciales y la Asamblea Nacional del Poder Popular son nominados por Comisiones de Candidatura que responden a las direcciones provinciales y nacionales de las organizaciones de masas.
Estas seleccionan a una parte de los candidatos —que no puede exceder la mitad del total— entre los delegados a las Asambleas Municipales —nominados y electos directamente en sus comunidades—y el resto —la mayoría— entre otros ciudadanos, buscando establecer una proporción de género, raza y empleo similar a la existente en la sociedad. Luego estos candidatos son electos en las Asambleas Municipales y ratificados por los ciudadanos.
Pensamos que las Comisiones de Candidatura son una estructura innecesaria que aleja aún más de la base la decisión de quiénes integrarán los órganos de poder provinciales y nacionales. Todas las funciones de estas comisiones pueden ser asumidas perfectamente por las propias Asambleas del Poder Popular. Las Asambleas Municipales podrían decidir quiénes representarán al municipio ante la Asamblea Provincial y ante el Parlamento. Las Asambleas a todas las instancias nominarían y elegirían a su presidente y vicepresidente y la Asamblea Nacional propondría entre sus miembros al Consejo de Estado.
Consideramos que sería más democrático que la mayoría de los miembros a las asambleas provinciales y la nacional provinieran de las propias Asambleas Municipales, que ya cuentan con un respaldo popular previo. Sin embargo, hay que pensar en algún mecanismo —transparente y democrático— para evitar que algún sector importante de nuestra sociedad se quede sin representación política por no contar con un apoyo mayoritario en ninguna circunscripción electoral.
Actualmente, cuando a los ciudadanos les llega el momento de “votar” por sus delegados provinciales y diputados; realmente lo que hacen es ratificar a los que eligió la Asamblea Municipal. Por ejemplo, si un municipio será representado por tres diputados, la boleta tiene tres nombres, ni uno más.
Lo más interesante de esta ratificación es que se permite votar por todos los candidatos—es la idea, incluso hay una casilla para el “voto unido”—; pero quien piense que ninguno de ellos reúne las condiciones para representarlo y deje su boleta en blanco, habrá ido al colegio electoral por gusto, porque su voto no cuenta. O sea, si en una comunidad de 1000 personas, 900 dejan su boleta en blanco y el resto vota por todos los candidatos, todos saldrán electos por el 100% de los votos válidos. Nuestra sugerencia es que se mantenga esta ratificación; pero que los votos en blanco cuenten como “válidos”.
También puede revisarse el mecanismo existente para elegir al Consejo de Estado —y a su Presidente— de forma tal que sus miembros sean nominados directamente por la Asamblea Nacional. De la forma que proponemos, cada diputado llenará de forma secreta una boleta con sus propuestas de Presidente, Primer Vicepresidente, Vicepresidentes y Miembros del Consejo de Estado. Saldrá Presidente quien aparezca como tal en más propuestas; después del resto, será Primer Vicepresidente quien más propuestas reciba para Presidente y Primer Vicepresidente; y así sucesivamente.
Luego de la elección, el cargo de Presidente deberá ser sometido a referendo popular.
Y ya que hablamos de esto, está bien que los proyectos de ley más importantes se sometan a consulta popular para su elaboración; pero sería mejor aún si luego se sometiera a referendo la ley acabada.Eso daría mucha más legitimidad a la norma.
Ahora bien, si algún cargo o ley no es ratificada por la mayoría del pueblo en referendo, la asamblea nacional deberá en todo caso proponer una propuesta alternativa hasta que sea aprobada.
Además, en Cuba no se permite que los candidatos a ningún cargo hagan propaganda electoral. La única información de que disponen los electores es una “insípida” biografía de una cuartilla y una foto.
Debería permitirse que, bajo la biografía, se publicara otra cuartilla con lo que piensa hacer el candidato cuando ocupe el cargo, qué proyectos de ley quiere promover, qué iniciativas locales llevar adelante.
No es propaganda electoral; el pueblo tiene derecho a saber, antes de votar, qué pretenden hacer sus representantes. Esto serviría también para medir la gestión posterior de los que resulten electos.
Nos pueden decir que en ningún lugar del mundo se cumple las demandas o sugerencias vertidas en este post; pero creemos que esa no es razón suficiente para no proponerlas. Si podemos ser más democráticos que en cualquier lugar del mundo, mejor.
Sin embargo, una duda se mantiene latente desde el trabajo anterior:
Supongamos que un ciudadano, defensor del socialismo, está en desacuerdo con una decisión gubernamental o una norma jurídica específica.
Digamos, por ejemplo, que se opone a algunos aspectos de la Ley Electoral y quisiera enmendarla (véase las propuestas de este trabajo).
¿Cómo esa persona puede movilizar a otros ciudadanos en su apoyo?
¿Cómo puede convencerlos de su posición? ¿Cómo puede reunir 10000 firmas sin crear algún tipo de organización—entendida como un grupo de personas que comparten un objetivo común—?
Y, sobre todo, ¿cómo hacer esto sin despertar las suspicacias de los órganos de la Seguridad del Estado y sin ser acusado de intentar lacerar la “sacrosanta” unidad del pueblo cubano?
