Michael Allison podría ser condenado a 75 años en la cárcel por grabar a la policía en un estado donde esta actividad es penalizada con la misma severidad que el abuso sexual.
Los vigilantes no permiten que se les
vigile y, como una medida de protección a su impunidad, castigan
férreamente en algunos estados de Estados Unidos este acto de
transparencia.
Una de las reacciones naturales de un ciudadano que, con
razón, se siente vigilado y reprimido por la autoridad, es él mismo
monitorear la actividad de las autoridades, pero en el caso de Michael
Allison está actitud natural le puede costar una sentencia de 75 años en
una prisión de Illinois.
En Illinois grabar a la policía o a las autoridades judiciales, delito de clase 1, se califica igual que la violación sexual.
Allison había demandado a la ciudad de
Robinson, Illinois, porque sus autoridades le impedían realizar su
hobby, arreglar automóviles viejos.
Sintiendo el agobio del poder,
Allison grabó sus conversaciones con la policía.
Cuando se llevó a cabo
el juicio Allison fue arrestado por violar la privacidad de los
oficiales.
En un poco irónico que se arreste a una persona por “violar
la privacidad” de un oficial del gobierno cuando éste, en Estados
Unidos, tiene derecho a violar la privacidad de las personas bajo el
Patriot Act.
El mismo Allison señala que la ley está hecha “para
proteger a oficiales del escrutinio público”.
En el mismo estado de Illinois está el
caso de Tiawanda Moore, quien en una llamada casera por disturbios
familiares fue manoseada por un policía y que cuando buscó denunciar al
oficial, la burocracia policial la obligó a desistir de su denuncia.
