La organización Amnistía Internacional presentó un documento en que
señala que hay “pruebas fehacientes” de que el número de combatientes
paramilitares “está aumentando” y “los grupos se están volviendo más
violentos”.
Amnistía Internacional (AI) denunció este martes
impunidad en múltiples casos de violencia sexual en el marco del
conflicto colombiano y advirtió de un resurgimiento de los grupos
paramilitares en el país.
Así se consigna en su informe “Eso es lo
que nosotras exigimos, que se haga Justicia. Impunidad por actos de
violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado en
Colombia”, presentado este en Bogotá y en el que subraya que ningún
paramilitar ha sido condenado por esos crímenes.
Centenares de
miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), encausados en el
proceso Justicia y Paz, marco legal de su desmovilización entre 2003 y
2006, han admitido ser autores de más de 57.000 crímenes, pero sólo han
reconocido 86 de violencia sexual, reseñó EFE.
Si bien la Corte
Constitucional ordenó en 2008 a la Fiscalía investigar 183 casos
concretos de crímenes sexuales en el marco del conflicto, a septiembre
de 2010 “sólo habían concluido cinco de los casos, con fallos de
culpabilidad en cuatro”, destaca el informe.
No obstante, en
“estos cuatro casos todos los autores eran civiles” y en “el único
proceso relacionado con el conflicto que se ha resuelto, el acusado, un
paramilitar, fue absuelto”, agrega AI.
Esta organización no
gubernamental reveló que de los 183 casos de violencia sexual que la
Corte Constitucional ordenó investigar “los grupos guerrilleros fueron
autores del 8,5 %, las fuerzas de seguridad del 19,4 % y los
paramilitares del 45,8 %”.
Los “grupos armados ilegales no
identificados al parecer cometieron el 4,5 % de esos crímenes, los
delincuentes comunes el 4 % y un familiar (de la víctima) el 1,5 %,
mientras que en un 16,4 % no se pudo determinar el grupo al que
pertenecía el autor”.
El estudio detalla que en 2010 el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 20.142 exámenes
de posibles casos de violencia sexual, pero sólo 109 de ellos “tenían
relación, aparentemente, con el conflicto”.
Del gran total de los
exámenes, las mujeres y niñas representaban el 84 % de los casos “y más
del 85 % (17.318) fueron de menores de 18 años”.
La ONG considera
que “dada la probabilidad de que el número de denuncias sea muy inferior
al de casos reales, la cifra de éstos (crímenes sexuales) es, sin duda,
considerablemente superior”.
Según, la directora de Programa
Regional para América de AI, Susan Lee, si bien desde que Juan Manuel
Santos tomó posesión como presidente, en agosto de 2010, su Gobierno “ha
prometido abordar la crisis de los derechos humanos”, aún no han “visto
mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la Justicia a los
responsables de abusos, incluidos los de violencia sexual”.
Las
autoridades colombianas “no han abordado efectivamente la ausencia de
justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual”,
afirma el documento.
Asimismo, advierte de que hay “pruebas
fehacientes” de que el número de combatientes paramilitares “está
aumentando”, “los grupos se están volviendo más violentos” y “están
atravesando un proceso de fusión” en el que los grandes “absorben a los
más pequeños”.
De acuerdo con AI, en los últimos tres años, los
grupos paramilitares “han aumentado su presencia en todo el país” y
“cuentan en la actualidad con alrededor de 7.000 combatientes y una red
de apoyo de entre 8.200 y 14.500 personas”.
En su informe de 65
páginas, que incluye numerosos testimonios, algunos aterradores, de
víctimas de violencia sexual, AI reclama a las autoridades una
estrategia global, en consulta con organizaciones locales, para
garantizar la prevención, investigación y enjuiciamiento de la violencia
contra la mujer en Colombia.
Asimismo, insta a “adoptar medidas
contundentes para asegurar que los responsables de crímenes de violencia
sexual, muchos de los cuales son crímenes de guerra o crímenes de lesa
humanidad, comparezcan ante la justicia”.
Si las autoridades
colombianas siguen absteniéndose, advirtió finalmente AI, “podría
intervenir la Corte Penal Internacional” (CPI).
.jpg)
