La ex agente de inteligencia del ejército de EE.UU. Adrienne Kinne posee
un valiosísimo secreto a voces, que si se revela bajo juramento, podría
llevar a la primera condena de la historia de soldados estadounidenses
por crímenes de guerra.
Pero desde que contó públicamente su historia a
la periodista Amy Goodman en DemocracyNow! hace más de tres años,
se ha mostrado renuente a utilizarla en el actual procesamiento en la
Audiencia Nacional de España de tres soldados estadounidenses acusados
del asesinato del cámara español José Couso
El 13 de mayo de 2008,
Kinne relató en público por primera vez sus experiencias en la
inteligencia militar durante los preparativos de la guerra de Iraq de
2003.
Antes de los bombardeos de “conmoción y pavor” de Bagdad que
precedieron a la invasión por tierra de la coalición dirigida por
EE.UU., Kinne estuvo encargada de filtrar miles de conversaciones
satelitales registradas que emanaban de la capital iraquí.
Especialista
en traducción del árabe, Kinne comenzó a preocuparse cuando descubrió
que no estaba escuchando a terroristas y militantes iraquíes sino a
periodistas internacionales y trabajadores de ONG de habla inglesa.
Después de espiar a civiles estadounidenses, se preocupó de si estaba
violando la ley.
Sus preocupaciones aumentaron al recibir un correo
electrónico enumerando objetivos potenciales de los invasores que
incluían varias propiedades del régimen baasista, así como el Hotel
Palestine.
Durante las semanas y días anteriores había estado escuchando
a escondidas mientras los periodistas internacionales basados en ese
hotel hablaban con sus amigos y seres queridos preocupados en el
exterior, tranquilizándolos porque estaban seguros junto a 300 colegas
de los medios de varios países, incluido EE.UU.
Por lo tanto,
Kinne se dirigió a su oficial superior, John Berry, respecto a la
presencia de cientos de periodistas quienes se consideraban seguros
dentro de un potencial objetivo.
Le respondieron que “no era [su] tarea
analizar [sino] recolectar y entregar información… alguien en algún
sitio más arriba de la cadena sabría lo que estaban haciendo.”
Poco después de la invasión, efectivamente, atacaron el hotel y mataron a Couso y a un cámara ucraniano de Reuters,
Taras Protsyuk. Kinne no sabía si los soldados responsables del ataque
sabían que el hotel era un centro mediático.
Pero después de cinco años
de conocer cada vez más sobre el permanente desdén de EE.UU. por el
derecho internacional en la conducción de la guerra, y después de unirse
a Veteranos de Iraq contra la Guerra, Kinne decidió dar a conocer su
caso “porque [ella] realmente esperaba… que otra gente que sabe mucho
más decidiría hacer lo mismo por las razones correctas.
Y si al hablar
explícitamente uno puede alentar a otra gente a… hacer lo mismo, pienso
que… de eso se trata.”
Desde su entrevista con Amy Goodman, Kinne
no ha testificado ante la Audiencia Nacional española por cuenta de la
familia Couso.
Según el hermano de José, Javier Couso, ha declarado que
solo testificará ante un tribunal estadounidense; que cree que las
verdaderas partes culpables están más arriba de la cadena de comando.
Como ex soldado, ha expresado su renuencia a procesar a otros soldados
por cumplir órdenes, una renuencia posiblemente alentada por la enérgica
posición del gobierno de EE.UU. contra los denunciantes.
A pesar de
todo, el caso Couso pasará a los alegatos orales este otoño, aumentando
la importancia del caso y tal vez presionando a Adrienne Kinne para que
se presente.
¿Es un crimen la información independiente sobre una guerra?
En
España, el nombre de José Couso es bien conocido en todos los sectores
de la sociedad. Fue cámara y reportero gráfico en una gran red de
televisión, Tele5, y murió en su habitación del hotel en un
ataque de un tanque de EE.UU. durante los primeros días de la invasión
de Iraq en 2003.
Los medios noticiosos españoles –incluso los que
apoyaron la invasión– expresaron su indignación por el asesinato.
En
EE.UU., sin embargo, los medios han guardado relativo silencio sobre el
caso Couso, a pesar de sus enormes implicaciones para la justicia
internacional, y de la interferencia de la diplomacia estadounidense.
Más de ocho años después de la prematura muerte de José, su familia y
sus amigos siguen buscando justicia para lo que consideran como un caso
flagrante de asesinato premeditado por planificadores estadounidenses de
la guerra para enviar un mensaje a los periodistas: Transmitid la
versión oficial de la guerra o ya veréis.
La versión extraoficial es la
siguiente:
El 8 de abril de 2003, casi dos semanas después de la
devastación aérea de la capital iraquí y solo días después que las
fuerzas invasoras entraron en Bagdad, los canales de noticias de
televisión estaban transmitiendo una demostración espectacular de
poderío militar a millones de televidentes en todo el mundo.
La
cobertura dominante de la guerra tendía a repetir la narrativa "de las
Cruzadas" de los autores de la guerra, en la cual la Coalición de los
Dispuestos trataba de liberar a los iraquíes de un Sadam Hussein
poseedor de armas de destrucción masiva y vinculado al 11-S. Pero muchos
periodistas que cubrían la guerra no estaban convencidos de las buenas
intenciones de los invasores.
Al llegar a Bagdad, encontraron una
metrópolis animada, habitada por gente normal, gente que no estaba
interesada en propagar la tiranía, sino en vivir sus vidas.
Mientras las
llamas engullían kilómetros y kilómetros del centro urbano y de áreas
circundantes, los periodistas internacionales eran conscientes de que la
gran mayoría, cuyas vidas y casas estaban incinerando, no eran agentes
del mal, sino seres humanos.
Esos periodistas independientes
veían la guerra de un modo muy diferente al de los periodistas
empotrados que recibían blindaje corporal y protección de una comparsa
de hombres armados.
El periodista empotrado ve los objetivos
precisamente como eso: objetivos.
Cuando oye que un oficial ordena que
se abra fuego contra un edificio en el que se piensa que se encuentra el
enemigo, el periodista empotrado no tiene otra alternativa que creer al
oficial y esperar que el enemigo haya sido –en el lenguaje eufemístico
de la guerra– neutralizado.
Mientras numerosos periodistas
empotrados servían de taquígrafos militares de los invasores, y después
de los ocupantes, los periodistas independientes tenían el papel de
participantes involuntarios en la otra guerra que se libraba en Bagdad
en 2003, la guerra que costó la vida a José Couso entre otros: la guerra
contra los testigos.
Era la guerra que George W. Bush libraba cuando
advirtió amenazadoramente a todos los periodistas no empotrados que
abandonaran Bagdad y siguieran la guerra desde la Sede del Comando
Central en Qatar.
La guerra contra los testigos se ha librado con
apuestas cada vez mayores durante décadas, si no siglos, y sigue hasta
hoy tanto en las salas de tribunales en España como en las calles de
Gaza.
Asesinar al testigo
Semanas antes del
comienzo del bombardeo de Bagdad, periodistas occidentales se
establecieron en el Hotel Palestine en la ribera oriental del río Tigris
después de abandonar su anterior base en el hotel Al-Rashid al otro
lado del río.
Cuando CNN sacó a su personal del Al-Rashid, otros
periodistas comprendieron que el Pentágono lo había identificado como un
posible objetivo.
Como el equipo de CNN estaba bajo protección
estadounidense, los residentes del Al-Rashid lo siguieron al Palestine,
enviaron sus coordenadas al Pentágono, y pensaron que estaban seguros.
En
la mañana del 8 de abril, varios periodistas del Palestine se
concentraron en los balcones del hotel de 20 pisos. Desde allí filmaron
las actividades de la Compañía A (apodados “asesinos”) del 4º Batallón,
64 Regimiento Blindado, 2ª Brigada, 3ª División de Infantería del
Ejército de EE.UU.
Sus tanques pasaron la mañana en el puente
al-Jumuriya sobre el Tigris cañoneando varios edificios gubernamentales
del antiguo régimen así como posiciones militares iraquíes restantes.
A
solo 1,7 kilómetros del hotel, los equipos de filmación pudieron grabar
cada disparo de los tanques.
Desde los balcones del Palestina
también se veían dos objetivos militares menos probables: las sedes de
dos medios noticiosos árabes que se habían establecido en Bagdad para
cubrir la guerra vía satélite: Al-Jazeera y Abu Dhabi TV.
Como todas las empresas periodísticas en Bagdad cuando sucedió la invasión, Al-Jazeera había
informado meses antes de su ubicación exacta al Pentágono y había
marcado claramente el exterior de su sede para evitar toda confusión.
Los jefes del canal no querían correr ningún riesgo después de que
fuerzas de EE.UU. bombardearan su sede en Kabul a principios de la
invasión de Afganistán en 2001.
Pero la información de las coordenadas
exactas de sus oficinas en Iraq no impidió que EE.UU. atacara a Al-Jazeera
en Basora el 2 de abril. En Bagdad, el 8 de abril, un avión caza A-10
Warthog de la misma 3ª División de Infantería bajó en picada sobre el
Hotel Palestine y lanzó un misil al generador eléctrico de Al-Jazeera, matando al periodista palestino-jordano Tareq Ayyoub e hiriendo a su cámara iraquí.
Algunas
horas más tarde, en medio de una calma relativa, los equipos del
Palestine habían vuelto a enfocar sus cámaras a la división de tanques.
Habían terminado los peores combates del día, los tanques posicionados
sobre el puente.
Sin provocación, a las 11:45 de la mañana, el tanque
volvió su cañón hacia la sede de Abu-Dhabi TV, donde una cámara había grabado las actividades de los tanques durante toda la mañana desde el techo del edificio.
Las
secuencias recuperadas de la cámara de José Couso muestran que la
ametralladora del tanque disparó inequívocamente a esa cámara,
destruyéndola finalmente.
El personal de Abu Dhabi TV, que como el de Al-Jazeera
había suministrado sus coordenadas exactas al Pentágono antes de la
invasión y había marcado su sede con grandes letreros de prensa, tuvo
suerte de escapar con la vida del ataque.
Para entonces, muchos
periodistas habían abandonado el hotel después de una tensa mañana para
cubrir otras áreas de la ciudad.
Pero Couso siguió filmando, y la cámara
de Taras Protsyuk siguió enviando imágenes en vivo a Reuters.
Quince minutos después de atacar Abu Dhabi TV,
el tanque en el puente apuntó al Hotel Palestine, elevó su mira al 15º
piso y disparó un solo obús antipersonal.
Taras, en el balcón del 15º
piso, murió instantáneamente. José, un piso más abajo, fue llevado al
hospital, con su pierna destrozada y su estómago sangrando.
A pesar de
una exitosa amputación de la pierna y de varias horas de cirugía por más
de una docena de doctores iraquíes, murió por la pérdida de sangre.
Todo el episodio fue grabado en film.
Los tres objetivos
mediáticos atacados ese día eran los únicos equipos de periodistas no
empotrados que transmitían imágenes no filtradas de la guerra en vivo
vía satélite.
Al-Jazeera era desde hacía tiempo objetivo del
escarnio del gobierno de Bush, ya que altos funcionarios acusaron a la
red de colusión directa con bin Laden y Sadam por transmitir imágenes
ofensivas de víctimas civiles y rehenes estadounidenses.
Por cierto,
EE.UU. siguió bombardeando instalaciones de Al-Jazeera durante la
guerra, tratando de impedir que transmitiera.
Y por si el mensaje que
EE.UU. trataba de enviar a los periodistas independientes no fuera
suficientemente claro, la coalición dirigida por EE.UU. lanzó
posteriormente su propio canal satelital en lengua árabe, Al-Hurrah, “El libre”.
Las historias oficiales
La
primera historia oficial, presentada solo una hora después del ataque,
afirmó que los francotiradores estaban operando desde el hotel.
Cuarenta
minutos después, el comandante de la 3ª División de Infantería, general
Buford Blant, dijo que el tanque “estaba recibiendo fuego de armas
portátiles y de granadas impulsadas por cohetes desde el hotel y que
atacó el objetivo con un disparo.
Después de eso, no hubo más tiros.
”
Dos horas y media después, el portavoz del Pentágono Brian Whitman
admitió el conocimiento previo por parte del Pentágono de la presencia
de periodistas en el hotel, pero afirmó que el tanque había recibido
fuego de cohetes desde el hotel.
Contradiciendo a Whitman, el
portavoz de CENTCOM, general Brooks, dijo en una conferencia de prensa
el día siguiente que los militares “no conocían todos los sitios donde
operaban los periodistas en el campo de batalla. Solo lo sabíamos de los
periodistas que operaban con nosotros”.
En otras palabras, los
periodistas no empotrados eran caza legal.
Cuando las noticias de
la reacción llegaron a los testigos presenciales del ataque –los
periodistas que estaban en el hotel– analizaron minuciosamente la
historia oficial: ni un solo disparo había sido salido desde algún sitio
a alcance del oído del Palestine, para no hablar del sitio mismo donde
docenas de periodistas observaban la acción en la calle.
Por lo
tanto, al día siguiente, el capitán Philip Wolford, comandante del
tanque que ordenó disparar al hotel, dijo a un periodista que pensó que
había un observador de tiro iraquí en el techo del hotel, informando a
los combatientes enemigos de la posición del tanque.
La historia fue
repetida por el hombre que disparó, teniente Shawn Gibson, quien dijo
que vio a un hombre con binoculares a través de la mira del tanque.
Destacó que el “observador” no tenía una cámara de televisión y también
señaló que esperó diez minutos hasta recibir aprobación final para
proceder a disparar.
Durante ese tiempo, el oficial comandante de
Wolford, teniente coronel Philip DeCamp, aparentemente nunca fue
consultado sobre sí disparar o no al hotel.
Todas esas
explicaciones oficiales se pueden rastrear en el informe de 2004 de
Reporteros sin Fronteras (RSF) titulado “Dos asesinatos y una mentira”.
Según la familia Couso, ese informe, que concluye que “no fue… un ataque
deliberado contra periodistas o los medios”, es ilegítimo por una serie
de motivos.
Primero, se basa fuertemente en la declaración del
periodista empotrado Chris Tomlinson, un antiguo oficial de inteligencia
del ejército.
Segundo, cuando la familia solicitó que el informe no se
presentara como evidencia en el caso (y no menciona, después de todo,
los ataques contra Al-Jazeera y Abu Dhabi TV), Robert
Ménard, jefe de RSF, insistió en su inclusión.
Y finalmente, un cable de
la embajada de EE.UU. de febrero de 2008 cita a un representante de RSF
que insultó los esfuerzos del juez Pedraz por mantener el caso abierto.
A pesar de las conclusiones del informe, las explicaciones de
los soldados contienen tres problemas importantes: el obús se disparó
contra cinco pisos por debajo del tejado del hotel; segundo, no se
necesita a un observador a 1,7 kilómetros de distancia en un edificio
elevado para ver un tanque en medio de un puente; y Protsyuk, quien fue
alcanzado por el impacto directo del obús, tenía una cámara de
televisión, que era la única cámara de televisión en todo el hotel que
estaba transmitiendo vía satélite en tiempo real.
Además,
expertos ópticos enviados tanto por el equipo legal de la familia Couso
como por el juez a cargo del caso, concuerdan en que una persona mirando
a través de la mira del tanque, equipada para ver detalles a hasta
cuatro kilómetros, podría incluso distinguir el color de los ojos de los
que estaban en el balcón desde el puente, por lo cual no se podía
confundir a un cámara ucraniano con una fedayín con binoculares.
Los
soldados fueron atrapados en una mentira.
Las autoridades de
EE.UU. en Washington hicieron caso omiso de los detalles.
El antiguo
secretario de Estado Colin Powell envió una carta al ministro de
Exteriores español diciendo que el disparo que mató a Couso y Protsyuk
se hizo en respuesta proporcionada a “fuego hostil” proveniente del
centro periodístico.
Dick Cheney dijo a los reporteros “hay que ser
idiota para creer que [soldados estadounidenses] dispararían
deliberadamente a los periodistas”.
Y el comandante en jefe Bush
respondió con su acostumbrada manera lacónica: “la guerra es un sitio
peligroso”.
Pero los colegas de Couso y Protsyuk, que habían
estado saludando a los soldados estadounidenses desde sus balcones en el
hotel el día antes del cañoneo sabían que ni un solo tiro se disparó
desde el hotel, se negaron a permitir que EE.UU. se saliera con la suya
matando a dos de los suyos.
Los periodistas protestaron en el Parlamento
español pidiendo una acción diplomática para exigir justicia para un
ciudadano español muerto sin motivo.
Manifestaciones masivas frente a la
embajada de EE.UU. en Madrid sacaron a miles de personas a las calles.
Y
una familia destrozada, con su propia historia de servicio militar,
convirtió su dolor en justa indignación, suficientemente feroz como para
avivar la lucha por la justicia, contra todos los obstáculos.
Un caso de independencia judicial
Después
de que las autoridades españolas rechazaron las solicitudes iniciales
de la familia Couso pidiendo una investigación independiente de los
eventos del 8 de abril –en lugar de otorgar el beneficio de la duda a la
investigación interna de los militares de EE.UU-, la familia decidió,
en consulta con la abogada de derechos humanos Pilar Hermoso, presentar
un caso legal a la Audiencia Nacional española contra los tres soldados
directamente responsables de la muerte de José Couso: Wolford, Gibson y
DeCamp.
Desde que el juez español Baltasar Garzón ordenó el
arresto del dictador chileno respaldado por EE.UU. Augusto Pinochet, por
acusaciones de asesinato, citando la doctrina de “jurisdicción
universal”, la nación ibérica se ha hecho famosa por su sistema judicial
intensamente independiente y tenaz.
Pero en cuanto el gobierno de Bush
supo que un juez español trataba de imponer su jurisdicción sobre tres
soldados estadounidenses, sus diplomáticos comenzaron a presionar al
gobierno español para que controlara al aparato judicial.
Dirigido
entonces por el derechista Partido Popular (PP) bajo el presidente José
María Aznar, el gobierno español se mostró ansioso de cooperar con
EE.UU. en la llamada guerra contra el terror, enviando tropas a
Afganistán e Iraq a pesar de la masiva oposición pública.
En su lugar,
Aznar participó en la planificación de la guerra de Iraq en las islas
Azores de Portugal con Bush y Tony Blair, en abierto rechazo a un
protocolo de la ONU.
Por lo tanto, meses después de la presentación del
caso, la oficina del fiscal (ocupada por designados políticos del
partido gobernante) lo hizo archivar por fallas de procedimiento.
A
pesar de todo, con el respaldo de un importante movimiento social y el
apoyo del juez Santiago Pedraz (parte del aparato judicial
independiente), el equipo legal de la familia pasó los últimos meses de
2003 recolectando testimonios de testigos presenciales en apoyo del
caso.
Y sus esperanzas aumentaron aún más cuando el Partido Socialista
(PSOE), cuyos candidatos habían expresado su apoyo al caso Couso durante
la campaña electoral, tomó el control del gobierno en 2004.
Lo
que sucedió con el caso en los años siguientes –lo sabemos gracias a una
serie de cables de la embajada de EE.UU. publicados por WikiLeaks–
revela el grado alarmante en el que los funcionarios estadounidenses
trataron de debilitar la soberanía española, y el grado aún más
alarmante en el que los funcionarios españoles cedieron a sus demandas.
Según WikiLeaks:
Un
cable de 21 de octubre de 2005, detalla la carrera de altos
funcionarios (PSOE) a la embajada de EE.UU. –Fiscal General Cándido
Conde-Pumpido, Ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar,
Ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, y la Vicepresidenta María
Teresa Fernández de la Vega– después que el juez Pedraz emitió mandatos
de arresto y extradición de los tres soldados el 19 de octubre.
Aseguraron al embajador que a pesar de las expresiones públicas de
respeto por el proceso judicial, harían todo lo posible por acabar con
el caso.
En marzo de 2006, la oficina del fiscal general logró
archivar de nuevo el caso, esta vez afirmando falta de jurisdicción.
Un
cable del 22 de marzo escrito por el embajador Eduardo Aguirre subraya
la receptividad de la Vicepresidenta de la Vega a las demandas del
gobierno de Bush, señalando que “estamos bien servidos al fortalecer
nuestro nivel de comunicación con ella”.
Pero el aparato judicial se
negó a ceder a las maniobras políticas. En diciembre de 2006, el
Tribunal Supremo dictaminó que Pedraz tenía ciertamente jurisdicción en
el caso y efectivamente lo reabrió.
Este dictamen no disuadió a
la embajada de EE.UU. o a sus amigos del gobierno español. Después de
definir estrategias con personal de la embajada, el fiscal jefe de la
Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, volvió a ordenar que el gobierno
abandonara las acusaciones.
Dos años después, en 2009, el caso se
reabrió duranter un breve período de 2 meses después de la aparición de
una nueva evidencia en su apoyo, ¡incluida la entrevista de Adrienne
Kinne con DemocracyNow!
En lugar de tratar de confirmar el
testimonio de Kinne y citarla como testigo, los fiscales del gobierno se
negaron a reconocer siquiera la existencia de Kinne.
No
obstante, a pesar de todo el control que ejerció sobre el politizado
ministerio de Justicia, la embajada de EE.UU. no pudo domar al Tribunal
Supremo, que volvió a reabrir el caso en julio de 2010.
Después de
someter una conclusión provisional al tribunal y de emitir otro mandato
de arresto internacional para los soldados acusados, el juez Pedraz
recibió autorización del gobierno para viajar a Bagdad con un equipo de
expertos nombrados por el tribunal a fin de corroborar la evidencia
sometida por la familia Couso.
En un último esfuerzo por obstruir a la
justicia, el gobierno se negó a garantizar su seguridad.
Eso no pareció
molestar demasiado al juez, ni le disuadió el acoso de unidades armadas
estadounidenses-iraquíes que trataron de impedir que accediera a
diversos puntos de interés.
Al volver, el juez presentó un
informe de investigación basado en las conclusiones del viaje al
ministerio de Justicia y a la oficina del fiscal a principios de 2011.
Mientras se procesa esa evidencia, la familia Couso se queda a la espera
de que el tribunal avance el caso al argumento oral durante este otoño.
Mientras tanto continúa su lucha para lograr el testimonio de Adrienne
Kinne. Si se niega, la familia planifica llevar a Amy Goodman a España a
fin de que confirme ante el tribunal que la entrevista con Kinne en
2008 tuvo lugar efectivamente.
Denunciantes bajo presión
La
renuencia de Kinne a testificar no es de ninguna manera equivocada.
Por
una parte trabaja actualmente como psicóloga militar en el Departamento
de Asuntos de Veteranos donde interactúa a diario con soldados
responsables de la muerte de civiles inocentes.
Por otra parte tiene
todos los motivos del mundo para temer una retribución del gobierno por
su posible valentía.
Desde que llegó al poder, el gobierno de
Obama no ha hecho caso a denunciantes del gobierno, a los que el
presidente elogió durante su campaña por sus “actos de coraje y
patriotismo, que a veces pueden salvar vidas, [que] deberían ser
alentados en vez de silenciados”.
Su gobierno ha acusado hasta ahora a
cinco ex empleados gubernamentales bajo la Ley de Espionaje de 1917, más
que cualquier presidente anterior, y defendió abiertamente las duras
condiciones en las que se encuentra el presunto denunciante Bradley
Manning en la base de los marines en Quantico, Virginia.
El
movimiento ciudadano de apoyo a Manning que ha movilizado a miles de
personas a las calles –muchas de ellas arriesgandose a que las
arrestasen– no debe esperar hasta que los denunciantes potenciales sean
víctimas de la represión gubernamental antes de salir en su defensa.
A
pesar de la violenta retórica de eruditos y políticos derechistas, los
valerosos hombres y mujeres dispuestos a decir la verdad sobre el
ejercicio del poder de EE.UU. podrían ser la mayor esperanza de los
defensores de la justicia internacional.
Los documentos filtrados
dan una amplia idea de la política exterior frecuentemente ilegal de
EE.UU., pero solo un testimonio humano detallado puede llenar los vacíos
para presentar toda la verdad.
Los tribunales internacionales exigen
toda la verdad, y es lo que deberían hacer los que buscan la justicia
global. Una victoria en el caso Couso establecería un importante
precedente en el esfuerzo por someter a los militares al vigor de la
ley, y la solidaridad con los denunciantes puede ayudar a lograr esa
victoria.
V. Noah Gimbel es colaborador de Foreign Policy in Focus y escribe desde España. Para contactos escribe a: noah.gimbel@gmail.com
