Vienen a Estados Unidos buscando amigos, una buena
experiencia de trabajo, cultura y viajes.
Lo que encuentran, en cambio,
son jornadas extenuantes, hacinamiento y deudas.
El programa, regulado
por el Departamento de Estado, se llama Trabajar y Viajar, una promesa
que. en muchos casos, no se cumple.
Yana, de 19 años, se describe a sí misma como una mujer “fornida”.
Lo
es, después de más de tres meses levantando cajas de 23 kilos en la
fábrica Hersheys en Pennsylvania, donde fue destinada, como parte del
programa.
Ahora su único sueño es que septiembre llegue pronto. Será entonces
cuando pueda volver a su país, Ucrania. “Vine acá a trabajar, a conocer a
los estadounidenses, viajar.
Pero solo me he dedicado a levantar cajas
en turnos de noche”.
“Estamos de pie todo el tiempo. Cuando nos quejamos, nos dicen que
nos mandarán de regreso y que nunca más podremos volver a Estados
Unidos”, cuenta.
El programa Trabajar y Viajar es administrado por el Departamento de
Estado, y fue creado con base en las provisiones de la ley de
intercambio cultural y estudiantil de 1961.
Para participar, los jóvenes
deben estar inscritos en una institución de educación superior en sus
respectivos países y haber completado al menos un semestre de estudios.
A cambio, el Departamento de Estado otorga visas J-1 de empleo
temporal, que les permiten permanecer en el país durante cuatro meses.
A
su vez, empresas privadas, llamados “auspiciadores” u “operadores”, se
hacen cargo de sus trámites de solicitud y se preocupan de conseguirles
empleos, darles transporte y vivienda.
Para ello, los jóvenes pagan
sumas de entre 3 mil y 6 mil dólares, dependiendo de sus destinos.
Tan solo el año pasado, el Departamento de Estado emitió 120 mil J-1,
derivadas del programa Trabajar y Viajar. Una experiencia satisfactoria
para muchos que cuentan con entusiasmo lo bien que lo pasaron en EEUU.
Es una realidad diferente para los más de 200 jóvenes que, junto a
Yana, protestaron esta semana frente a Hersheys, reclamando dignidad y
justicia.
Una prueba concreta de que el sistema se administra con
defectos importantes, donde al final el destino de los estudiantes
depende de tener un patrocinador bueno o inescrupuloso.
“Realmente nos han explotado.
Nosotros sabíamos que íbamos a
trabajar, pero yo vine con la expectativa de ganar un poco de dinero.
Me
endeudé para pagar esto.
Pero nos cobran costos tan altos por vivienda y
transporte, que terminas con150 dólares, en lugar de los 500 a la
semana que te prometieron”, dice Tony, de 27 años, de Ghana, y quien
vive con cinco jóvenes más en una habitación, por la que cada uno paga
395 dólares.
El operador de Tony y Yana es CETUSA (Council for Education and
Travel). Rick Anaya, director ejecutivo de la compañía, asegura que “se
han reunido con los estudiantes para enfrentar los problemas que han
reportado.
Si los jóvenes no están teniendo una experiencia cultural
significativa, trataremos de trabajar con ellos para ver qué podemos
hacer, en el tiempo limitado que les queda de sus visitas”.
Daniel Castellanos, vocero de National Workers Alliance, quien
acompañó a los jóvenes en la protesta, insistió en que los problemas con
CETUSA son la punta del iceberg y que desde hace al menos 10 años, se
vienen arrastrando quejas en el marco del programa Trabajar y Estudiar.
“Ellos son los primeros en sacar la voz, en hacerlo público, pero esto viene de mucho antes”, insiste.
Un reporte elaborado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental
(GAO) en 2006 criticó la falta de supervisión del programa. “En contadas
ocasiones se realizan visitas a los operadores o a los sitios de
empleo, para asegurarse que se están cumpliendo con las condiciones
acordadas o para investigar quejas”, dice el documento.
DE VIDA O MUERTE
Un empleo justo y condiciones de pago adecuadas, no son las únicas
áreas donde el programa ha fallado. La seguridad es otra.
El caso
emblemático de los jóvenes chilenos que murieron en Pensacola, Florida,
baleados en 2009, también estuvo bajo la esfera de Trabajar y Estudiar.
Los auspiciadores, en este caso, eran Alliance Abroad, CCI y Cultural
Homestays International.
La noche del 26 de febrero, Roy Baker, un ciudadano estadounidense
que vivía en el mismo condominio que los estudiantes, disparó con su
escopeta, asesinando a dos personas e hiriendo a tres.
El seguro médico contratado por los operadores en Chile tenía
cobertura limitada y, de hecho, los jóvenes heridos, uno en el brazo,
otro en la mano y uno más en la cabeza, tuvieron que acudir a la ayuda
de un fondo de compensación de víctimas, establecido por el gobierno
estadounidense, que luego agotó sus recursos.
“Fue un caso impactante. Les tocó un demente que disparó a mansalva.
Hubo que generar una red de apoyo tremenda para gestionar todo lo que
vino después del incidente.
Sobrepasó al sistema en muchos aspectos”,
asegura en cónsul adjunto de Chile en Miami, Víctor Abujaturn.
“Creo que el drama de Pensacola debería llevar a reflexionar a los
padres, respecto a si tiene sentido alentar a los hijos a aventuras que
pueden tener trágicas consecuencias, y que en este caso revelaron la
precariedad del programa.
También habría que pensar en la regulación y
fiscalización, para evitar que los estudiantes terminen casi trabajando
como ilegales o haciendo labores peligrosas”, agrega.
Tan solo ese año, otros 4,700 chilenos habían recibido visas al alero de Trabajar y Estudiar.
En enero de 2011, el consulado de Chile en Miami registró la última
queja, emitida por Alan Ordenes (22), quien fue auspiciado por
Geovisions.
En su experiencia, la compañía había llevado a Miami a 18 estudiantes
de Chile y Perú, para emplearlos llevando a gente en triciclo, dentro
de ferias y eventos.
De ellos, dos volvieron a sus países, algunos se
fueron a San Diego y otros se quedaron en Miami.
Una situación usual,
considerando que el operador normalmente realiza cambios a los trabajos y
destinos, cuando los estudiantes llegan a Estados Unidos.
De acuerdo con el testimonio entregado por Ordenes al consulado en
Miami, vivió en un departamento pequeño con nueve personas.
Luego de
reclamar lo mudaron a otro lugar con tres estudiantes más.
“No había
muebles. Hemos dormido en colchones inflables.
No teníamos microondas,
ni camas. El refrigerador no funcionaba y una de las tuberías estaba
rota”, describió.
Otros consulados de embajadas latinoamericanas, como el de Argentina,
por ejemplo, también han tenido reclamos. El más reciente, reportado en
el consulado de Chicago.
“En la jurisdicción de Washington DC no han
llegado casos, pero sí en otras. Los jóvenes en general arriban a
estados y zonas aisladas de los grandes centros urbanos, donde están
relativamente desconectados”, dice Jorge López, cónsul de argentina en
la capital del país.
Consultados por La Opinión, consulados de países como El Salvador y México, no registraron quejas.
MAYOR CONTROL
Sindicatos como AFL-CIO han levantado la voz para que exista una
mejor protección de los estudiantes que vienen en el marco de este
programa. “Hay cosas buenas de la visa J-1.
Creemos que existe un valor
en tener un intercambio cultural”, asegura Ana Avendaño, asistente del
presidente y directora de Inmigración y Acción Comunitaria de AFL-CIO.
“El problema es que cuando los jóvenes afrontan dificultades o son
explotados, todo el mundo en la cadena de responsabilidad se lava las
manos.
La ironía acá es que el Departamento de Estado tiene buenas
regulaciones para los auspiciadores, pero no suficiente control para que
se cumplan”, agrega.
Por su parte, el Departamento de Estado defendió el programa y
aseguró que en la actualidad se han tomado varias iniciativas para
mejorar la supervisión de los operadores.
“Hemos establecido procedimientos de monitoreo y vigilancia e
incrementado el tamaño del personal a cargo de cumplimiento.
Tenemos un
nuevo programa de regulaciones que incluye el rastreo de los reclamos y
revisiones en terreno de los auspiciadores, para que se ajusten al
estándar”, comenta John Fleming, vocero del Departamento de Estado.
“Este otoño conduciremos una serie de chequeos en terreno.
También
estamos trabajando con el Buró de Asuntos Consulares para identificar
actividades fraudulentas”, dice.
Consultado por el número de personas encargadas de supervisión y de
cuántas inspecciones se planean realizar, el vocero no respondió a las
preguntas de La Opinión.
Hasta ahora, cinco organizaciones han sido
sancionadas con violaciones regulatorias y 10 están bajo investigación.
