Un juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco anuncia hoy el procesamiento de 20 militares bajo las acusaciones de asesinatos terroristas y lesa humanidad por el asesinato de seis jesuitas (cinco de ellos, españoles) y dos mujeres en El Salvador el 16 de noviembre de 1989.
El juez ha decretado además la busca y captura internacional de los 20 procesados y su prisión provisional sin fianza.
Entre los procesados figuran los generales Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo y René Emilio Ponce, y los coroneles Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y Óscar Alberto León Linares.
También ha sido acusado el comandante Carlos Camilo Hernández Barahona.
Asimismo, el juez ha procesado a los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, los cabos Ángel Pérez Vasquez y Oscar Mariano Amaya y el soldado José Alberto Sierra Ascensio.
El magistrado español enmarcó los hechos en la “polarización” que existía en esa época en El Salvador entre la extrema derecha y la guerrilla salvadoreña, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Indicó, igualmente, que los jesuitas “habían asumido el liderazgo de presionar para que las negociaciones (de paz) se llevasen a cabo”.
El juez explicó en el auto de procesamiento que un grupo de oficiales de elite, denominado “la Tandona”, adoptó la decisión de asesinar a los jesuitas.
Velasco recordó que en 1991 se celebró un proceso judicial en El Salvador contra varios militares, que calificó de “defectuoso” al acabar “con dos condenas forzadas, para Benavides y Mendoza, que quedaron en libertad en 1992 tras la aprobación de una Ley de Amnistía, y la absolución de incluso asesinos confesos”.
El magistrado admitió en enero de 2009 la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), para investigar a 14 militares por su presunta implicación en el asesinato de los jesuitas, aunque en su auto de hoy eleva a 20 los procesados.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez recordó que existe un convenio de extradición entre ambos países que data de hace varios años y no descartó que las autoridades españolas invoquen ese acuerdo.
“Nuestra función es únicamente canalizar esa solicitud”, insistió Martínez, quien aseguró que su país es defensor del principio de autodeterminación y no injerencia en los asuntos internos de otros.
El jefe de la diplomacia salvadoreña recordó que existe un convenio de extradición entre ambos países que data de hace varios años y no descartó que las autoridades españolas invoquen ese acuerdo.
“Nuestra función es únicamente canalizar esa solicitud”, insistió Martínez, quien aseguró que su país es defensor del principio de autodeterminación y no injerencia en los asuntos internos de otros.
Los hechos que han dado origen al procesamiento ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría, los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como al salvadoreño Joaquín López y López.
Además, fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
Entre los procesados figuran los generales Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo y René Emilio Ponce, y los coroneles Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y Óscar Alberto León Linares.
También ha sido acusado el comandante Carlos Camilo Hernández Barahona.
Asimismo, el juez ha procesado a los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, los cabos Ángel Pérez Vasquez y Oscar Mariano Amaya y el soldado José Alberto Sierra Ascensio.
El magistrado español enmarcó los hechos en la “polarización” que existía en esa época en El Salvador entre la extrema derecha y la guerrilla salvadoreña, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Indicó, igualmente, que los jesuitas “habían asumido el liderazgo de presionar para que las negociaciones (de paz) se llevasen a cabo”.
El juez explicó en el auto de procesamiento que un grupo de oficiales de elite, denominado “la Tandona”, adoptó la decisión de asesinar a los jesuitas.
Velasco recordó que en 1991 se celebró un proceso judicial en El Salvador contra varios militares, que calificó de “defectuoso” al acabar “con dos condenas forzadas, para Benavides y Mendoza, que quedaron en libertad en 1992 tras la aprobación de una Ley de Amnistía, y la absolución de incluso asesinos confesos”.
El magistrado admitió en enero de 2009 la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), para investigar a 14 militares por su presunta implicación en el asesinato de los jesuitas, aunque en su auto de hoy eleva a 20 los procesados.
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