Más de 4,000 colombianos entablaron una demanda contra la compañía bananera Chiquita Brands International en Estados Unidos, alegando que, con sus pagos, la compañía financió a los grupos paramilitares de extrema derecha que mataron a sus familiares, reporta AP.
Los demandantes sostienen que los pagos significaron en realidad un financiamiento ilegal a los terroristas. Las familias de las víctimas, que presentaron la demanda, dijeron que los muertos eran civiles en su mayoría.
Cada nombre en la lista está junto a un número y el documento en total es grueso.
Son madres, padres, cónyuges, hermanas y hermanos de miles de colombianos que murieron o desaparecieron durante el sangriento conflicto civil entre guerrillas izquierdistas y grupos paramilitares de derecha.
Chiquita, con unos 21.000 empleados en seis continentes, es conocida por ser el mayor comercializador de bananas en Estados Unidos, pero también vende muchos otros productos y aperitivos a base de frutas.
La bananera, con sede corporativa en Cincinnati, se declaró culpable en 2007 de acusaciones similares presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y pagó una multa de 25 millones de dólares, pero si esta nueva querella tiene éxito, los abogados de las familias creen que los demandantes podrían recibir miles de millones de dólares en indemnización.
Los casos presentados en todo Estados Unidos están siendo procesados por un solo juez federal en el sur de la Florida, quien deberá decidir si desestima el caso o lo admite.
“Una empresa que le paga a una organización terrorista que mata a miles de personas debe recibir la pena capital de la responsabilidad civil y ser expulsada de los negocios por daños punitivos”, dijo el abogado Terry Collingsworth, quien presentó una de las primeras demandas en nombre de los colombianos.
Chiquita alega que el juez debería desestimar la demanda porque los grupos paramilitares –autores de la mayoría de las muertes civiles en la guerra sucia de Colombia– chantajearon a la bananera para que hiciera los pagos.
El portavoz de la compañía, Ed Loyd, dijo que los trabajadores de Chiquita en Colombia eran amenazados con represalias violentas si no pagaba.
Las demandas podrían recibir cierto impulso por la reciente difusión de unas 5.500 páginas de documentos internos de Chiquita que fueron sometidos durante la investigación del Departamento de Justicia.
Los documentos detallan cómo se escondían los pagos mediante maniobras de contabilidad y parecen arrojar luz sobre la participación política y del gobierno colombiano con el grupo paramilitar.
También parecen mostrar que hubo un debate entre los ejecutivos de Chiquita sobre si los pagos eran apropiados.
En una nota manuscrita de 1997, un ejecutivo de Chiquita dijo que esos pagos eran el “costo de hacer negocios en Colombia”.
“Es necesario mantener esto muy confidencial. Hay gente que puede morir”, escribió.
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