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En Honduras se ha asomado la cara más impúdica del golpismo latinoamericano.
Han seguido el manual del “perfecto gorila latinoamericano” con obsesión académica: secuestro del presidente y de las instituciones democráticas, represión de los movimientos sociales, asesinato de opositores y desvergüenza, mucha desvergüenza.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Jorge Rivera, decretó la inocencia de la cúpula militar hondureña de la acusación de haber expulsado al derrocado presidente Manuel Zelaya a Costa Rica.
La decisión fue adoptada por el juez supremo respecto al cargo presentado por la Fiscalía hondureña, que había pedido la destitución de los generales hondureños y su encarcelamiento por haber expatriado a Zelaya el 28 de junio de 2009, cuando ocurrió el golpe de Estado.
Rivera fue seleccionado por los restantes 14 magistrados del pleno de la Corte para que actuara como juez natural en el caso, tras la acusación de los fiscales para enjuiciar al máximo jefe militar, general Romeo Vásquez Velásquez, y los restantes jefes de las armas aérea, naval y del ejército de tierra.
En su justificación para dar “sobreseimiento (inocencia)” a los militares, el juez Rivera escribió en la sentencia que existían una “situación de real peligro en Honduras” y la amenaza de un “derrumbe institucional del Estado” a causa de la tensión ocurrente.
Según el juez Rivera, los militares “no tuvieron intención deliberada de crear perjuicio” al derrocado Zelaya e indicó que los militares aceptaron en el juicio que realizaron la expulsión de Zelaya, pero lo hicieron debido al “gran peligro” que había en la nación.
