A Agustín «el Gringo» Tosco (Coronel Moldes, Córdoba; 22 de mayo de 1930-Buenos Aires, 5 de noviembre de 1975) dirigente sindical argentino del gremio de Luz y Fuerza, miembro de la CGT de los Argentinos y uno de los principales actores del Cordobazo
La crisis del banco paraguayo
también golpea a sus empresas vinculadas en Argentina. Cerca de 1000 trabajadores recibieron notificaciones de suspensión por 30 días sin goce de haberes y todavía no cobraron los salarios de octubre. “Todo el mes trabajado no lo cobramos. Obviamente, indemnización ni hablar”, denunció una empleada de la empresa asociada ITTI.
también golpea a sus empresas vinculadas en Argentina. Cerca de 1000 trabajadores recibieron notificaciones de suspensión por 30 días sin goce de haberes y todavía no cobraron los salarios de octubre. “Todo el mes trabajado no lo cobramos. Obviamente, indemnización ni hablar”, denunció una empleada de la empresa asociada ITTI.
También continúan los despidos en GPS-AA y FATE. Y se suman nuevos en Papelera del Sur, Pauny, Gentec Plantium, IOSFA e INTA.
“Trabajamos en una consultora que ofrecía soporte tecnológico al banco Ueno. Nosotros como empleados no tenemos más conocimiento que el de las noticias, nos enteramos por las noticias y por compañeros de Paraguay”, contó Facundo en diálogo con el móvil de C5N.
El jueves 5 de noviembre, los trabajadores recibieron las notificaciones que confirmaron la suspensión de sus actividades.
“Hoy recibimos la suspensión por 30 días, a partir de hoy y hasta el 4 de diciembre, sin goce de haberes. Entre hoy y mañana nos tendrían que pagar el sueldo correspondiente a octubre y no tenemos novedades”, explicó Facundo. Su testimonio refleja la situación de cientos de empleados que, de un día para otro, quedaron sin certezas sobre sus ingresos y su continuidad laboral.
Se trata de alrededor de 930 trabajadores. La empresa envió dos tipos de comunicaciones: a una parte del personal le notificó la suspensión por un mes sin pago de salarios, mientras que a otro grupo le informó que debía continuar trabajando y permanecer a disposición de la compañía.
La medida se extiende hasta el 4 de diciembre y llega después de que comenzaran a conocerse las dificultades financieras de Ueno Bank en Paraguay. La empresa atribuyó la situación a la intervención de la entidad bancaria y a las restricciones financieras que, según su comunicación, afectaron sus mecanismos habituales de financiamiento y el funcionamiento de sus actividades.
Pero para los trabajadores el problema ya es concreto: no cobraron octubre y tampoco saben cuándo van a cobrar noviembre. En los correos enviados al personal, la compañía reconoció que realizaba gestiones para conseguir los recursos económicos necesarios para afrontar los salarios adeudados, aunque sin establecer una fecha precisa para regularizar los pagos.
En diálogo con LN+, una trabajadora señaló: «En agosto ya habían desvinculado a 200 personas, habían dicho que esa iba a ser la última desvinculación masiva en el grupo. Estamos pidiendo que nos paguen lo que nos corresponde, la empresa dice que no tiene plata para pagarnos. La jefa de Recursos Humanos en Argentina no da la cara, la directora de Recursos Humanos de Paraguay de todo el grupo Vázquez está presa.
El apoderado de Argentina, Miguel Almada, está preso también. No tenemos claridad de nuestra situación laboral, ni siquiera podemos buscar trabajo porque no estamos desvinculados».
“Legalmente estamos perdidos”
Pero, ¿qué pasó con Ueno Bank en Paraguay? La crisis que desencadenó las suspensiones comenzó el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank e inició un procedimiento de resolución que implicó el cierre de sus operaciones.
La decisión llegó después de que el organismo detectara que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la ley.
En la práctica, quedaron suspendidos todos sus servicios: los clientes no pudieron operar con la aplicación, las tarjetas ni los cajeros automáticos.
El impacto alcanzó a cerca de tres millones de usuarios, alrededor del 60% de la población adulta paraguaya, y también a fondos públicos por unos 850 millones de dólares, entre ellos inversiones del Instituto de Previsión Social, responsable de las jubilaciones y prestaciones de salud.
Pero detrás de la caída también aparecieron cuestionamientos sobre el funcionamiento del grupo empresario. Una investigación del Banco Central detectó préstamos otorgados a compañías vinculadas al Grupo Vázquez, propietario de Ueno, que habrían contribuido al deterioro de la situación financiera de la entidad. La Fiscalía paraguaya abrió una causa penal contra directivos y otras personas vinculadas a esas operaciones, mientras varios ejecutivos fueron detenidos.
El caso también desató una crisis política por los vínculos entre el grupo, el presidente Santiago Peña y autoridades del Banco Central. Así, la intervención de un Banco que había crecido rápidamente hasta convertirse en uno de los principales del país terminó afectando a millones de ahorristas y repercutiendo sobre las empresas del conglomerado que operan en otros países.
Belén Haves, product manager del equipo de Salesforce de ITTI en Buenos Aires, contó que la situación alcanza a casi 1000 empleados en Argentina y también a trabajadores de otros países. “Somos casi 1000 empleados, estamos en la misma situación todos, más los que están por fuera en otros países, Chile, Nicaragua, Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia”, explicó.
La trabajadora relató que no recibieron información clara de sus empleadores y que conocieron la gravedad de la situación a partir de las noticias sobre Paraguay y de los mensajes de sus compañeros. “Comunicación no tenemos hasta el día de hoy, salvo un mail muy abstracto.
Nos enteramos por las noticias y por compañeros de Paraguay que no podían ingresar a sus cuentas de Ueno. Ahí vimos que los servicios estaban desconectados”, señaló.
La falta de explicaciones alimentó la preocupación desde el comienzo. “Estamos en shock, no lo podemos creer”, contó. También recordó que durante los últimos meses habían observado un ritmo de expansión de las empresas vinculadas al grupo, con nuevas incorporaciones y un crecimiento que no hacía prever una crisis de esta magnitud.
Uno de los puntos más preocupantes es la estructura de contratación en Argentina. Según explicó Haves, los trabajadores facturaban bajo una modalidad similar a la de monotributistas, aunque contaban con algunos beneficios laborales, como el aguinaldo. La sociedad que los contrataba en el país es Keitel, según la identificación que hizo la propia trabajadora.
“La empresa que nos contrata acá en Argentina no tiene bienes, es Keitel, no podemos hacer acción legal, la armaron para poder blanquearse acá, y allá en Paraguay está todo embargado”, denunció Haves.
Sus declaraciones expresan la preocupación de los empleados por las posibilidades de reclamar frente a una estructura empresarial que opera en distintos países. La existencia de sociedades diferentes, las modalidades de contratación y las responsabilidades de las compañías involucradas abren interrogantes sobre quién debe responder por los salarios adeudados y qué herramientas tienen los trabajadores para exigir su pago.
La modalidad de contratación también genera incertidumbre sobre los derechos laborales que corresponden a cada empleado. Haves explicó que, aunque facturaban como monotributistas, recibían beneficios como el aguinaldo, que no forman parte de las condiciones habituales de un vínculo independiente. La situación deberá analizarse a partir de las condiciones concretas en las que se desarrollaba cada relación de trabajo.
Por ahora, la urgencia es cobrar octubre. “No cobramos el sueldo de octubre, todo el mes trabajado no lo cobramos. Obviamente, indemnización ni hablar”, remarcó la trabajadora. La frase resume la situación de quienes cumplieron con sus tareas durante todo el mes y ahora no saben si volverán a trabajar ni si recibirán el dinero que les corresponde.
De la expansión empresarial a las suspensiones
La crisis también contrasta con el crecimiento que las compañías vinculadas a Ueno Bank habían mostrado en Argentina. Haves recordó que la empresa incorporaba personal de manera acelerada y que en algunos momentos llegaron a ingresar alrededor de 50 personas de una sola vez. También señaló la aparición de nuevas empresas dentro del grupo.
“Había cosas que ahora sí llaman la atención, como 50 personas contratadas de repente, la cantidad de empresas nuevas que entraban al grupo”, recordó.
El objetivo de Ueno Bank, según explicó la trabajadora, era desarrollar un Banco digital que permitiera ampliar el acceso a los servicios financieros. “El objetivo de este banco digital era bancarizar gente que no tenía acceso a un Banco tradicional, poder llegar a esa gente y que tenga los beneficios de tener una cuenta”, contó.
Sin embargo, el colapso de la entidad terminó repercutiendo sobre quienes trabajaban para sostener su estructura tecnológica. ITTI prestaba servicios al Banco y a otras compañías vinculadas al Grupo Vázquez, con operaciones en distintos países de la región. La crisis financiera en Paraguay ahora tiene consecuencias directas sobre sus empleados en Argentina y el resto de Latinoamérica.
El conflicto vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias de las estructuras empresariales que distribuyen sus operaciones entre distintas sociedades y países, mientras quienes realizan el trabajo cotidiano quedan expuestos a decisiones que se toman lejos de sus lugares de trabajo.
Los trabajadores no provocaron la crisis financiera de Ueno Bank ni tienen responsabilidad sobre las decisiones de sus accionistas y directivos. Sin embargo, son quienes hoy enfrentan sus consecuencias más inmediatas: salarios adeudados, suspensiones sin ingresos y falta de respuestas. La prioridad es que las empresas responsables den explicaciones, regularicen los pagos y garanticen los derechos de quienes sostuvieron sus operaciones.
Realizaron un acto frente a Aeroparque por la reincorporación de Luciano Corradi y todos los despedidos
El viernes 6 de noviembre se concentraron, en el aeropuerto Jorge Newbery, trabajadores de GPS, la tercerizada de Aerolíneas Argentinas, junto a organizaciones solidarias y realizaron un acto para rechazar más de 100 despidos efectuados en el último mes y exigir la reincorporación del delegado Luciano Corradi, ilegalmente despedido.
Las intervenciones reflejan una alerta sobre la persecución que realizan el gobierno de Milei y las empresas como GPS a quienes luchan por sus derechos para intentar marcar un precedente.
Participaron trabajadores telefónicos, del subte, de los hospitales Garrahan e Italiano, jubilados, miembros de los Comités por un Partido de la Nueva Clase Trabajadora de Almagro, Zona Norte y Plaza Houssey, el CeProDH, estudiantes universitarios y otros referentes sociales y sindicales.
“Nos dejaron en la calle”
El sorpresivo anuncio del cese definitivo de operaciones de la histórica planta Papelera del Sur desató un clima de conmoción, angustia e incertidumbre en la localidad bonaerense de Tornquist. Tras más de medio siglo de actividad ininterrumpida y consolidada como la única productora de cartulina encapada del país, la empresa notificó la desvinculación total de su personal a la representación gremial durante un encuentro en Bahía Blanca.
Al regresar al distrito y encabezar una asamblea gremial, el secretario general del Sindicato de Papeleros local, Gustavo Lanaro, reflejó el impacto que atraviesa el plantel laboral: “Ahora estoy cayendo. Cuando veo a toda esta gente acá, como que nos damos cuenta de la cagada que nos hicieron”.
La noticia golpea de lleno el corazón social y productivo de una comunidad pequeña donde la papelera constituía la principal fuente de trabajo privado y calificado. Ante sus compañeros, Lanaro expresó el desconsuelo colectivo frente a la pérdida repentina de su sustento: “Somos personas que nacimos acá, que queremos seguir viviendo acá y que tenemos nuestras familias acá. No sabemos qué mierda vamos a hacer”.
Más temprano, el dirigente advertía sobre las secuelas que la medida proyectará sobre la economía local: “Estamos medio helados. Básicamente a Tornquist esto le va a hacer un desastre. Es toda gente que elige vivir acá, es la única fábrica grande y los sueldos nuestros también van a ser un golpe duro para el pueblo”.
Pese a que los representantes patronales comprometieron la liquidación de indemnizaciones completas durante el mes —con dos meses de preaviso, aguinaldo proporcional y un plus del 15%—, el referente sindical remarcó: “Que te digan que te van a pagar todo no te deja tranquilo, porque el problema sigue siendo que te quedás sin trabajo”.
El declive de la fábrica se venía manifestando a través de reiteradas suspensiones de actividades y bajas salariales a lo largo de los últimos dos años. De acuerdo con las autoridades laborales y testimonios de los operarios, el establecimiento llevaba siete meses sin funcionamiento regular de sus máquinas, período durante el cual el personal asistía exclusivamente a tareas de mantenimiento.
Respecto al volumen de despidos, los registros oficiales del Ministerio de Trabajo bonaerense constatan que la decisión alcanza a 160 trabajadores —110 bajo Convenio colectivo y 50 fuera de convenio—, cifra que coincide con los reportes sindicales y municipales, aunque artículos de prensa publicados en instancias previas del conflicto llegaron a contabilizar 200 empleados.
Los referentes gremiales señalaron a la apertura comercial como el factor determinante del desenlace, al asegurar que la entrada de cartulina importada desde mercados como Brasil o China volvió imposible la competencia por costos.
En esa línea, el Municipio de Tornquist emitió un comunicado institucional expresando su “más enérgico repudio y profunda preocupación” frente a la resolución adoptada por el Grupo HZ, vinculando el cierre al deterioro del sector manufacturero y a las medidas macroeconómicas de la gestión nacional.
Frente a la ausencia de una notificación formal previa por parte de la firma, la cartera de Trabajo provincial resolvió intervenir de oficio, envió delegados a la localidad y convocó a una audiencia urgente entre las autoridades de la compañía y los representantes gremiales para evaluar los pasos legales pertinentes.
Trabajadores de la Papelera del Sur mantienen la lucha ante el cierre de la fábrica
El cierre no solamente afecta a quienes trabajaban en Papelera del Sur. También impacta sobre comercios, talleres, proveedores y distintos emprendimientos que se relacionaban con la empresa. Entre ellos el taller protegido de la localidad, que brinda oportunidades laborales a personas con discapacidad, el cual mantiene una relación comercial con la empresa mediante la venta de papel.
Una secretaria del sindicato de papeleros decía: hace 32 años que los acompaño. Es tristísimo porque es incertidumbre, porque no se qué va a pasar con mi puesto de trabajo. Yo soy empleada del sindicato y trabajo para la obra social. Ellos van a tener la obra social tres meses, pero al desaparecer la fábrica el sindicato desaparece.”
Además agregó que el sindicato no es rentado, por la cantidad de afiliados, hacen el trabajo ad honorem. «Ellos tienen el sueldo de fábrica, no tienen sueldo de sindicato.” “Quedan (sin obra social) personas oncológicas, personas discapacitadas. Qué hacen con esas personas con tratamiento oncológico. Dejaron personas que las mujeres tuvieron familia hace poquitito.”
«Que las personas que están detrás de esta fábrica se pongan en el lugar de cada trabajador, porque no es que ellos no dieron posibilidades, incluso ellos mismos (los trabajadores) para tener la fuente laboral abierta dan muchas propuestas, pero no las quieren aceptar”, finalizó.
«¿Qué va a hacer esta gente?”, se preguntaba un jubilado, ex trabajador y ex secretario general del sindicato. La pregunta no es menor: con la fábrica parada y sin nuevas fuentes laborales a la vista, el cierre amenaza con impactar sobre las familias trabajadoras y sobre gran parte de la comunidad de Tornquist.
El mismo ex trabajador recordó un antecedente de lucha. En aquella oportunidad, la patronal había despedido a cuatro compañeros bajo el argumento de una “reestructuración de personal”. Según explicó, los trabajadores se organizaron, acudieron al Ministerio de Trabajo y lograron que los despedidos volvieran a sus puestos.
«En ese momento nos habían echado a cuatro compañeros por reestructuración de personal. No habían hecho nada los muchachos. Fuimos al Ministerio de Trabajo y pudieron volver a trabajar”, relató. Esa experiencia permanece como un ejemplo concreto de que la organización obrera y la intervención de la comunidad pueden arrancarle conquistas a la patronal.
Otro jubilado puso el foco en las condiciones en las que trabajaron durante años. Denunció que los empresarios “tiran para ellos” y señaló que los trabajadores debieron trasladar a numerosas personas accidentadas, además de haber registrado fallecimientos dentro de la fábrica.
«Hemos trabajado muchas veces en situaciones bastante precarias”, afirmó. El testimonio expone que el conflicto no se limita a la paralización actual: también incluye una historia de precarización laboral y de falta de condiciones seguras para quienes sostuvieron la producción.
El cierre generó muestras de solidaridad de distintos sectores de Tornquist. Familiares, trabajadores de distintos sectores, integrantes de las escuelas y vecinos de la comunidad expresaron su apoyo a las trabajadoras y los trabajadores de la papelera.
También el sindicato de Luz y Fuerza envió una nota para manifestar su solidaridad con quienes fueron despedidos. A ese respaldo se sumó una empresa de viajes, que decidió otorgar tres meses de gratuidad en los pasajes para los trabajadores despedidos. La medida busca facilitar sus traslados durante este período de conflicto.
En la acción del sábado 7 en las puertas de la papelera estuvieron presentes CTA T, SUTEBA, Jubilados Papeleros, Sindicato de Municipales, CTA Autónoma Bahía, familiares, comerciantes, docentes y comunidades educativas.
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino de oficio y dictó audiencias entre las partes para evaluar la situación y el posible pago de las indemnizaciones.
La fábrica se encuentra parada y, según los testimonios, la empresa mantiene una posición de rechazo frente a los reclamos. Sin embargo, los trabajadores aseguran que no piensan bajar la cabeza. Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato de los papeleros, dijo en la acción de este sábado: La fábrica está parada, está en una posición negada a todo, pero nosotros vamos a hacer lo imposible como lo hicimos siempre. También destacó el respaldo recibido: “La gente que está acá, y los mensajes que recibimos, hacen que no agachemos la cabeza y nos dé fuerza para seguir”.
En referencia a la visita prevista para el jueves en Bahía, advirtió: “Si el jueves tenemos otra mala noticia, quédense tranquilos que vamos a seguir, esto no se termina el jueves”.
La experiencia de los trabajadores muestra que el cierre no puede quedar reducido a un comunicado institucional ni a una negociación entre funcionarios y empresarios. En otros conflictos, la organización desde abajo, las asambleas y la solidaridad de la comunidad fueron decisivas para defender puestos de trabajo y enfrentar los ataques patronales.
Por eso, el repudio del Municipio de Tornquist debe traducirse en medidas concretas para defender cada puesto de trabajo. La lucha que plantean los trabajadores cuenta con antecedentes de reincorporaciones y victorias, pero también enfrenta una patronal que pretende imponer el cierre y una situación económica que deja a las familias sin alternativas. Es necesario seguir rodeando de solidaridad de la comunidad y de los sectores organizados que vienen en lucha.
Desayuno solidario y olla popular en Fate
Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino convocaron para el miércoles 4 de noviembre a todas las organizaciones, vecinxs y personalidades a sumarse a un nuevo abrazo en apoyo a la lucha de los trabajadores de Fate contra el ilegal lock out patronal. Se exigió la apertura inmediata de la única fábrica de neumáticos para camiones y colectivos del país. A partir de las 7:00 hubo desayuno solidario, y desde las 12:00 una olla popular, todo frente a Fate, Blanco Encalada 3003, Victoria, Provincia de Buenos Aires.
Compartimos comunicado del SUTNA:
Luego de hacerse efectivo el pago de salarios forzado por la justicia, la gran Asamblea de trabajadores de FATE, a ocho meses y medio de conflicto, y el último Spot de campaña de LULA con el SUTNA y esta lucha como protagonistas colocando al conflicto en forma internacional:
LA IMAGEN DE MADANES COMO EMPRESARIO SE CAE A PEDAZOS Y LANZA TODO TIPO DE PROVOCACIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES DE FATE
Las mentiras de la patronal de FATE han quedado al descubierto, sus contradictorios argumentos destruidos por el peso de una realidad que deja a Madanes Quintanilla como un mezquino villano, cuyo poco valor lo ha llevado a amenazar los intereses de la Argentina. Ni siquiera le queda la definición de “industrial” a un especulador financiero que, al primer ruido, pretende bajar las persianas ilegalmente de FATE, implementar un ilícito lock out patronal, dejando a miles de familias obreras en la calle, para refugiarse en el precio del aluminio, la energía y la timba financiera.
Los trabajadores de FATE Y el SUTNA, en un claro contraste con el pensamiento ultra individualista de Madanes, vienen de lograr grandes acciones colectivas: conquistar la paga de salarios sobre los meses de lucha posteriores al inicio del lock out, realizar una enorme asamblea, espejo irrefutable de la unidad y convicción obrera a más de ocho meses de dura lucha, y ser elegidos por el departamento comunicacional de LULA en las elecciones más trascendentes de Brasil en la historia, por ser un conflicto puro, heroico e incriticable cuyas extremas características posibilitan que sea colocado en el momento más alto de la disputa presidencial en Brasil, sin que la oposición de ultraderecha encuentre debilidad alguna a semejantes argumentos.
Ante esta seguidilla de duros golpes sobre la antipatriótica y antiobrera estrategia de Madanes, esta patronal sólo pudo pensar en lanzar provocaciones para tratar de ocultar su asombro ante la enorme resistencia y fuerza obrera. Envió camiones a intentar retirar, supuestamente, diferentes elementos utilizados por tercerizadas. Pero los propios trabajadores, cuando se daban cuenta que solo eran enviados por maldad al predio, decidían retirarse y apoyar a los compañeros de FATE. Incluso enviaron a un grupo reducido de mecánicos tercerizados a cortar burdamente manojos de cables de una máquina, que además de ser de las más anticuadas, es sólo una entre los centenares de equipos modernos que hay en planta, mostrando escenas lamentables para una persona que pretende ser recordada como “empresario”. Partes de un equipo mutilados, simplemente, para demostrar desprecio y pretender causar temor, sólo insultan la voluntad firme y la inteligencia de los obreros de FATE, que saben, por un lado, que hace falta un ejército de mecánicos para desmontar semejante fábrica de cuadras y cuadras de equipos pesados y, por otro lado, ya no hay espacio para el miedo. Luego de casi 9 meses de lucha ya nació el valor para enfrentar todo aquello que es injusto con la frente alta y con nuestras familias como motor de cada acción. El episodio que finalizó con los trabajadores tercerizados saludando en señal de apoyo cuando se retiraban, sin continuar con la absurda tarea.
Las provocaciones vacías son señales claras de un agotamiento de la patronal. Por lo que pretenden acelerar los procesos, poniendo en riesgo lo más profundo de la imagen de su grupo económico. Mostrando su desprecio, aún por aquello que formó su gran herencia obtenida al nacer. En todo caso, seguimos sosteniendo que: si ante tal injusticia, quienes pueden intervenir para evitar la continuidad de ella, pretenden seguir pasivos, se acercan a enfrentar un escenario de acción patronal violenta sobre los trabajadores y sus familias, quienes legítimamente, no sólo se están auto-defendiendo, sino aportando a la lucha colectiva del pueblo trabajador argentino, en defensa de sus recursos estratégicos. Aquí nada menos que defendiendo la continuidad productiva de la única fabricante de cubiertas para camión y colectivo del país.
Llamamos a todos los compañeros, compañeras, periodistas, vecinos, jubilados, jóvenes, ocupados y desocupados a estar atentos al llamado que surgirá de aumentar la violencia de las provocaciones de Maldades Quintanilla. Y anunciamos que este miércoles, 4 de noviembre, realizaremos un desayuno solidario, a partir de las 7 de la mañana, y una olla popular, a partir de las 12 del mediodía, frente a FATE, en momentos donde las provocaciones contienen escondida una definición que los trabajadores debemos encausar hacia el fin del ilegal lock out patronal.
¡FATE NO SE CIERRA!
SUTNA – Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino
Los operarios de la planta de Pauny iniciaron una toma por tiempo indefinido en reclamo por haberes impagos
La medida de fuerza paraliza la producción y mantiene en incertidumbre a 450 familias de trabajadores del departamento San Justo.
El conflicto estalló en las primeras horas de la mañana, cuando a cuatro empleados se les impidió el ingreso al predio, lo que precipitó la permanencia de los obreros en el interior.
En la entrada, el presidente de la firma, Raúl Giebra, tuvo un breve contacto con los delegados gremiales y luego se retiró del establecimiento sin ofrecer soluciones.
Sueldos adeudados y riesgo de desalojos
El secretario general de la UOM San Francisco, Lucas Sarmiento, explicó que los atrasos salariales se arrastran desde hace un año y medio y alcanzaron un punto insostenible.
A partir de septiembre, los trabajadores habían acordado no prestar tareas los lunes y martes con una rebaja proporcional de haberes para aliviar las cuentas corporativas, pero la falta de pago de las quincenas continuó.
“Esto se fue agravando cada vez más y ya es una situación límite; los compañeros no tienen para darle de comer a sus familias”, denunció Sarmiento.
El dirigente metalúrgico reveló además el drama habitacional del personal: “Tenemos trabajadores que han sido desalojados de sus hogares y otros con intimaciones periódicas porque no pueden afrontar el pago del alquiler”.
Desde el gremio señalaron que la pérdida de competitividad de la fábrica responde a la apertura indiscriminada de importaciones de maquinaria agrícola.
En el mercado local, los tractores importados, particularmente los de origen chino, llegan a comercializarse a la mitad del costo de una unidad nacional.
A ese panorama se suma una asfixia financiera crítica: la compañía acumula deudas con proveedores, servicios de energía y cheques rechazados por más de 1.000 millones de pesos en las últimas semanas.
Aunque la dirección de Pauny aduce estar en tratativas con un grupo inversor, Sarmiento advirtió: “Estamos viendo que esta situación es insalvable si no se concreta la firma para avanzar”.
La tensión sindical aumentó luego de constatarse que los directivos de Pauny asistieron a tres audiencias laborales consecutivas sin representación legal.
Ante este escenario, delegados y operarios fueron recibidos por el Concejo Deliberante de Las Varillas y gestionaron fondos de auxilio ante el Gobierno provincial.
La crisis en Pauny coincide con el pedido formal de concurso de acreedores de Metalfor en Marcos Juárez, encendiendo las alarmas en todo el polo agroindustrial de Córdoba.
Gentec Plantium: 89 despidos y planta cerrada en Villa Constitución
El viernes 28 de octubre, los trabajadores de la empresa Gentec Plantium de la localidad de Villa Constitución, en Santa Fe, fueron a trabajar y encontraron las puertas cerradas con candado. Poco después les empezaron a llegar los telegramas de despido, y decidieron ocupar la planta. El dueño salió a hablar, culpó a las importaciones y la caída de ventas, y dijo que quiere reabrirla, pero con menos empleados.
Plantium es una compañía argentina que se especializa en agricultura de precisión, con desarrollos tecnológicos destinados a mejorar la eficiencia de las tareas agrícolas, como monitores de siembra, pilotos automáticos y sistemas de gestión de datos. En 2002 orientó su negocio hacia soluciones para el campo y se especializó en proyectos vinculados con robótica e inteligencia artificial. Hace apenas cuatro años, inauguró en Rosario un centro de investigación y desarrollo, con más de 50 profesionales especializados. La otra compañía del grupo Gentec es proveedora de equipos para el agro.
Hace dos años que Plantium tenía problemas y este año la situación empeoró, cobraban los sueldos en cuotas. Mientras buscaba socios o compradores, la empresa pagaba $200.000 semanales a los trabajadores.
Hasta hace dos semanas estaban en negociaciones con inversores chinos, pero la oferta se cayó. El dueño habría planteado la necesidad de ajustar la planta: pasar de 200 a 70 o 60 trabajadores. Se habló de retiros voluntarios, pero al final, llegaron los telegramas.
El martes 3 de noviembre los trabajadores de Plantium abandonaron la planta de Villa Constitución, que ocupaban desde el viernes, luego de una reunión realizada el lunes en la sede de Rosario del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Allí la empresa ofreció un pago parcial que los despedidos aceptaron por falta de alternativas.
Con la regresiva reforma laboral de Javier Milei, aprobada en febrero pasado por el Congreso de la Nación y actualmente vigente, permanecer dentro de la planta era ilegal y exponía a los trabajadores y al gremio a denuncias penales, explicaron desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Villa Constitución, que representa a los trabajadores.
Su Secretario General, Fulvio Monti, aseguró que ante la posibilidad que el Ministerio de Trabajo dispusiera una conciliación obligatoria o realizara una denuncia para el desalojo, el sindicato resolvió retirarse.
“Hoy no podemos estar adentro de la fábrica”, dijo Monti, y explicó que, tras un fin de semana de mucha angustia, se les explicó la situación a los trabajadores: “No podemos impedir los ingresos a la planta y tenemos que seguir con la lucha afuera”. Por lo que se organizó la presencia en la puerta de la planta.
En esa instancia, la empresa propuso lo que, según planteó la patronal, podía afrontar: 1.500.000 pesos y dos bonos de 500.000 pesos en alimentos, correspondientes a noviembre y diciembre. La propuesta fue votada el mismo lunes por los trabajadores. Ya se depositó una primera parte de $1.300.000, los bonos están habilitados y los $200.000 restantes se abonarán el 21 de diciembre.
Monti marcó que no se trató de un acuerdo deseado: “Salimos (de la planta) sin conflicto, nada más, pero no fue ningún acuerdo”, afirmó. Y agregó que la disyuntiva era “salir gratis o salir con esto”. Según explicó, el gremio había planteado que, para abandonar la planta sin conflicto, se pusieran los sueldos al día, ya que se adeudan alrededor de tres, pero la empresa dijo no estar en condiciones de afrontar ese costo.
Además, desde la patronal se aseguró que pretende seguir funcionando con 60 personas y que no se quiere ir a la quiebra. Monti aclaró que ni el gremio ni los trabajadores se oponen a que la planta continúe: “Nadie quiere que la fábrica cierre”, remarcó. Pero advirtió: “Es una utopía total pensar que la fábrica puede seguir trabajando como si nada con 60 personas y dejando 89 personas en la calle sin darle una solución”.
El dirigente reclamó un orden de prioridades: “Tiene que resolver el conflicto de la gente que echó y después bienvenido sea que trabaje”. Según indicó, hay despedidos que no tienen cómo afrontar el alquiler, la obra social ni la comida de sus hijos.
Para el gremio hay dos caminos: el sindical y político, que busca que la empresa se reconvierta y se preserve la fuente de trabajo, y el legal, que apunta a que los despedidos cobren la indemnización con prioridad, ya que cualquier acreedor podría pedir la quiebra y eso complicaría el cobro. Monti también agregó que muchos de los 60 trabajadores que no fueron despedidos acompañaron el reclamo.
El SEC realizó presentaciones ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia para pedir la reincorporación de los 89 despedidos y, como mínimo, el pago del 100% de las indemnizaciones. Además, solicitó el acompañamiento de la comunidad. “De acá no nos vamos a ir ninguno, hasta que el último de los compañeros y compañeras cobre su indemnización”, afirmó Monti.
Tras el cierre de la planta, su propietario, Jorge Gentili salió a realizar declaraciones a medios zonales: “Tenemos cuatro clientes: Metalfor entre cheques que nos vinieron de vuelta y todo nos deben $500 millones; Pauny están con problemas y nos devuelven los cheques y AGCO no nos compró más. Plantium está con una situación seria. Desde principios de años decían que venía una gran cosecha y pensé que lo íbamos a sortear. En Expoagro no pasó nada, seguí esperando y endeudándome con los sueldos y las cosas, seguí sacando créditos porque no vendíamos lo que necesitábamos. Vino Agroactiva y nada”, aseguró.
“Traté de no echar gente nunca, pero llegamos a un límite y no puedo más. No hay forma de seguir. Podría cerrar definitivamente, pero la idea es quedarme con un grupo de gente más chico, por eso saco todo lo que puedo y quiero rehacer la empresa. Los telegramas dicen sin causa, no hay ninguna trampa. Cuando pueda, la idea es pagarles todo, primero a la gente”, aseguró.
El dueño de Plantium contó cómo está la gente que trabaja y vive del campo: “Leés en los diarios y dicen que es la mejor cosecha. El Gobierno dice que andan bien la minería, el petróleo y el agro. Pero si el productor toma el dólar de octubre de 2025 a octubre de 2006 aumentó 4, 5% y la inflación subió 30%. El productor que el año pasado vendía una tonelada de maíz a 180 dólares, ahora la vende igual y cobra 30% menos. El productor está frito, no compra nada. Tenés el caso de Pauny, la empresa de tractores más importante que tiene la Argentina que está en crisis. Metalfor y Vasalli también”.
Aseguró que intentó vender la empresa, buscar socios, pero no lo logró. “Tengo 80 años, nunca hice nada malo, siempre hice lo mejor. ¿Hago esto porque se me ocurre ser maldito? No. Hago esto porque no tengo otra salida. No hay plata para poder seguir. La única forma es despedir gente porque no les puedo pagar. Están enojados conmigo y con razón, yo no les puedo decir que están equivocados a gente que no puede pagar el alquiler. Llegué a este límite, con todo el daño que provoque. Si no inventás nada no tenés nada para competir. Esperemos que cambie, en algún momento irá a cambiar, no será toda la vida así, porque esto no nos pasa solo a nosotros, les pasa a muchas empresas. Lo que se ve es la punta de un iceberg”.
Agregó que hace un año y medio que buscaba una salida, negoció con estadounidenses, argentinos, brasileños y chinos, pero no hubo acuerdo.
Plantium tiene un pasivo bancario de $9.700 millones y se suman $350 millones por 63 cheques sin fondos. Gentec acumula una deuda bancaria de $4.000 millones y otros $315 millones de 224 cheques rechazados.
El propietario Jorge Gentili dijo que no pierde la esperanza de reabrir la empresa. “Una vez que ordene el equipo de gente volvamos a trabajar: tengo la esperanza de volver a remontarlo. Porque si voy a quiebra se termina todo. Tenemos un montón de productos terminados, un robot que pulveriza solo, nos llevó 10 años de trabajo, invertimos mucha plata pero no se lo vendimos a nadie aún. Mientras tanto, todo está hipotecado, las máquinas, hasta la camioneta está prendada y ya no tengo más nada. Tenemos deudas en ARCA y seguramente nos embargan la semana que viene, con los bancos estamos en situación 3. La situación está al límite, por eso estoy acá y me pongo al frente”, dijo Jorge Gentili.
Cuando le preguntaron sobre la gestión de Javier Milei, dijo: “Nosotros veníamos bien, cuando vino Milei y empezó con el campo, pobrecito el campo está padeciendo terriblemente… cuando me preguntan te va bien, depende, si yo pienso en el país debería irle bien al país, aunque a mí me vaya mal. Acá se trata de mis hijos, nietos, pero yo no sé lo que hace este presidente, está a un nivel que yo no estoy a la altura de él como para ver la jugada. Capaz está haciendo una jugada…imaginate vos sos el capitán del Ejército y te mandan a tomar una colina con 200 soldados; le vas a decir la verdad a los soldados porque no van a querer ir a la guerra. El 40% va a morir y el tipo lo sabe. Yo no sé si este presidente está haciendo cosas, que aparentemente son malas y después van a ser buenas para el país, no lo puedo decir. No puedo decir que está haciendo las cosas mal, no tengo los argumentos. Pero para nuestro sector están mal”.
Despidos masivos en IOSFA
La liquidación y el desmantelamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) avanzan con consecuencias devastadoras para sus trabajadores y sus familias, denunciaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado.
En el marco de la lucha nacional que el gremio está desarrollando en defensa de las funciones de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y del Personal Civil (IOSFA/OSFA), en el marco de la cual realizó una Jornada Nacional el último jueves, la Seccional Rosario de ATE denunció que el gobierno cierra la estructura de la obra social en Rosario, lo que afecta directamente a 60 estatales. En la ciudad de Santa Fe, capital provincial, otros 25 trabajadores enfrentan la pérdida de sus puestos laborales.
Esta situación se enmarca en un proceso que alcanza a más de 1.000 trabajadores de IOSFA en todo el país, muchos de ellos con décadas de antigüedad, que hoy quedan sin trabajo y sin reconocimiento por toda una vida de servicio a la institución.
Durante años, estos trabajadores fueron contratados mediante contratos sucesivos y renovaciones consecutivas que no les reconocían estabilidad laboral, pese a que en la práctica sostenían tareas permanentes y esenciales para el funcionamiento de la obra social. Hoy, esa modalidad de contratación se convierte en el argumento para desvincularlos, desconociendo décadas de trabajo y compromiso, denunciaron desde el gremio.
Para ATE, no se trata solamente de una reorganización administrativa. Son miles de familias las que pierden su sustento. Son trabajadores que sostuvieron IOSFA durante años y que ahora enfrentan la incertidumbre y la desprotección.
Por eso el Sindicato exige respuestas, respeto por los derechos laborales y soluciones concretas para todos los trabajadores afectados.
ATE protestó frente al Ministerio de Defensa por el cierre de la IOSFA
La movilización rechazó la decisión del Gobierno nacional de ‘disolver y liquidar’ el funcionamiento de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (ex IOSFA) y que afecta a 352.000 afiliadas y afiliados a nivel nacional.
El jueves 30 de octubre ATE llevó adelante una Jornada Nacional de Protesta en defensa de las funciones de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y del Personal Civil (IOSFA/OSFA), ante la reciente resolución impuesta por el Gobierno nacional que disuelve y liquida el organismo, poniendo en riesgo la continuidad laboral de 1.450 trabajadoras y trabajadores.
Mercedes Cabezas, Secretaria General Adjunta de ATE Nacional, expresó: “Multitudinaria la marcha que protagonizamos al Ministerio de Defensa, en defensa del trabajo de 1.450 trabajadoras y trabajadores, de las farmacias y de los hoteles de la antigua IOSFA, actual OSFA. También para construir una política de defensa y de seguridad que tenga en cuenta los deseos, las necesidades y los derechos del pueblo argentino. El genocidio planificado de Javier Milei que ataca el sistema de salud, de defensa, de seguridad, y lo pone al servicio de políticas colonizadoras, genera no solo que se vacíe la obra social sino que se atente contra nuestro pueblo porque el sistema de salud está desfinanciado. Esta obra social, que es la única nacional estatal que queda en pie en la Argentina, es entregada a manos privadas, a Medicus que fue la primera prepaga que se acercó a hacerse cargo de la Prefectura y Gendarmería y comenzó el vaciamiento de la obra social”. Y agregó: “Ese sistema de salud que colapsa no solamente deja sin atención a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sino también a las y los trabajadores civiles, con el malestar que conlleva eso. Los salarios no alcanzan para pagar coseguros o acceder a prácticas médicas mínimas, porque la obra social empieza a no cubrirlas. Sostener esa obra social es posible con una buena administración y con la conciencia plena de que estamos defendiendo los derechos del pueblo. Milei plantea no solamente un plan colonizador, sino también un plan entregador de soberanía que solamente puede llevarse a cabo con el sistema privado de obras sociales y sus negocios”.
En el marco del Plan de Lucha que está llevando a cabo ATE en defensa de la Obra Social, se marchó hacia el Ministerio de Defensa nacional para protestar por el cierre de las 31 farmacias propias, los 1.450 puestos de trabajo que están en riesgo y la preservación y sostenimiento del patrimonio –hoteles, delegaciones y Auditoría de Facturación de Prestaciones Regional– que se pretende rematar.
La concentración tuvo lugar en la intersección de Avenida Belgrano y Azopardo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde las y los dirigentes de ATE repudiaron el cierre de áreas clave que permiten no solo facilitar la atención personalizada para miles de usuarios a lo largo y ancho del país sino también que forman parte de los controles del organismo para que funcione de forma adecuada, impidiendo la doble facturación y otras irregularidades.
Es importante subrayar que de concretarse el cierre de los centros médicos, se perjudicará aún más la atención a las y los afiliados ya que no podrán acceder a prestaciones básicas como por ejemplo consultas clínicas o pediátricas. Además, si hubiera retrasos o suspensiones en los pagos a proveedores no habrá posibilidades de acceder a los servicios de salud.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio
La investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce que coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, un estudio internacional que detectó glifosato en la orina del 84% de las personas analizadas.
La sanción es la más grave prevista en el régimen disciplinario del empleo público y supone su expulsión del organismo y la imposibilidad de ejercer en la función pública.
En el mismo expediente, otros dos funcionarios recibieron suspensiones temporales, mientras que varios agentes quedaron exentos de responsabilidad por el alcance de sus funciones o por no haberse acreditado una participación disciplinariamente relevante.
La resolución contra la destacada ingeniera agrónoma e investigadora lleva la firma del presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y pone fin al sumario administrativo que se abrió contra la científica por presuntas irregularidades en la ejecución de la investigación.
La decisión llega después de que el INTA retirara a la Argentina del proyecto en 2023, durante la administración de Javier Milei, y suspendiera la presentación pública de los resultados.
La investigación internacional buscaba medir la presencia de residuos de plaguicidas en personas, animales y el ambiente, en un contexto de creciente preocupación por la exposición a productos utilizados en la actividad agropecuaria.
La investigadora tiene 20 días para solicitar la reconsideración de la medida. Si ese planteo no prospera, su estrategia es recurrir a la Justicia y pedir un amparo, según indicaron fuentes gremiales.
La resolución del Consejo Directivo del INTA, identificada como RESOL-2026-366-APN-CD#INTA y fechada el 26 de octubre, dispuso la exoneración de Aparicio por presuntas irregularidades que el organismo atribuye a su actuación como investigadora principal y coordinadora local del proyecto.
El organismo fundamentó la sanción en una serie de presuntas faltas administrativas vinculadas con la organización y ejecución de SPRINT. Entre ellas, señaló que la investigación habría excedido las autorizaciones institucionales, que se enviaron muestras biológicas a laboratorios extranjeros sin la aprobación correspondiente y que se modificó el comité de ética que intervenía en el proyecto.
También cuestionó el manejo de los consentimientos informados, la comunicación de resultados individuales y la participación de personas que habrían tenido acceso a datos identificables de los voluntarios sin contar con la autorización necesaria.
Uno de los puntos observados fue la presunta falta de declaración de un conflicto de intereses. Según la resolución, la pareja de Aparicio, un ex investigador del INTA, habría “participado en la conducción del proyecto” y tuvo “acceso a información confidencial” de los participantes.
El Consejo Directivo también objetó el cambio del Comité de ética que evaluaba el estudio: inicialmente intervenía el Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE), pero luego esa función quedó en manos de un comité vinculado con la Universidad Nacional de Mar del Plata.
En el plano económico, el expediente cuestionó gastos asociados al traslado de muestras biológicas al exterior, No obstante, la propia resolución señala que esos importes no acreditan por sí mismos un perjuicio fiscal equivalente.
La resolución rechazó los planteos de nulidad y discriminación formulados por Aparicio. Además, dispuso remitir las actuaciones a la Oficina Anticorrupción para que evalúe la posible existencia de conductas con relevancia penal y analizar si corresponde iniciar un procedimiento por responsabilidad patrimonial.
La resolución firmada por Nicolás Bronzovich nada dice sobre los graves resultados que arrojó la investigación en Argentina y que despertaron acciones institucionales y políticas en Balcarce.
SPRINT fue un proyecto internacional que estudió la exposición a mezclas de plaguicidas en personas y en el ambiente. En nuestro país, la investigación incluyó voluntarios y tomó muestras biológicas para analizar la presencia de distintas sustancias utilizadas en la producción agropecuaria.
Entre los resultados difundidos se informó que el glifosato apareció en la orina de alrededor del 84% de las personas estudiadas. También se identificaron distintas sustancias en muestras de sangre y orina, y en algunas muestras fecales se detectaron hasta 18 tipos de plaguicidas.
Esos datos despertaron interés por la exposición cotidiana a productos químicos y por la necesidad de contar con información sobre su presencia en el organismo
La salida de Argentina de SPRINT en 2023 interrumpió la participación institucional del país en la investigación. La decisión se produjo durante la actual administración nacional, encabezada por Javier Milei, y estuvo seguida por la suspensión de la presentación pública de los resultados.
El sumario contra Aparicio avanzó sobre la forma en que se había desarrollado el trabajo, el cumplimiento de los protocolos institucionales y el manejo de las muestras y de la información de los participantes. Ahora, el Consejo Directivo del INTA resolvió la exoneración de quien había sido la principal responsable local del proyecto.
APINTA ya había advertido sobre un efecto disciplinador en el INTA
En una entrevista realizada tiempo atrás con NewsDigitales, Paulo García, titular de la Asociación del Personal del INTA (APINTA) al momento del sumario inicial, sostuvo que el expediente constituía una persecución contra la investigadora por los resultados obtenidos en el proyecto SPRINT.
“Cuando empezaron a venir los resultados, como no eran favorables porque existía remanencia y quedaban restos de diferentes químicos en sangre, primero se le prohibió a la investigadora dar los resultados y después se salió de ese proyecto”, explicó el gremialista.
Según el dirigente, el trabajo había comenzado durante la gestión anterior, a partir de un convenio con instituciones europeas, y también había involucrado a trabajadores de la Estación Experimental de Balcarce que participaron como voluntarios para la toma de muestras.
“Lo que hicieron es empezar a perseguir a esta compañera que lo único que había hecho es llevar adelante este proyecto”, afirmó el titular de APINTA, quien cuestionó el proceso disciplinario que terminó con la exoneración de Aparicio.
Para el sindicato, la decisión excede la situación laboral de la investigadora. La exoneración implica su salida del INTA y puede impedirle continuar su carrera en otros organismos de la administración pública. Por eso, el gremio advierte que el caso puede sentar un precedente para otros trabajadores que participen de investigaciones científicas y difundan sus resultados.
“Esto es una manera de aleccionar a aquel que participa de algún proyecto y muestra qué es lo que está pasando”, concluyó García.
Vídeos breves: https://t.me/realidad_o_ficcion/17918
La Justicia frenó el cierre de un área del INTI que controla a los importados
Luego de la denuncia de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Justicia hizo lugar a la cautelar para frenar el cese de servicios de la Dirección Técnica de Metrología Legal.
Su función es clave: Esta dependencia del INTI se encarga de certificar y controlar el correcto funcionamiento y medición de los equipos de alcoholímetros, fotomultas, balanzas comerciales, surtidores de combustible y la seguridad e higiene de vacunas y medicamentos, entre otras funciones.
La Resolución 213/2025 —que quedó suspendida tras las cautelar de Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín— establecía su disolución, y el traslado del personal a la Secretaría de Industria y Comercio, que debería resolver miles de expedientes vinculados con productos importados.
Daniel, trabajador del organismo, denunció que con ese traslado se buscaba avanzar sobre esas evaluaciones sin el respaldo de los ensayos técnicos que consideran necesarios. Advirtió que existen más de 9.500 expedientes pendientes relacionados con mercadería que ya se comercializa en la Argentina, debido a la apertura de las importaciones.
Los expedientes en cuestión abarcan productos utilizados cotidianamente y su evaluación exige conocimientos específicos y procedimientos que respalden las conclusiones de los técnicos.
“Esto tiene una responsabilidad legal porque son importaciones de productos industriales de diversas índoles, pueden ser cubiertas de autos, pueden ser juguetes de plástico, artefactos eléctricos, cables de ascensores, digamos, todo lo que se utiliza en la vida diaria”, detallaron los trabajadores.
Los laboratorios tienen una función que va más allá de aprobar o rechazar un producto, pues los resultados también permiten identificar problemas, realizar modificaciones y mejorar los procesos de fabricación. La documentación es el resultado de una evaluación respaldada por el trabajo del laboratorio.
Luego de la resolución de la Justicia, el titular del sindicato, Rodolfo Aguiar, aseguró: “Este fallo no es sólo en favor de ATE y los trabajadores del INTI, sino también de decenas de miles de PyMEs y del funcionamiento de una buena parte de la sociedad, ya que los servicios que brinda este organismo resultan de una importancia trascendental”.
La resolución judicial también ordena garantizar la continuidad laboral de los trabajadores manteniendo sus funciones, categorías, salarios y condiciones laborales vigentes al 28 de diciembre de 2025.
Repudio a las amenazas contra Federico Giuliani
La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) de Córdoba expresa su más enérgico repudio y profunda preocupación ante las graves amenazas recibidas por nuestro compañero. Según consta en la denuncia penal formulada el 3 de noviembre de 2026, Giuliani recibió dos llamadas telefónicas que decidió no atender, una de ellas proveniente de un número desconocido y otra de una línea correspondiente a Córdoba Capital. Posteriormente, alrededor de las 18:50, recibió un mensaje de voz por WhatsApp desde un número que no tenía registrado y cuya titularidad desconoce.
En el audio, una persona lo insulta, lo califica de «quilombero», manifiesta conocer el lugar donde reside en Córdoba Capital y amenaza con ir a buscarlo y agredir físicamente. El mensaje incluye expresiones intimidatorias y referencias a una supuesta comunicación desde la cárcel.
Ante la gravedad de los hechos, Giuliani se presentó en la Unidad Judicial N.º 1 de Río Cuarto, donde quedó registrada la denuncia bajo el Expediente SAC N.º 15101231*, con intervención de la Fiscalía de Instrucción del Fuero Múltiple N.º 1 de Río Cuarto. En esa instancia aportó capturas de pantalla del registro de llamadas y de la conversación de WhatsApp, como elementos probatorios.
No es un dato menor el momento en que se producen estas amenazas. Los hechos ocurren en vísperas de una jornada de lucha convocada por las centrales sindicales, en la que Giuliani y otros dirigentes de la CTA y la CGT se disponen a movilizarse para visibilizar la situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores.
Desde la CTA Autónoma Córdoba advierten que las amenazas, la intimidación y cualquier intento de disciplinamiento contra quienes ejercen la representación sindical y defienden los derechos de la clase trabajadora constituyen hechos de extrema gravedad que no pueden naturalizarse ni quedar impunes.
Exigen el inmediato esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y las garantías necesarias para preservar la integridad física de Federico Giuliani y su entorno.
Acto en el Hospital Garrahan
El jueves 5 de noviembre, a las 13:00, los trabajadores y trabajadoras, nucleadxs en la Junta Interna ATE Garrahan, realizaron un acto en las puertas del hospital al cumplirse un año del mayor aumento salarial logrado en la gestión de Javier Milei: “Para conseguirlo, tuvimos que luchar muchísimo: paros, asambleas y movilizaciones masivas, que no solo unieron a las y los trabajadores del hospital, sino también a las familias que acuden a él”, afirmaron.
“El gobierno de Milei y su ministro (de Salud, Mario) Lugones habían llevado al Garrahan a un punto de colapso: se cerraron salas de internación y renunciaron cientos de profesionales, comprometiendo la atención más básica. Después de seis meses de duro conflicto, le arrancamos un 61% al gobierno libertario. Reivindicamos esa lucha, que salvó al hospital y asestó un duro golpe a la motosierra mileista, refutando de paso a quienes plantean que no hay condiciones conseguir victorias obreras”, detalla Alejandro Lipcovich, trabajador del Garrahan y secretario general de la Junta Interna de ATE.
“Los hechos de 2025 desmienten categóricamente el relato libertario -agrega-, que tras un giro de 180° empezó a hablar ‘bien’ del Garrahan. El aumento de salarios y las obras parciales sucedieron gracias a la lucha; Milei, Adorni y Lugones nos trataban de ñoquis. Como perdieron por goleada ante la opinión pública, ahora cambiaron de discurso pensando en las elecciones y los votos. La salud pública la defendemos los trabajadores y las familias contra estos vaciadores”.
En el mismo sentido, Gerardo Oroz, trabajador del Garrahan y secretario adjunto de la Junta Interna de ATE, afirmó que “tan importante como recordar el pasado reciente es denunciar la situación presente: para eso también es el acto”: “Es que el Garrahan sigue con problemas muy serios: el primero es que no ingresa personal hace tres años. Sin cubrir renuncias ni jubilaciones, la reducción de personal daña la calidad de atención y las condiciones de trabajo. Así, se redujeron turnos en distintas especialidades, mientras la cantidad de pacientes que toma cada enfermera se incrementa. A pesar de algunas obras, la situación de infraestructura es penosa. Las madres del Garrahan están denunciando demoras en la entrega de insumos, medicación y prótesis que implican daños en la salud de niñas y niños. Además, el gobierno no cumplió durante un año entero la emergencia pediátrica y ahora se niega a tratar la nueva ley. Para que no hagamos todas estas denuncias se montó una persecución terrible, con 40 sumarios que incluyen dictámenes de cesantías y suspensiones. Seguiremos alzando la voz y enfrentando con lucha el ajuste”.
Los jubilados de la mínima perdieron un 30 % de su poder de compra desde que gobierna Milei
Según el informe mensual del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), los jubilados y jubiladas que cobran el haber mínimo perdieron un 30% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. La pérdida acumulada alcanza los 6,5 millones de pesos por persona y afecta al 63% del total de jubilados y jubiladas, de acuerdo con el relevamiento elaborado en base a datos oficiales.
El economista Lavih Abraham explicó que la mayor caída se produjo durante los primeros meses de 2024, luego de la devaluación y el fuerte aumento de los precios. En ese período, las jubilaciones llegaron a perder hasta un 35% de su poder adquisitivo, sin que el gobierno aplicara una compensación.
La posterior modificación del sistema de actualización permitió recuperar una parte de lo perdido, pero no alcanzó para recomponer los ingresos. Abraham señaló que la pérdida inicial se ubicó en torno al 23%, pero el congelamiento del bono que acompaña a la jubilación mínima profundizó el deterioro.
“El bono se actualizó un par de veces y hace un año y medio que dejó de actualizarse y está en 70 mil pesos”, explicó. Mientras los haberes se ajustan de acuerdo con la inflación, el bono permanece congelado, lo que genera una pérdida adicional que se acumula mes a mes.
“Si decimos cuántos pesos son los perdidos por un jubilado de la mínima, estamos hablando de 6.500.000 pesos a lo largo de todo este tiempo”, precisó el economista.
Y agregó que se trata de dinero que cada mes deja de estar en el bolsillo de las personas jubiladas.
El informe del MATE también advierte sobre el deterioro de los ingresos de quienes trabajan. Los salarios reales del sector público se encuentran un 21% por debajo del nivel que tenían al asumir Milei, mientras que los del sector privado registran una caída del 7%. En términos acumulados, el estudio calcula que cada trabajador estatal perdió alrededor de 17,5 millones de pesos y cada trabajador privado, unos 3,3 millones.
Otro de los datos preocupantes es la caída del empleo registrado. Desde diciembre de 2023 se perdieron 375.016 puestos de trabajo formales: 265.765 del sector privado, 89.620 del sector público y 19.631 de casas particulares.
Abraham explicó que estas cifras surgen de las declaraciones juradas de los empleadores registradas en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Aclaró que la pérdida de puestos formales no significa necesariamente que todas esas personas hayan dejado de trabajar, sino que muchas pasaron a desempeñarse en actividades informales o por cuenta propia, con menores ingresos y condiciones laborales más precarias.
De acuerdo con el informe, en cinco de los primeros ocho meses de 2026 la evolución de la actividad fue negativa. Los sectores vinculados al mercado interno, como la industria, la construcción y el comercio, continúan entre los más afectados. En agosto, la industria registró una caída del 13,7% respecto de 2023; la construcción, del 19,3%; y el comercio, del 12,6%.
Por último, el MATE sostiene que el modelo económico necesita recurrir al endeudamiento para sostenerse. Abraham explicó que, aunque el país genera dólares a través de las exportaciones agropecuarias, petroleras y mineras, una parte importante de esas divisas se destina al pago de intereses de deuda y a la dolarización de activos por parte de grandes empresas y sectores de altos ingresos.
“Los dólares que la economía real genera no son suficientes para atender la demanda de la economía financiera”, plantea el documento. En esa línea, Abraham sostuvo que el esquema depende de conseguir financiamiento externo y que, cuando ese endeudamiento se encarece o deja de estar disponible, aparecen las dificultades para sostenerlo.
Fuentes: El Destape, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Agencia FARCO, Indymedia Trabajadoras/es y Canal Abierto.
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