“La mejor protección económica y social que le podemos dar “como gobierno” al pueblo hondureño es una vivienda digna”
(José Simón Azcona, expresidente de la República)
«Necesitamos hacer más, vamos a seguir entregando llaves de casas a las mujeres, porque la vivienda es un derecho constitucional»
Aunque no se reconoce públicamente, las políticas de acceso a la tierra y demás servicios de apoyo a la producción alimentaria de la década de los 70s y parte de los 80s, ayudaron a retener mayor población en el campo, ya que, además, se consideraron un aliciente para el autoempleo y generación de empleos directos e indirectos.
Con el ajuste económico y cambio estructural de los años 90s que, al parecer, se ha profundizado, los campesinos, sobre todo, los agrupados en cooperativas agrarias y pequeños productores, vendieron sus tierras y le apostaron al empleo urbano.
Abundan testimonios como el siguiente: Pedro agarró el machete y le digo a su mujer, nos vamos. Vendo la casa a 70 mil lempiras (4 lempiras por dólar), doy la prima para otra casa y nos ubicamos en la ciudad con un trabajo que me ofrecieron, o compro un terreno y construyó una choza a mi gusto.
Cuidado amor, en la ciudad todo es caro, aquí por los menos el agua es gratis y no ocupamos dinero para cocinar, comer, ni para luz. Pero mujer, no tenemos salud ni buena educación para nuestros hijos.
Dos años después Pedro no tenía empleo y dedicaba a chapear jardines. María, su mujer, se dedicaba a lavar ropa y planchar ajeno. Arrepentidos ya no tenían regreso, y enfrentaban el problema de acceso a la salud y medicinas caras. A ello se suma que su hijo mayor, Jorge, había sido acusado de robo de vehículos y venta de drogas.
En Honduras, las políticas de vivienda popular, o sea soluciones habitacionales de bajo costo (que no lo son), se focalizan en zonas urbanas y periurbanas, usando materiales —en su mayor parte— importados, y los locales, como adobes, arena y piedra, son caros para sus ingresos. Estas soluciones, las denominadasmínimas, son “jaulas”, donde solo es visible un cuarto, la cocina y un pequeño espacio para la sala. Una familia de cinco o seismiembros está destinada a vivir en confinamiento mientras no consigan recursos para construir otro cuarto o nivel.
Viene a la mente lo anterior, a raíz del estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y presentado por su director, el Dr. Héctor Figueroa. “Al cierre de 2021, una vivienda social costaba alrededor de 1.6 millones de lempiras, pero para finales de 2025 su valor ascendía a 2.8 millones, un incremento de 1.2 millones que profundiza las barreras económicas para acceder a un hogar (….)
La problemática no se limita a la falta de nuevas construcciones, pues también existe una considerable cantidad de viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, entre ellas materiales adecuados, pisos y techos seguros, así como acceso a servicios básicos, factores que determinan si un hogar puede considerarse apropiado para vivir”[1]
De acuerdo con el Dr. Figueroa, “solo el 43 % de las viviendas existentes cumple con los estándares mínimos de habitabilidad, mientras que el 57 % restante presenta algún tipo de déficit, una situación que exige atender tanto la construcción de nuevas unidades como la rehabilitación de aquellas que pueden recuperarse (…)
La brecha entre el precio de las casas y la capacidad económica de los hogares constituye uno de los principales obstáculos para reducir el déficit, pues, según Figueroa, los ingresos mensuales promedio rondan los 10.000 lempiras a nivel nacional, mientras que las cuotas de financiamiento de una vivienda pueden oscilar entre 17.000 y 24.000 lempiras”.[2]
Se estima que el déficit habitacional alcanza los 1.7 millones de unidades, cifra avalada porla Cámara Hondureña de Industria de la Construcción (CHICO), pero el Gobierno la la sitúa en 1.6 millones de unidades, entre nuevas y las que hay que reparar. En 2021, último año del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), el déficit habitacional total se acercó a los 1.5 millón de unidades, y en 2010, primer año de gobierno de Porfirio “Lobo Sosa” (2010-2013), el déficit ascendió a 1.150.000 unidades.
Todos estos gobiernos, incluyendo el de Xiomara Castro (2022-2025), han promovido la ejecución de una nueva política nacional de vivienda e institucionalidad, basada en un modelo de asignación de recursos a la banca de segundo piso, caso del Banco Nacional Hondureño de Producción y Vivienda ( BANHPROVI), para que diseñe nuevos mecanismos de financiamiento con subsidios a las tasas de interés y flexibilidades en condiciones de pago a las familias y/ o parejas según su condición socio económica, llegando incluso a condonar los pagos para familias de menores recursos.[3]
A ello se suma la creación de un Fondo Nacional para la Vivienda (FONVIVIENDA), el Bono de Vivienda de Interés Social y otorgamiento de subsidios que se deriva de la Ley Marco del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos (Decreto 173-2019) del mes de febrero de 2020, y más recientemente, con el Gobierno actual, el fortalecimiento de la Secretaria de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH) que integra el Fondo Social de la Vivienda (FOSOVI) y la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA).
Al igual que el déficit estructural, se han venido acumulando problemas que ameritan un tratamiento integral. El primero es el modelo de vivienda básico, donde es evidente un costo alto de insumos y materiales importados para su construcción.
El segundo es la política de vivienda bajo el enfoque del beneficiario “mudo”, o sea que no se le consulta sobre el tipo de vivienda que se construye.
El tercero la falta de recursos para sostener el subsidio y los problemas de empleo e ingreso monetario de los potenciales beneficiarios. Lo cuarto es el centralismo, donde la institucionalidad y política de gobierno no es descentralizada para que participen activamente los gobiernos locales y organizaciones sociales y gremiales de los municipios. Finalmente, está el equipamiento social básico y la inseguridad ciudadana, en coyunturas recurrentes de evidenciade falta de acceso[4].
En el Gobierno de Xiomara Castro hay evidencia de un aumento de recursos para apoyar la construcción de viviendas de menor costo (incluyendo mejoras de las existentes), estimados en 24,895 millones de lempiras, con subsidios a las tasas de interés en rasgos de 4.97% a 4% para vivienda de personas de bajos recursos y de 12% a 7% para clase media; aunque, el presidente de BANHPROVI, Edwin Araque, se quejó-al final-que no se le apoyó con el total de fondos solicitados.
El Gobierno actual, con la aprobación de la nueva política de vivienda y asentamientos humanos, busca aumentar dichos fondos e involucrar a los gobiernos locales, micro financieras, cooperativas y cajas rurales. De acuerdo al presidente de BANHPROVI, Jorge Amaya, se piensa mover y destinar más de 13.000 millones de lempiras adicionales al sector, conformado por 2,600 millones provenientes de recursos del Banco Central de Honduras (BCH), y 11.000 millones de un préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Ello incluye financiamiento para compra de viviendas, mejoras, compra de terrenos y construcción de viviendas en terreno comprado y/o lote propio. Se pretende lograr una meta inicial de 15.000 viviendas y subsidios de hasta 265.000 lempiras para la prima, apoyo a la construcción y tasas de interés preferenciales; igual una reducción “visible” de la cuota mensual de 7,800 4,800 Lempiras. [5]
Para el Gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), Silvio Larios, el país requiere construir 900 mil viviendas y mejorar 800 mil, pero con el apoyo de la CAF se pueden lograr unas 15.000 viviendas nuevas que pueden generar más de 110 mil empleos directos e indirectos. Ello supone que el Gobierno no tiene problemas de burocracia y corrupción, pero también que las condiciones de tasa de interés se mantendrán y los recursos estarán disponibles en el tiempo y monto requerido.
El Gobierno de la República tendrá que ejecutar programas masivos de construcción y mejora de viviendas para beneficio de familias de bajo recursos, sosteniendo el subsidio a la tasa de interés y las condiciones de crédito y subsidios o bonos. A finales del Gobierno de JOH se habló de más de 25,600 viviendas construidas, y en el de Xiomara Castro de 52.000 soluciones habitaciones en los cuatro años con una reducción “visible” en 2025. El problema es que no hay evidencia, ni registro ni mapeo, por lo que organizaciones de sociedad civil y población en general dudan de las cifras.
EL Articulo 10 de la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos habla del Sistema Nacional de Vivienda donde participan instituciones públicas como la ENEE, lo que queda del SANAA, las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento y los cocesionarios, sumado al Fondo Hondureño para la Vivienda. Se agregala Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (ASUPROVIH), la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), el Instituto de la Propiedad (IP), el Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH), el Colegio de Ingenieros Civiles (CICH) y otros de similar naturaleza; y, las relacionadas con el Financiamiento: BANHPROVI, el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), los Institutos Públicos de Previsión , la Comisión de Banca y Seguros, Banco Central de Honduras (BCH), Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), Cooperativas de Ahorro y Crédito y la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural (FUNDEVI), entre otras.
Se asume que la Política Nación de Vivienda y Asentamientos Humanos fue presentada por la SEVIAH y aprobada por todos ellos, pero desde los potenciales beneficiarios no hay consulta ni participación, lo que demanda que la política baje a los territorios, municipios y comunidades. A lo mejor se puede aprender de TECHO-Honduras, una ONGs que trabaja con jóvenes en las comunidades y moviliza recursos locales para la construcción de viviendas de bajo costo para familias pobres. [6]
El plan de gobierno del presidente Asfura, en realidad sus promesas de campaña, tiene como meta construir 550.000 viviendas de interés en 10 años, unas 55.000 viviendas por año, lo cual superaría los resultados alcanzados por los gobiernos anteriores; no obstante, su modelo de corte neoliberal y política monetaria restrictiva en respuesta a un inflación en ascenso y más alta de la región centroamericana ( 6.28% en septiembre), dice lo contrario y aleja a los “desarrapados” de tener su propia vivienda.
Para el Gobierno, la solución del problema habitacional requiere una visión multisectorial y compartida, pero también de nuevos enfoques de abordaje donde a los problemas de pobreza, desempleo, insuficiencia de ingresos monetarios y costo del dinero, se agregan problemas de ciudad como la falta de planeamiento urbano y ordenamiento territorial.
Notas:
[1]Ver Declaraciones de Héctor Figueroa citadas en el Blog Presencia Universitaria de la UNAH, del 26 de octubre de 2026.
[2]OP cit , 26-10-2026, UNAH.
[3]El Banhprovi opera con una red de instituciones financieras intermediarias (bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito, micro financieras y cajas rurales), pero puede también operar como banca de primer piso.
[4]Para la ONU-Hábitat la gestión del territorio es fundamental para definir una vivienda digna, donde destaca la seguridad de tenencia de la tierra, disponibilidad de servicios, habitabilidad y ubicación.
[5] El Gobierno ha anunciado un bono de L50.000 para casas y otro de L82.000 para apartamentos, apoyando las cuotas mensuales durante los primeros 10 años. Hay que seguir de cerca este ofrecimiento, ya que la experiencia demuestra que no se cumple para todo un periodo de mandato.
[6]Es importante además que la SEVIAH integre los grupos asesores y consultivos como el Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT), y la información del Sistema Sectorial.
https://rebelion.org/vivienda-popular-se-aleja-cada-ano/
