A casi un mes de bloqueos, desabastecimiento y desgaste institucional, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una rebelión social nacida en sus propios votantes, mientras desde los sectores conservadores crece la presión para una salida represiva
Acasi un mes del inicio de los bloqueos y movilizaciones que paralizan varias rutas estratégicas de Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una crisis política y social que se profundiza día tras día.
La protesta es impulsada por sectores campesinos, sindicales e indígenas urbanos (votantes de Paz), golpeados por la crisis económica y por el giro a la derecha de la política boliviana. Se mantiene como principal demanda la renuncia del primer mandatario.
La actualidad en la capital, La Paz, está marcada por el deterioro del abastecimiento, el encarecimiento de los alimentos y la carestía de combustibles.
Mientras, desde Santa Cruz, la región conservadora de Bolivia, presionan a Paz para que aplique “mano dura” contra los bloqueadores.
El resultado es un creciente desgaste institucional. En las calles y carreteras, la sensación dominante es que la única salida es que el presidente renuncie.
El Ejecutivo dice que apuesta por una salida dialogada, pero el diálogo sigue sin concretarse.
Recién para el próximo miércoles el gobierno convocó al Consejo Económico y Social que prometió como innovación para permitir una mayor participación de los indígenas en las políticas públicas.
El sábado, el gobierno intentó abrir un “corredor humanitario” entre La Paz y Oruro con apoyo policial y militar para garantizar el paso de alimentos, oxígeno y medicamentos.
El operativo terminó convertido en otro símbolo del deterioro político del momento: enfrentamientos, ataques con dinamita, gases lacrimógenos, un fallecido, el repliegue parcial de la caravana oficial y la creación de narrativas falsas alrededor del hecho.
La sensación dominante es que la única salida es que el presidente renuncie
En medio del caos, un medio de comunicación de propiedad de un ministro del gabinete impulsó la versión de que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, había sido secuestrado por los movilizados.
Horas después, la propia autoridad y el gobierno desmintieron el bulo y aseguraron que Zamora nunca estuvo desaparecido, sino desplazándose por rutas alternas por los enfrentamientos que su presencia suscitó en la carretera.
La gestión de la información se ha convertido en un campo de batalla.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció la circulación de fotografías falsas sobre un supuesto fallecido durante el operativo y afirmó públicamente que “no había un solo deceso corroborado”.
Sin embargo, horas después distintos medios de comunicación terminaron confirmando que sí existía una persona fallecida en el contexto de los enfrentamientos, aunque el gobierno sostiene que la muerte no fue producto del uso de armas letales ni de la acción directa de fuerzas policiales o militares; las imágenes, los movilizados y los familiares sostienen lo contrario.
La circulación de desinformación ha sido documentada por verificadoras bolivianas. La manera en que el poder administra la narrativa pública, en lugar de reducir la tensión, la aumenta.
El gobierno está atrapado en una lógica de comunicación defensiva y polarizante, muy cercana a los manuales de confrontación digital asociados al asesor presidencial Fernando Cerimedo.
La gestión de la información se ha convertido en un campo de batalla
En cada versión exagerada, en cada desmentido, en cada elevación del tono y en cada intento de ocultar o relativizar hechos sensibles hay peligro.
Lo que sucede es que se alimenta más la rabia social y la desconfianza de los movilizados.
De parte de los nuevos seguidores de Rodrigo Paz, las clases altas y medias, y la región de Santa Cruz, lo que existe es más presión exigiendo una intervención militar de mayor escala.
Quizás a estas alturas la metodología de acción que denuncian los audios del Hondurasgate no sea ninguna exageración. Bolivia está siendo otro laboratorio de la extrema derecha mundial.
Se pretende instalar la narrativa de que estamos ante un “golpe de Estado” o que sería “Evo Morales quien está al frente de estas movilizaciones con el único fin de volver a la presidencia” y, aún peor, que “las movilizaciones estarían siendo financiadas por el narcotráfico”.
Las manifestaciones son producidas por grupos campesinos y sindicales que votaron por Paz y que fueron relegados. Responden al malestar por el incremento de los precios, la mala calidad del combustible y a la sensación de que la crisis siempre la pagan los mismos. Y a que el poder ha vuelto a manos de la élite tradicional.
Bolivia atraviesa una crisis mayor que no se podrá solucionar controlando los relatos ni con amenazas de estados de excepción
Lo más contradictorio de todo esto es que un escenario de mayor violencia podría ser devastador para el propio presidente Paz.
El ingreso más agresivo del Ejército a las carreteras no solo erosionaría aún más la legitimidad de un gobierno que llegó prometiendo diálogo y pacificación, sino que podría fracturar todavía más el delicado tejido social boliviano, marcado históricamente por heridas regionales, raciales y políticas.
Surge entonces la gran interrogante del por qué el gobierno ha promovido el fin de semana que pasó la abrogación de una ley reglamentaria del estado de excepción, que no está completa aún.
Esta ley expresa de forma clara que las movilizaciones sociales no son un argumento para declarar un “estado de sitio”, como se llama coloquialmente en Bolivia, y que nos remite a los oscuros días de las dictaduras.
Hay que ver que si la abrogación se completa en la Cámara de Diputados y si el gobierno se anima a hacer lo que había prometido que no haría: “poner mano dura”.
Bolivia atraviesa una crisis mayor que no se podrá solucionar controlando los relatos ni con amenazas de estados de excepción. La economía deteriorada, el desgaste político y la ausencia de acuerdos reales avanzan más rápido que cualquier conferencia de prensa o creación de narrativas o sesiones parlamentarias.
Mientras el gobierno gana tiempo hasta el miércoles, la zozobra crece en las ciudades y en las rutas.
Y en un país acostumbrado a que los conflictos escalen abruptamente, cada día sin soluciones concretas aumenta el riesgo de que la crisis entre en una fase mucho más difícil de contener.
https://www.diario-red.com/articulo/america-latina/bolivia-conflicto-encuentra-salida/20260525213555070279.html
