Privilegio social de seguridad y paz en Nicaragua

“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”

(Mt. 5, 9).

En diciembre en Nicaragua, cuando abundan las festividades desde la religiosidad popular, devota y pagana, folclórica, cultural y comercial, con la alegría contagiosa de luces, música, sabores y colores que propician el encuentro familiar y comunitario, es evidente la seguridad y la tranquilidad de la que goza el país y que los ciudadanos disponen como un invaluable patrimonio común.

Los favorables resultados de la seguridad ciudadana confirman una vez más en 2022, cuando concluirá, por tercer año consecutivo, con la menor tasa de homicidios de Centroamérica, son una privilegiada condición en las relaciones colectivas y comunitarias que constituye un indicador clave en el estado de la salud social, es decir, podemos reconocer que la sociedad se muestra sana, que es capaz de administrar y resolver los conflictos de la convivencia y la interrelación entre las personas en la comunidad y en el que sus instituciones y la organización social juegan un papel relevante.

Según datos preliminares no oficiales, el año concluirá con una tasa de 7 homicidios por 100 mil hab., unas 460 víctimas de la violencia delictiva, por lo que representa el riesgo objetivo de inseguridad más bajo de Centroamérica.

Hagamos un recorrido por la región cuya tasa media de homicidios cerrará el año con 17.4 x 100 mil hab.:

Aunque son meritorios los datos que tendrá El Salvador al bajar la tasa de 18 x 100 mil habitantes de 2021 a 11 en el presente año, con unas 700 muertes, los costos humanos, sociales y económicos por las acciones institucionales de lo que llama asumir el “control territorial” contra el grave problema de las pandillas son dramáticos, llegando al extremo de declarar en algunos municipios el estado de excepción, utilizar al ejército en funciones de seguridad pública, recurrir a la detención indiscriminada –la tasa más alta de la región; casi 55 mil detenciones- y usar la coerción desproporcionada policial y militar con el riesgo de criminalizar a los sectores excluidos, fomentar los abusos por el uso de la fuerza, afectar y restringir severamente los derechos ciudadanos.

Según encuesta de Iudop-UCA (mayo 2022), el 78.7% percibe que la delincuencia en el país ha disminuido y el 89% piensa que la suspensión de derechos y garantías en el Régimen de Excepción ha sido útil para reducir la delincuencia.

La última represión masiva ejecutada bajo decreto de suspensión de garantías utiliza el impresionante despliegue de 8500 soldados con sus medios militares y 1500 policías para cercar el municipio de Soyapango (290 mil hab.), parte del área metropolitana de San Salvador, uno de los más densamente poblados, bloqueando los accesos para buscar y capturar a presuntos miembros de las bandas criminales.

Guatemala, -la nación más multicultural y multiétnico, con la mayor población de la región (17.1 millones de hab.) y cuya economía representa el 22% del PIB-, al 5 de diciembre de 2022 registraba 2806 homicidios, es de esperarse que concluya el año con 3060 casos, tasa de 18 x 100 mil hab., lo que implica un incremento de 6% con respecto al período anterior (16.6 x 100 mil hab.).

Al igual que en El Salvador y Honduras, en Guatemala también se ha recurrido al ejército para luchar contra la insoportable violencia delictiva.

En enero de 2019 el gobierno decidió retirarlos de esa función, sin embargo, en mayo de 2022, regresaron a patrullar las calles junto a la Policía Nacional Civil.

Algunos consideran que después de flexibilizarse las medidas de restricción por la pandemia, volvieron a incrementarse las manifestaciones de la violencia delictiva; en general, amplios sectores de la población aprueban las acciones militares y radicales para restaurar la deteriorada seguridad pública.

Honduras continúa con la tasa de homicidios más alta de Centroamérica, 37 x 100 mil hab. (unos 3,500 casos), a pesar de la reducción de 12% con respecto a 2021.

El riesgo de la violencia delictiva interna es tal que fue decretado por el legislativo el “estado de excepción parcial” por 30 días a partir del 6 de diciembre, en 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, debido a la gravedad de los delitos cometidos por las pandillas, para frenar las extorsiones, el sicariato y los secuestros.

El gobierno hondureño lamentó “la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas”.

La inseguridad ciudadana, está ubicada en el cuarto lugar de las preocupaciones de la población de Costa Rica cuyos resultados, desde hace seis años, superaron la barrera de 10 homicidios por 100 mil hab.

Según encuesta, el 65% considera que el país es “poco o nada seguro” (PNUD, octubre 2022). Los habitantes perciben la amenaza del narcotráfico, el deterioro social, el incremento de las brechas de la desigualdad y algunos atribuyen parte del problema al incremento de los flujos de inmigrantes que no gozan de idoneidad para ser admitidos como refugiados o asilados.

Para sus ciudadanos parece lejano el tiempo cuando la tasa de violencia registrada era la mitad de la actual.

Las personas perciben mayor inseguridad (subjetiva) de la real (objetiva), al comparar su situación actual agravada con el pasado que ofrecía condiciones más seguras. En 2022 es posible que se registren 620 homicidios y que la tasa sea de 12 x 100 mil hab., 8% mayor que el año pasado.

Panamá registrará la segunda tasa más baja de Centroamérica, después de Nicaragua, con 11 x 100 mil hab. y unas 470 víctimas de la violencia criminal, observará reducción de 9% con respecto a 2021, aunque continúa siendo un poco mayor que la de años anteriores. El país ha registrado durante el último quinquenio el mayor crecimiento del PIB de la Región, aunque fue afectado, como todo el mundo, por la crisis de la pandemia y no ha logrado alcanzar la dinámica económica prepandémica.

La alarma por la violencia delictiva y sus peligrosas consecuencias humanas incluyendo la fractura social y el desgaste económico, aunque en los tres países del Norte de Centroamérica ha bajado del extremo cercano a 100 homicidios por cada 100 mil hab. de hace diez años, continúa siendo un preocupante y complejo problema social de carácter endémico.

Únicamente Nicaragua, en donde no han sido utilizadas las fuerzas militares en las labores de seguridad pública cuya función exclusiva, conforme la ley, está en manos de la Policía Nacional, y los paliativos socioeconómicos de su modelo político han reducido el impacto de la crisis de 2018 al ser superadas las perturbaciones a la paz social, la convivencia y la libre circulación que provocó el fracaso golpista y atendidos los efectos de la pandemia en los sectores más vulnerables, obtendrá el menor valor absoluto y los más favorables resultados de seguridad ciudadana con la tasa de homicidio de un dígito –indicador más confiable y aceptado a nivel global-, observando la prevalencia de la delincuencia común y comunitaria a diferencia de los vecinos del norte, donde las pandillas, las maras y el crimen organizado son capaces aún de imponer control territorial parcial y temporal, afectar la movilidad y ocasionar una frecuencia más alta de delitos graves.