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A pocos días del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 en Cuba, el joven abogado Fidel Castro, “con despacho de abogados en Tejadillo, No. 57”, presentó una denuncia en los tribunales acusando a Fulgencio Batista del delito de sedición.
Motivados por el interés personal o la cobardía, el equipo legal de juristas, defendiendo el golpe de Estado de Batista contra la Constitución de 1940, alegó que sus acciones no constituían un golpe, sino una revolución, lo cual era aceptable ante la ley.
A esto, Fidel respondería en sus argumentos:
… No hubo programa revolucionario, ni teoría revolucionaria, ni declaraciones revolucionarias anteriores al golpe: (son) políticos sin pueblo, que, en todo caso, se convirtieron en asaltantes de la toma del poder. Sin una nueva concepción del Estado, de la sociedad y del sistema jurídico, basada en profundos principios históricos y filosóficos, no puede haber revolución que merezca el derecho. Ni siquiera se les puede llamar delincuentes políticos.
Por supuesto, los cargos no se mantuvieron. Batista permaneció en el poder; lo había tomado con el uso de la fuerza y el apoyo de los Estados Unidos. Fidel, a su vez, entendió que los medios legales para luchar por la democracia, la justicia social y la soberanía popular se habían agotado y que era hora de pasar a la lucha armada.
Sin embargo, a la luz de los acontecimientos recientes, este caso, presentado hace casi 70 años, nos ofrece algunos razonamientos esclarecedores.
El pasado 11 de julio, cientos de personas salieron a protestar en todo el país, provocadas por una campaña político-comunicacional organizada en el extranjero, entre otros factores.
Algunos estaban comprensiblemente cansados del servicio eléctrico irregular y los cortes de energía, y agotados por la pandemia que en ese momento había llegado al momento más crítico para nuestro país. Otros simplemente se unieron para expresar su animadversión hacia el gobierno y el modelo socialista vigente.
Entre estos últimos, hubo algunos que recurrieron a la violencia, arrojando piedras, botellas, agrediendo a los defensores del orden constitucional -civiles y autoridades-, volcando autos en la vía pública.
También hubo miserables oportunistas que aprovecharon la conmoción social para saquear establecimientos, robar electrodomésticos, saquear tiendas…
La evidencia que corroboraba estos hechos la aportaron los propios perpetradores quienes, embriagados por la momentánea impunidad de sus actos, subieron fotos y videos de sus actos. “hazañas” en las redes sociales.
En la tarde del 11 de julio se había restablecido una calma relativa. Muchos ciudadanos fueron arrestados y acusados. Una vez que se identificó a los que se habían comportado pacíficamente, o fueron atrapados inadvertidamente en los hechos y arrestados injustamente, fueron liberados a los pocos días.
Algunos interpusieron denuncias judiciales, acudiendo a los mecanismos de nuestro Estado socialista de derecho, y hoy están recorriendo las calles de sus respectivas ciudades, mientras avanza este proceso.
Pero los que aprovecharon las horas difíciles para agredir a los demás, para destruir; los que usaron la confusión como una oportunidad para robar; quienes creían que la Revolución se había derrumbado y que era hora de agravar el caos con insultos y pedradas, incluso atacando hospitales, estos individuos se equivocaron tristemente al albergar la ilusión de que sus actos quedarían impunes, y hoy enfrentan la justicia consecuencias de su conducta.
Los enemigos de la Revolución no tardaron en calificar de “presos políticos” a los acusados de delitos graves, incluso antes de que concluyeran los procesos judiciales.
Así como en 1952, cuando hubo quienes intentaron ungir a Batista con el sagrado título de revolucionario, hoy el coro de la histeria reaccionaria busca presentar a los ladrones y agresores como “víctimas del régimen cubano”, en una guerra semántica que pretende distorsionando conceptos en un intento de dignificar lo incorregiblemente deshonroso.
Responderemos a estos pretendientes con las palabras de Fidel en 1952, “…para Jiménez de Asúa, el profesor de juristas, sólo “quienes luchan por un régimen social de carácter avanzado y mirando al futuro” merecen ser considerados criminales políticos, “ nunca los reaccionarios, nunca los retrógrados, nunca los que sirven a los intereses de camarillas ambiciosas. Siempre serán delincuentes comunes, para quienes nunca se justificará la toma del poder por la fuerza”.
https://mronline.org/2022/02/19/political-prisoners-in-cuba/
