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El fiscal peruano Germán Juárez, quien durante varios años investigó al expresidente Ollanta Humala, lo acusó hoy de recibir fondos electorales de Venezuela y Brasil, con cargo a probarlo durante el juicio al exmandatario.
En el segundo día del proceso, Juárez sostuvo que la empresa brasileña Odebrecht aportó tres millones de dólares para la campaña electoral de 2011, ganada por Humala, a pedido del entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva, lo cual niegan los inculpados.
Como prueba, citó testimonios de ejecutivos de la empresa constructora que, según el abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, caen en contradicciones y, sobre todo, solo dicen que entregaron los fondos, sin mostrar la llamada ruta del dinero, a diferencia de casos similares, en los que han mostrado como lo dieron.
Pedraza sostuvo que el alegato del fiscal Juárez es muy general y está plagado de "fábula y fantasía", pues carece de las pruebas que dice tener.
También afirmó que el exgobernante recibió del Estado venezolano fondos electorales ilícitos para los comicios de 2006 y citó como el contacto para obtenerlos al venezolano William Chávez, editor de un periódico en inglés y quien no puede declarar porque ha fallecido, según fuentes judiciales.
En la segunda jornada del juicio, el fiscal pidió 20 años de cárcel para Humala y su esposa, Nadine Heredia, por blanqueo de fondos ilícitos recibidos y los acusó de costear con ello su campaña.
Juárez culminará mañana la acusación, en la que pedirá otros seis años y seis meses para Heredia por otros cargos.
Hoy solicitó penas de prisión, como cómplices, para la madre de Heredia, Antonia Alarcón; su hermano, Ilan Heredia, y su amiga de infancia, Rocío Calderón, el primero acusado de manejar los fondos y ellas de recibir parte de los mismos y trasladarlos a la esposa de Humala.
Los demás acusados son Santiago Gastañadui, exparlamentario del Partido Nacionalista, de Humala; Mario Torres, tesorero de la organización, y Martín Belaúnde, quien fue activista electoral de Humala.
También Maribel Vela, Eladio Mego y Carlos Arenas, así como la empresa Todo Graph SAC y el Partido Nacionalista, la primera cerrada y según el fiscal usada para lavar parte del dinero, y el segundo disuelto al perder su registro oficial por no alcanzar en los comicios de 2011 los votos requeridos para mantenerse vigente.
(Prensa Latina)
