Después de casi agotar su arsenal de medias verdades y mentiras completas sin obtener los resultados perseguidos, los medios tarifados de la derecha local en consonancia con el terrorismo mediático del capitalismo global, empeñados en descarrilar el proceso de cambios en favor de los sectores populares nicaragüenses que vigorosamente impulsa el gobierno sandinista del Comandante Daniel Ortega, nos bombardean hoy con una potente campaña de desinformación y mentiras cuyo eje principal es el supuesto de si los gringos (principalmente) suspenden a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana con , conocido por sus siglas en inglés como DR-CAFTA, la economía de nuestro país colapsaría irremediablemente, trayendo como corolario fatal un frenazo a nuestro desarrollo como país y miseria y desesperanza al pueblo nicaragüense.
¿Cuánta verdad encierra esta amenaza?
Para analizar esta interrogante empecemos por tratar de entender sucintamente qué es en realidad el DR-CAFTA.
Encarriladas las principales economías de Europa Occidental y Japón sobre los rieles del modelo capitalista y de democracia liberal dependiente de los Estados Unidos luego del fin de la II Guerra Mundial, los yanquis y sus grandes corporaciones transnacionales re-direccionaron sus esfuerzos hacia el Sudoeste asiático, el Lejano Oriente y América Latina con una nueva doctrina de dominación política e ideológica, que a su vez les garantizó el control total y exclusivo sobre sus recursos naturales, procesos productivos, el comercio y mercado de capitales de sus viejas y nuevas zonas de influencia.
Bajo su égida de primera potencia imperialista global, los gringos dan un nuevo impulso en Latinoamérica (iniciado tímidamente después de la gran depresión de los años treinta) a un modelo económico basado en la sustitución de importaciones acompañados de iniciativas regionales integracionistas como el Grupo Andino y a principios de los años sesenta, el Mercado Común Centroamericano (MCC) con un discurso que pregona la necesidad de superar el estatus de exportadores netos de materias primas hasta alcanzar altos niveles de industrialización, pero que realmente esconde la intención de consolidar a la burguesía local como líder como la clase dominante en cada una de las repúblicas con un alto sentido de pertenencia y lealtad al sistema capitalista y sus “valores” y particularmente, dependientes de los Estados Unidos.
El fracaso estrepitoso del MCC, la crisis de la deuda externa regional y el alza del movimiento de liberación nacional en la mayoría de los países del área en las siguientes dos décadas, obligó a las élites del poder yanqui a replantearse nuevas estrategias de control y dominación en “su traspatio”.
Los procesos de globalización ya iniciados trajeron consigo la necesidad, por parte de los poderes facticos, de repensar nuevamente los modelos vigentes, lo que a su vez trajo como resultado paradigmas que dejaron atrás el pensamiento y praxis económico de post-guerra.
Los cárteles y las principales instituciones multilaterales financieras del capitalismo global, dictaron las pautas de un nuevo orden capitalista mundial en el famoso “Consenso de Washington” donde se creó la plataforma teórica del neoliberalismo que pronto los gringos “recetarían” al mundo entero.
El Imperialismo yanqui se reinventaba y en lo económico dispuso tumbar los Estados nacionales, el proteccionismo, las barreras arancelarias, etc. para asegurarse que los procesos naturales de la Globalización no le arrebataran sus áreas de influencia exclusiva alrededor del mundo y particularmente, en América Latina donde la lluvia de beneficios sería cosechada por las élites de la clase explotadora, prometiendo para la masa trabajadora algunas “ gotas de ese bienestar que de alguna manera pringarían a los de abajo”.
Bajo el liderazgo de la empresa privada, el neoliberalismo ponía todo a la venta (inclusive el agua, el aire y la Luna), se abrían de par en par los mercados locales a la inversión extranjera sin restricción alguna, se subordinaba la legislación nacional, los conceptos de ciudadanía y soberanía al imperio de los contratos comerciales.
El paquete de “diez puntos“ del Consenso de Washington ponía en cintura al “Tercer mundo” y lo subordinaba a los dictados del mercado. Las Instituciones multilaterales financieras (MB, FMN, BID, etc.), la Reserva Federal yanqui y las corporaciones globales pasaban a constituirse en los gobiernos nacionales y muchas veces, en los verdaderos detentores del poder del Estado de cada una de esas naciones periféricas.
Con la agudización de la competencia capitalista por los recursos y mercados globales a principios de los años noventa con la entrada en escena otros jugadores como China y (desplomada la URSS) Rusia, India, además de las antiguas potencias capitalistas del Viejo Continente, ahora en el bloque de la Unión Europea y por supuesto Japón, Corea del Sur y otras economías emergentes, los yanquis se apuran a poner en práctica su nueva estrategia de dominación integral a la altura de un mundo globalizado y cada vez más interdependiente:
La creación de zonas de libre comercio alrededor del mundo, con énfasis en América Latina.
Se diseñaron entonces los Tratados de libre comercio (TLCAN, ALCA, CAFTA, etc.) y otros planes y proyectos de integración regional (Plan Puebla Panamá, Plan Colombia, etc.) que persiguen (al igual que los pactos militares posteriores a la II G.M., en primer lugar preservar la seguridad nacional gringa a la vez que apuntalan su poder político mundial también a través del comercio.
La brutal asimetría entre las economías gringas y (por ejemplo) la nicaragüense, con un PIB de la primera que supera en más de 4600 veces a la segunda y que también podemos ilustrarla con un dato de veinte años atrás: El superávit comercial de 375 mil millones de dólares a favor de los Estados Unidos.
Estos datos escalofriantes nos dan las pistas para comprender que el interés gringo por concertar este Tratado (“Acuerdo” le llaman ellos) y cualquier otro de esta naturaleza, es en primer lugar geopolítico y en segundo término es un instrumento que primordialmente garantiza la protección de las inversiones gringas.
Tanto es así, que el sistema jurídico yanqui autorizó mediante una Ley marco a sus presidentes a negociar sin dilación y a discreción tales acuerdos, como siempre sucede en asuntos tocantes a su cacareada seguridad nacional.
También resulta obvio que a lo interno de nuestros pequeños países, los grandes beneficiados con el DR-CAFTA son las oligarquías criollas reconvertidas en burguesía nacional.
Ellos son los que han aprovechado la privatización generalizada de los activos nacionales que conllevan las políticas neoliberales y “las oportunidades” que brinda al DR-CAFTA a la élite empresarial y al final cuando el capital transnacional se logre apoderar completamente de la economía nacional ellos, esta minoría ambiciosa y vendepatria, gozará las migajas que aquellos dejen a costa de la subordinación total a los planes de su “big brother”.
Más que una libre aprobación y ratificación del RD-CAFTA, este tratado resultó ser una imposición para cada uno de los países asociados (sólo en Costa Rica fue realizado un referéndum, muy reñido por cierto, para ratificarlo), y por eso durante casi cinco años que duró la aprobación por todo los miembros, en todos estos países se realizaron grandes jornadas de protestas contra la anexión al mismo.
Sin embargo, las élites con enormes partidas financieras lograron su objetivo, invisibilizando, opacando el proceso de discusión del Tratado, realizándolo casi en secreto, a prisa y con poca discusión de fondo de cada punto, aún aquellos en que la patria salía perdiendo frente a los intereses gringos.
Al final, el Imperio impuso el tratado a partir del 2002, hasta lograr su ratificación en todos los países miembros pocos años después.
Los gringos pusieron el énfasis en sus negociaciones en el tema arancelario, la protección de los derechos de propiedad intelectual, las medidas anti-dumping, los asuntos jurídicos que deberían tratar de igual a igual a un extranjero que aun nacional en cualquier controversia o caso legal, es decir que su objetivo más importante para los gringos no era el comercio en sí, sino que sus empresas y ciudadanos pudieran prevalecer ante las leyes nacionales.
¿Qué se negoció?
Prácticamente se le dio acceso a la inversión privada a toda nuestra economía, principalmente a todos los servicios públicos (incluyendo las finanzas, transporte, telecomunicaciones, salud, agua, electricidad, seguridad social, educación, infraestructura pública, compras del sector público, etc.), los procedimientos para la disolución del sector estatal, las inversiones, agricultura, acceso a mercados, derechos de propiedad intelectual, los mencionados subsidios anti-dumping, solución de controversias, además de la inversión en la industria, producción, maquila, la desgravación arancelaria, etc. Prácticamente todo lo importante.
Se prohibieron los subsidios, por ejemplo, en la agricultura, pero sin que los gringos renunciaran a subsidiar a sus propios agricultores, que de esa manera se ponen en una posición muy ventajosa frente a sus homólogos en los países centroamericanos y que según lo que se deriva del Tratado, en pocos años inundarían con sus productos transgénicos nuestros mercados, acabando con nuestra agricultura milenaria y poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria y la salud de todos nuestros pueblos.
Todo esto con el objetivo de conformar una verdadera Zona de Libre Comercio, muy propicia para la inversión extranjera directa, una economía completamente abierta, avocada al libre tránsito de capitales y mercancías, desregulada y cuyo sistema jurídico se supeditara a los objetivos del Tratado y no su Constitución política.
Un punto toral en la negociación del DR-CAFTA fue el tema de las reglas y procedimiento de origen que impone una rígida reglamentación de los productos y mercancías en base al origen de sus componentes y fabricación.
Los gringos pusieron el énfasis en sus negociaciones en el tema arancelario, la protección de los derechos de propiedad intelectual, las medidas anti-dumping (por ejemplo evitar que un país miembro pueda utilizar medicinas genéricas en su territorio aunque estas sean más accesibles para su población menos favorecida que las producidas por la grandes corporaciones bio-farmacéuticas gringas y europeas), los asuntos jurídicos que deberían tratar de igual a igual a un extranjero que aun nacional en cualquier controversia o caso legal, es decir que su objetivo más importante para los gringos no era el comercio en sí, sino que sus empresas y ciudadanos pudieran prevalecer ante las leyes nacionales.
De lejos la agroindustria es el rubro más dinámico y con mayores perspectivas de nuestro país dentro del Tratado. Carne, leche, café, tabaco, aceite vegetal, azúcar, no tradicionales, etc., por las condiciones geográficas, mano de obra y transporte abundantes y baratos, menos regulaciones laborales, poca regulación en el uso de aguas nacionales y en el uso de agroquímicos un mercado gringo muy ávido de productos agropecuarios y sobre todo que sus productos tienen un origen cien por ciento nacional, cumpliendo con las regulaciones de origen plenamente.
Sin embargo, estas actividades son las que más daño real y potencial infringen desde ahora a nuestro medioambiente, a la seguridad alimentaria, a la disponibilidad y reservas de agua potable y la existencia de cuerpos de agua naturales. Al mismo tiempo que los bajos salarios y agotadoras jornadas laborales del sector condenan a la pobreza a sus trabajadores y a sus familias.
En este punto es importante mencionar a la producción nacional bajo el Régimen de Zonas Francas, pues es muy obvio el traslape de intereses de estas con los “beneficios” resultantes del Tratado de Libre Comercio con los Estados.
¿Qué es en realidad una Zona Franca Industrial?
La historia de la utilización de zonas especiales donde un Estado soberano crea en alguna porción de su territorio la ficción jurídica de extra-territorialidad, inicia hace un par de milenios en China y las ciudades-estados mediterráneas, con designación de las ciudades y puertos francos, dispuestos a la elaboración y comercio de mercaderías donde se conceden regímenes especiales aduaneros y fiscales en esas localidades concretas de su territorio.
Los objetivos parecieran sencillos y justos: Dinamizar la economía propia a través de las exportaciones, alcanzar otros mercados, garantizar cierto traslado tecnológico a su propia economía, garantizando la integración vertical de la economía local y aumentar la ocupación laboral en tiempos relativamente cortos. Objetivos que en general, son casi los mismos que hoy persiguen los países contemporáneos que promueven la creación de zonas francas industriales en su territorio, pero a la vez con contenidos de mayor envergadura como es la producción industrial y el uso de las facilidades tecnológicas contemporáneas en interrelación con un mundo globalizado.
Es decir que si antes “ciudad franca” tenía más que ver con la elaboración y tránsito de mercaderías con fines de comercio, hoy las zonas francas son instrumentos de la política comercial donde las empresas instaladas hacen uso de las bondades de mercados abiertos y poco o nada regulados, diversificando sus actividades hasta abarcar los servicios, la agricultura, el turismo, alta tecnología y otros campos no menos importantes donde la territorialidad y la excepción de impuestos siguen siendo la base para que el Estado nacional y las empresas usuarias (“capital golondrina” le llaman los detractores) continúen colonizando la geografía y las ramas de la economía de los países receptores de las llamadas zonas francas industriales.
Un detalle no menos importante que diferencia a las "ciudades o puertos francos" con los regímenes de zonas francas de hoy en día, es el hecho de que aquellas eran creadas casi siempre a iniciativa y por necesidades de los Estados receptores, en cambio las de hoy se deben más a las necesidades del mercado globalizado necesitado de economías débiles o emergentes, con sistemas jurídicos muy frágiles (que permitan incluso el enclave de empresas de producción muy toxica para el Medioambiente y la depredación de los Recursos Naturales) mano de obra muy barata, élites empresariales entreguistas y gobiernos muy genuflexos y de poca imaginación a la hora de buscar rutas de desarrollo independientes y eficaces.
En Nicaragua la historia del régimen de zonas francas arranca en los años cincuenta, pero es hasta mediados de los setenta del siglo XX que aparece una legislación más seria y especial sobre el régimen de zonas francas, instalándose en el país las primeras empresas y primeros parques industriales. Con el arribo al poder de los gobiernos neoliberales en los años noventa se inicia “la época de oro” del régimen de zonas francas en el país.
A partir de la publicación del decreto con fuerza de ley (Decreto 46-91) y sus reformas, junto a otras Leyes (Ley de promoción de exportaciones y Ley de inversiones extranjeras) el gobierno burgués asesorado por los yanquis empieza a conformar el marco jurídico, no sólo de una economía de libre mercado, sino que inicia el desmantelamiento de las conquistas revolucionarias de los años ochenta y abre nuevamente las puertas al capital extranjero y pavimenta el camino para los cambios políticos e ideológicos que realinean a Nicaragua con los intereses del Imperialismo yanqui.
Bajo el régimen de zonas francas, primordialmente en la rama de maquilas (es decir aquellas empresas de zonas francas que sólo utilizan la mano de obra local como un único valor agregado a los mercancías que están obligados por la ley a exportar) y aprovechando las óptimas condiciones para su negocio, creadas por los gobiernos neoliberales (sobre todo las exoneraciones fiscales) las mismas empresas que en un inicio estaban circunscritas mayoritariamente al sector textil-vestuario u otras nuevas, casi siempre de capital privado (foráneo, nacional o mixto) van afianzándose en otras ramas de la economía, principalmente en la agricultura y agro-industria donde van acaparando enormes cantidades de tierra para plantaciones (“desiertos verdes” le llamamos los que las adversamos) de caña de azúcar, palma africana, tabaco, gramíneas, etc. que ya van constituyéndose como un grave problema para los frágiles ecosistemas del país.
Impulsados por la obtención del mayor lucro posible algunas de las empresas de zonas francas han desarrollado una relación simbiótica con los beneficios ofrecidos a los empresarios por los acuerdos del DR-CAFTA.
Es decir, algunas de estas empresas (sobre todo las relacionadas con los procesos agrícolas que calzan en la producción de mercancías de pleno origen nacional) se lucran tanto de la exoneración de impuestos y otros beneficios del régimen de zonas francas industriales, como de las exoneraciones aduaneras de los Estados Unidos en atención a los acuerdos firmados en el DR-CAFTA.
Sin embargo, hay sectores (como el textil-vestuario) cuya minuciosa reglamentación dentro del Tratado de Libre Comercio con los yanquis, no les está permitido esa doble ganancia.
Por ejemplo, una pieza de vestido que se quiera exportar desde Nicaragua a los Estados Unidos, no puede tener más de un diez por ciento de su peso en materiales no producidos en nuestro país, de lo contrario esta mercancía será grabada por la aduana gringa como cualquier producto no incluido en el Tratado.
Detalles como el arriba mencionado (que por lo visto tienen tanta importancia para los gringos que tuvieron que reglamentar a lo largo de dos mil y tantas páginas del texto principal y los anexos que forman el Tratado) nos dan una idea que la mayoría de las empresas acogidas al régimen de zonas francas en Nicaragua (sobre todo, la textil-vestuario que hoy representa más del 60 por ciento de las exportaciones totales y emplea al setenta por ciento de los trabadores de zonas francas) no están ligadas al DR-CAFTA y sus ventajas competitivas comerciales las construyen aquí, con las ventajas que le proporciona el régimen de zonas francas de Nicaragua.
Aunque nadie aún (incluyendo al gobierno) ha hecho una investigación comparativa exhaustiva sobre cuánto han sido los beneficios reales obtenidos tanto con el DR-CAFTA y cuanto hemos dejado de percibir como país no sólo tributaria y económicamente, sino en desarrollo social, calidad de vida de la mayoría de los nicaragüenses y daño al medioambiente.
Sin embargo, de seguir al ritmo actual el impacto del Tratado sería catastrófico para el país. Basta, como ejemplo, caminar por los inmensos plantíos de palma africana en el Caribe y Sur de nuestro país para ver el daño para a la fauna, flora, a los ríos y demás cuerpos de agua, a la agricultura tradicional y el bosque natural. Un trabajo poco remunerado, de bajísima calificación en plantíos desecados donde no se oye el canto de un pájaro.
Cálculos independientes arrojan cifras ya en el año 2004 (cuando sólo los operadores de Zonas francas eran un tercio de la cantidad actual), que estiman en 4.3 millones de dólares en impuestos exonerados.
Sin embargo el daño a nuestra economía no puede ser calculado cuando cientos de miles de artesanos son llevados a la quiebra y productos que podrían ser producidos y exportados en el régimen fiscal corriente hoy están dentro del régimen de zonas francas. La lista de daños es inagotable, superando con creces a los beneficios.
En lo social, el impacto a mediano y largo plazo es de grandes proporciones.
Por ejemplo, Nicaragua goza de un “bono demográfico” excepcionalmente positivo y que durará varias décadas sin embargo, gran parte del mismo lo desperdiciamos en las empresas de zonas francas, donde más de 120,000 jóvenes trabajan agotadoras jornadas laborales con salarios muy bajos, en labores rutinarias que aumentan sus habilidades y conocimientos, que en la mayoría de los casos no les es posible seguir una educación formal y que ya o pronto, la siguiente generación (sus hijos) entraran a ese círculo viciosos de pobreza.
La suspensión de Nicaragua del DR-CAFTA, si acaso ocurriera, seguramente traería serias complicaciones económicas y financieras e incluso sociales a nuestro país, pero no supondría un desastre fatal, pues Nicaragua ya es una economía suficientemente abierta e integrada a los procesos económicos globales y los acuerdos de libre comercio sólo son un componente (temporal) en la estrategia de desarrollo del país y no la gran ruta hacia el bienestar de todos los nicaragüenses.
Así lo dispuso nuestro gobierno de Reconciliación Nacional al arribar al poder en el 2006, muy claro de que el control total de la economía por parte de una élite burguesa exportadora y sobre todo, de las corporaciones trasnacionales yanquis a través de la completa implementación de los acuerdos del DR-CAFTA, no es viable para nuestro modelo de desarrollo diseñado por el gobierno sandinista del Comandante Daniel Ortega, ni con nuestra política de defensa de nuestra soberanía patria.
Tal suspensión caprichosa y abusiva no presupone el desplome del sector económico del régimen de zonas francas en Nicaragua, que también es un componente muy importante en las actuales condiciones socioeconómicas globales, pero que igualmente es un elemento temporal dentro de nuestros planes de desarrollo.
Para quien sí sería desastrosa (“como dispararse a su propio pie”) la suspensión de Nicaragua del DR-CAFTA es para la propia burguesía agroexportadora, que no es más que la misma oligarquía criolla que ha cifrado su permanencia como clase dominante y su modo de vida parasitario y derrochador en las ganancias obtenidas por medio de este Tratado con los yanquis y en el uso abusivo y antipatriótico del régimen de zonas francas,
De suceder la cacareada suspensión de Nicaragua del DR-CAFTA y aún la improbable “desbandada” de las empresas de zonas francas, tan alegremente anunciadas por los medios de la derecha vendepatria y tan pregonados en forma de amenaza mortal por los voceros gringos, presupondría un obligado cambio de rumbo del desarrollo socioeconómico de nuestra patria, la búsqueda de otros destinos más justos y seguros para nuestras exportaciones, etc., pero jamás implicaría la claudicación de la Revolución Popular Sandinista frente a la oligarquía y el Imperialismo yanqui.
Edelberto Matus.
